Expresar preocupación por el deterioro de la educación pública, producto de las políticas de desfinanciamiento y ahogo presupuestario promovidas por el Gobierno Nacional, que han llevado a una situación crítica a las universidades nacionales, afectando a docentes, no docentes, investigadores y estudiantes de todo el país.

Señor presidente:

El deterioro de la educación pública, producto de las políticas de desfinanciamiento y ahogo presupuestario promovidas por el Gobierno Nacional, han llevado a una situación crítica tanto a las universidades nacionales como a los colegios preuniversitarios, afectando a docentes, investigadores y estudiantes de todo el país.

La crisis presupuestaria y salarial en la que se sumió a las universidades públicas argentinas adquiere una dimensión particular al ser este el año del Centenario de la Reforma Universitaria. Este y todos los documentos oficiales llevan esa leyenda en sus encabezados, y parecen una burla del Poder Ejecutivo Nacional a la juventud argentina del Manifiesto Liminar.

Comienza la cuarta semana de lucha de docentes, no docentes, investigadores/as y estudiantes universitarios/as sin que obtuvieran respuesta a las demandas planteadas. La inversión en las universidades nacionales que creció sostenidamente en la década anterior, de 0.56% en el año 2006 a 0.87% en 2015, y disminuyó a 0.81% en 2016 y 0.77% en 2017, de acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda de Nación; esto pone en evidencia que la inversión se achicó en términos reales durante esta gestión.

Desde noviembre de 2017 a la fecha, los/as docentes universitarios recibieron un 5% de aumento, a cuenta del cierre paritario. El aumento que ofrece el Gobierno es del 15% en tres tramos, siendo la inflación prevista para este año superior al 30%, y sin tener en cuenta que entre enero y julio del año corriente la misma fue del 19%.

En un contexto de ajuste generalizado, el reciente acuerdo con el FMI, que no fue remitido al Congreso Nacional como manda la normativa vigente, implica tanto para las Universidades como para el conjunto del pueblo argentino, la certeza de un agravamiento de la crisis económica y social.

Es tal la gravedad de la situación actual, que son 57 las casas de estudio afectadas en todo el país, muchas de ellas, incluso, no iniciaron el segundo cuatrimestre. En este contexto es importante resaltar que la disminución de los montos para subsidios de investigación y equipamiento, hace dar cuenta que no están aseguradas las condiciones por parte del Estado nacional para garantizar el normal desarrollo de las actividades que llevan adelante las universidades. No se cumple la Ley de Educación Superior, que en su Artículo 3°expresa: “La Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actividades y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexiva, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático.”

La educación pública no debe ser entendida como un gasto, y mucho menos como un privilegio, la educación pública es un derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional, que en su Artículo 14 sostiene “todos los habitantes de la Nación gozan de los derechos a enseñar y aprender”. La educación pública es inclusión y desarrollo, es invertir en un futuro. Es por ello, que lo que está en juego va más allá del salario docente, se trata del riesgo de desmantelamiento del conjunto de la educación pública y de la ciencia argentina impulsado por esta gestión.

En junio de este año en la ciudad de Córdoba se realizó la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe 2018 (CRES 2018), en la declaración final se reafirma que “la Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado”. Dada la situación actual de la región, “la producción de un documento que no sólo reafirmó los principios de la CRES 2008, sino que advierte sobre la amenaza que representa para las naciones periféricas el actual despliegue de un proceso global de privatización y mercantilización de la educación y el conocimiento, constituye una herramienta importante para profundizar el debate sobre las políticas públicas necesarias para que estos derechos sean efectivamente garantizados”.

La defensa de la universidad pública, no es otra cosa que la defensa del derecho del pueblo a la educación, al conocimiento y al desarrollo soberano de una sociedad democrática. Por estas razones solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.