Su enérgico repudio y preocupación por la evaluación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través del Servicio Penitenciario Federal, de considerar aptos para la asignación prioritaria del dispositivo electrónico de control y la consecuente prisión domiciliaria a 96 represores condenados por delitos de lesa humanidad.

Señor presidente:

Nuevamente nos encontramos ante un retroceso en la cultura de derechos humanos en nuestro país, esa misma que durante muchos años fue motivo de orgullo.

El Servicio el Servicio Penitenciario Federal envió un listado al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, donde constan 96 detenidos que se encuentran cumpliendo condena por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar, considerando que los mismos son aptos para la asignación prioritaria del dispositivo electrónico de control y la consecuente prisión domiciliaria.

Semejante consideración a nuestro criterio es totalmente repudiable, porque marca una vuelta atrás en los avances que se habían logrado en materia de derechos humanos en el último tiempo. Este hecho, garantiza la impunidad, como también lo hacía el beneficio del 2 por 1, como también lo hizo el beneficio otorgado a Miguel Etchecolatz.

Entre los posibles beneficiados por solo mencionar algunos, se encuentran entre otros: Julio Héctor Simón, quien fuera conocido como el “Turco Julian”, ex integrante de la Policía Federal, condenado en 2006 a 25 años de prisión por ser responsable de detención ilegal y tormentos y ocultación de una menor de ocho meses, y posteriormente a 23 años de prisión por secuestros, las torturas y la desaparición forzada de personas.

Jorge “El Tigre” Acosta ex capitán de fragata jefe del Grupo de Tareas de la Escuela de mecánica de la Armada. Era quien tomaba las decisiones sobre tortura y muerte en la ESMA. En octubre de 2011 fue condenado a cadena perpetua e inhabilitación absoluta por los crímenes cometidos allí. Y en julio de 2012, fue condenado a 30 años de prisión en la causa "Plan sistemático" por ser coautor penalmente responsable de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad durante la dictadura militar.

Se está avanzando en el último tiempo en un revisionismo de los logros conquistados en derechos humanos que parecen tener más que ver con garantizar impunidad a aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad que con profundizar la política de Memoria, Verdad y Justicia iniciada en 1983.

Este gobierno se está caracterizando no sólo por justificar lo sucedido en la última dictadura cívico-militar, sino que además está llevando adelante una idea de perdón que no estamos dispuestos a tolerar, porque quienes hoy están queriendo ser beneficiados con la prisión domiciliaria nos deben contar a todos los argentinos donde están los 30 mil, donde están los bebes que se llevaron.

Nuestro compromiso es con la democracia y la defensa de los derechos humanos para siempre en nuestro país. No nos vamos a cansar de gritar “Nunca Más” ni nos vamos a cansar de repudiar todo acto que signifique un retroceso al camino iniciado por el Juicio a las Juntas. La democracia se fortalece si aprendemos del pasado y garantizamos para las próximas generaciones que la memoria estará activa como motor de construcción social.

Es por esto que solicitamos a nuestros pares, aprueben el presente proyecto.