Su más enérgico repudio por la decisión del gobierno nacional, el cual mediante la Resolución N° 1414 del Ministerio de Defensa, promueve ascensos retroactivos y otorga el pago de una indemnización a ex militares pasados a retiro en el año 2010 por no acreditar una clara vocación democrática y de defensa del Estado de Derecho y los derechos humanos.

Señor presidente:

A principios de este mes, el ministro de Defensa Oscar Aguad decidió anular una resolución que había pasado a retiro a 25 militares durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La medida tomada en noviembre de 2010, durante la gestión de la ex Ministra de Defensa Nilda Garré, generó un revuelo en los círculos castrenses. Varios de los militares iniciaron causas por supuesta discriminación ideológica y denunciaron que se los apartaba por tener vínculos sanguíneos con genocidas. Garré respondió, en aquel momento, que no los había dado de baja por sus vínculos sanguíneos, sino por su accionar en democracia.

En protesta, renunciaron en aquel momento varios militares, entre ellos el ex teniente coronel Alejandro Díaz Bessone, hijo de Ramón Genaro Díaz Bessone.

Cabe destacar que Ramón Genaro Díaz Bessone - excomandante del II Cuerpo de Ejército y ministro de Planeamiento en el gabinete del dictador Jorge Rafael Videla - fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.

Por tal motivo, Garré aclaró oportunamente que no dudaba de la vocación democrática de Alejandro Díaz Bessone y que por eso no había sido removido, dando por tierra a la versión falsa de los apartamientos habían sido fundados por vínculos familiares con genocidas.

En tal sentido, manifestó que en los casos de pase a retiro “La decisión de no ascenderlos no fue por ‘ser hijos de’, sino porque ellos no manifestaron conductas democráticas”. “Eran personas que, a nuestro juicio, no acreditaban una vocación democrática y que defendieran el Estado de Derecho y los derechos humanos”.

Cabe destacar que uno de los militares que ahora Aguad decidió indemnizar es el teniente coronel Roberto Augusto Vega, que en su momento reivindicó en un acto ante soldados la lucha “contra el terrorismo apátrida que pretendía cambiar la bandera por un trapo rojo”.

Sin embargo, Aguad hizo propia la versión de estos ex militares: sostuvo que no habían sido ascendidos por ser familiares de procesados o condenados por delitos de lesa humanidad y que la decisión de no ascenderlos fue “Una muestra del populismo”.

Asimismo, cabe destacar las diferencias notorias que existen entre en las declaraciones que Aguad hizo a distintos medios y las reseñadas en la resolución que firmó. “Es una reivindicación ante una injusticia, como fue dejar fuera a miembros de las Fuerzas Armadas por su apellido. Una muestra del populismo del anterior gobierno, que tomaba decisiones solo para quedar bien con sus votantes”, “Algunos de esos militares, del Ejército y la Armada, serán ascendidos a coroneles y generales, pero no vuelven a la actividad, quedan retirados”, dijo a diversos medios.

Sin embargo, la resolución sólo señala que la norma firmada por Garré fue “un acto administrativo que ostentó todos los elementos necesarios para su validez pero que no explicitó las razones por las cuales el personal por ella alcanzado debía ser calificado como se calificó”.

En tal sentido, Aguad decidió en la resolución pasar a retiro a estos militares, pero les concedió “un nuevo cómputo de servicios al referido personal, reconociéndoseles el tiempo pasado en retiro como en actividad, lo que sigue como consecuencia directa e inmediata del restablecimiento del ordenamiento jurídico que por esta vía se dispone” -lo que constituye lisa y llanamente una indemnización – e instruyó a los jefes de las tres Fuerzas Armadas “a continuar los trámites de ascenso retroactivo de aquel personal comprendido en la presente que hubiera sido clasificado como ‘propuesto para el ascenso’”, sin tener en cuenta que es el Poder Ejecutivo quién propone los ascensos y el Senado quién debe aprobarlos.

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que la resolución 1414 del Ministerio de Defensa que promueve e indemniza a ex militares que habían sido dados de baja por no acreditar una vocación claramente democrática, de defensa del Estado de Derecho y los derechos humanos, consideramos que la decisión política reseñada constituye un nuevo retroceso en la vida democrática de nuestro país y conforma un nuevo acto de disrupción en la vida institucional de las Fuerzas Armadas de la democracia.

Por lo expuesto, entendemos que resulta indispensable manifestar el más profundo repudio a la reseñada decisión del gobierno nacional, por lo que solicito a los/as legisladores/as el acompañamiento de la presente declaración.