Instar al Poder Ejecutivo Nacional a que deje sin efecto de manera urgente la quita de partidas presupuestarias destinadas a la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, prevista en la Decisión Administrativa 1605/2018 fechada el 7 de septiembre de 2018, no sólo porque se trata de un área extremadamente sensible que –en un contexto de crisis económica como el actual- necesita más presupuesto, sino también porque la poda en los fondos destinados a políticas para la niñez es ilegal, toda vez que dichos fondos son “intangibles” de acuerdo a lo dispuesto por el art. 72 de la ley 26.061.

Señor presidente:

Este 10 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 1605/2018, la cual realizó numerosas reasignaciones y modificaciones al Presupuesto Nacional aprobado por este Congreso .

Entre los cambios detallados en los considerandos de la Decisión, se explica que “se amplían los créditos vigentes de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA” a los efectos de afrontar gastos formativos de la fuerza y también el pago del “servicio de policía adicional”.

La ampliación del crédito del Ministerio de Seguridad se financia, según dispuso el Jefe de Gabinete de Ministros, “con una reducción de los presupuestos del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA y de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL”.

Sí, Señor Presidente: le quitan dinero a la educación, a la ciencia y a los niños y niñas, para pagarle a la policía. No hay metáfora. Es el síntoma dramático de un programa de ajuste cuya contracara obligatoria es la represión.

Analizando el detalle del ajuste, resalta la poda de $117 millones en el Programa 47 “Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia”, de los cuales $115 millones corresponden a la partida de Transferencias al Sector Privado, lo cual representa más del 20% asignado a este ítem ($547,5 millones).

Pero también hay mermas en los fondos de los programas Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes ($2.8 millones), Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes ($3.3 millones) y en Actividades Comunes a los Programas 44, 45, 46 y 47 (todos relativos a la temática de la niñez) por $8.8 millones.

Como si ello fuera poco, hay además un recorte en el programa de Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores de $2 millones.

Ahora bien, semejante ajuste sobre los sectores más desprotegidos de la sociedad, especialmente los niños y niñas, es de por sí una injusticia brutal, máxime si se realiza para pagar adicionales a la Policía Federal.

Pero más allá de nuestra condena a semejante alteración de las prioridades de política pública, hay un aspecto que agrava seriamente la cuestión desde la perspectiva institucional: una poda semejante es a todas luces ilegal.

Ciertamente, la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes sancionada en el año 2005 establece de manera categórica, en su artículo 72, que “la previsión presupuestaria en ningún caso podrá ser inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios anteriores. Dispóngase la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia establecidos en el presupuesto nacional”.

La letra de la ley habla por sí sola: no se pueden reducir los montos asignados por ley del Congreso de la Nación para la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia. De más está decir que el espíritu de la norma está dirigido a evitar decisiones como las que aquí ha tomado el Sr. Jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Por todo lo expuesto entendemos que es imperioso que el Poder Ejecutivo Nacional deje sin efecto las modificaciones introducidas por la Decisión Administrativa ya citada y que se abstenga de realizar futuros cambios que alteren a la baja el presupuesto del área responsable de las políticas para la promoción y defensa de niñas, niños y adolescentes.

En virtud de lo antedicho solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Resolución.