Su más enérgico repudio por la inverosímil decisión del gobierno nacional de extraditar Facundo Jones Huala - lonko de la comunidad Mapuche - a la República de Chile, a pesar del expreso pedido de suspensión de la medida efectuada por Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Señor presidente:

Facundo Jones Huala fue detenido en junio del año pasado y desde ese momento permaneció preso hasta que, en el día de ayer, de manera sorpresiva y a pesar de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, fue extraditado a la República de Chile.

El lonko de la comunidad Mapuche, de 31 años, ya había sido detenido el año anterior durante dos meses en Chubut en respuesta a un pedido de extradición de la justicia chilena. En el país trasandino se lo señalaba como uno de los ocho responsables del ataque incendiario en el fundo Pisu Pisue, ocurrido en enero de 2013. Al haberse notificado, en 2016, que se encontraba de este lado de la cordillera la justicia de Chile pidió su extradición. Los demás imputados fueron juzgados en Chile y absueltos en noviembre de 2014 por el Tribunal Penal de Valdivia. Solo fue condenada a 61 días de prisión condicional la machi Millaray Huichalaf.

En septiembre de 2016, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, declaró la nulidad del pedido de extradición, con lo que Huala recuperó su libertad después de permanecer dos meses en la Unidad 14 de Esquel. Esta medida fue recurrida y finalmente llegó a la Corte Suprema de Justicia que habilitó la extradición a pesar de las numerosas irregularidades de todo el proceso judicial, incluída la aplicación de torturas a algunos de los testigos de la causa.

Es importante resaltar que en el transcurso de más de un año de detención, Jones Huala fue sometido a diversos apremios y restricciones por parte del Servicio Penitenciario al ejercicio de sus rituales ancestrales, lo que motivó que el líder realizara una huelga de hambre que dio lugar a la posterior concesión de la prisión domiciliaria.

Luego de que su primer juicio de extradición fuera anulado por torturas a testigos, en junio de 2017 volvió a ser detenido en Villegas. Sin embargo, su abogada recordó que Jones Huala había estado preso en Chile, en enero de 2013, y pasó un año y 2 meses bajo diferentes formas de detención en el vecino país. También recordó que el lonko fue privado de su libertad durante cuatro meses cuando se hizo el primer juicio de extradición, y doce más para el segundo proceso. De hecho, hasta el 13 de julio estuvo detenido en el penal de Esquel. Por eso, la letrada resumió que Jones Huala lleva casi tres años con detención preventiva. “¿Cuál es el plazo razonable para tener detenido a una persona?”, se preguntó.

La extradición resulta aún más inverosímil, ya que como se ha dicho en los párrafos precedentes, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas – órgano de la ONU que controla el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el instrumento más relevante en la materia, derivación en la jurisprudencia internacional de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y que reviste jerarquía constitucional desde la reforma de 1994 – solicitó “al Estado Parte (Argentina) suspender la extradición de Francisco Facundo Jones Huala”.

A tal efecto, el Comité de la ONU había notificado su decisión al gobierno argentino, pidiendo “informaciones y observaciones relacionadas con la cuestión de la admisibilidad y el fondo” del litigio, las cuales serán “transmitidas” a la defensa de Huala, para que dé una última opinión, antes de que los 18 expertos resolvieran la cuestión.

Sin embargo, desoyendo por completo lo requerido por el organismo internacional, el presidente Mauricio Macri procedió a extraditar a Huala, mediante una operación secreta montada por la Policía Federal y coordinada por la Ministra Patricia Bullrich.

Por lo expuesto, entendemos que resulta indispensable manifestar el más profundo repudio a la inadmisible decisión del gobierno nacional de extraditar Facundo Jones Huala - lonko de la comunidad Mapuche - a la República de Chile, por lo que solicito a los/as legisladores/as el acompañamiento de la presente declaración.