Su más enérgico repudio y rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 669/2019 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional por el cual se disminuyen las indemnizaciones por accidente de trabajo a favor de las ganancias de las ASEGURADORAS DE RIESGO DEL TRABAJO (ART). El mismo es inconstitucional porque pretende modificar una ley por decreto, dispone su aplicación en forma retroactiva y afecta el derecho de los trabajadores y las trabajadoras consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos y en los arts. 14 y 14 bis de la Constitución Nacional.

Señor presidente:

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 669/2019, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), además de ser inconstitucional en cuanto a la falta de atribuciones del PEN a dictar normas de carácter legislativo, lo es porque atenta en forma directa contra los derechos de los trabajadoras y las trabajadoras, consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos y en los arts. 14 y 14 bis de la Constitución Nacional.

El mencionado decreto modifica el modo de calcular la parte de la indemnización que el trabajador o trabajadora accidentada -o su familia, en caso de fallecimiento- recibe en concepto de actualización por el tiempo que pasó desde que ocurrió el accidente hasta que el pago de la sentencia se hace efectivo, pretendiendo hacer una aplicación retroactiva. En medio de una situación tan grave y triste como el accidente producido en el aeropuerto de Ezeiza, sucedido a menos de 5 días del dictado del decreto, del que falleciera un trabajador y resultaran heridos 13, el gobierno de Macri decide bajar las indemnizaciones por accidente de trabajo y aplicarlo retroactivamente al caso.

La salud de los trabajadores y las trabajadoras, es un derecho humano básico, reconocido en la normativa internacional con jerarquía constitucional, y por ende, configura un bien público, que debe ser preservado, promovido y/o protegido por las autoridades nacionales. Nuestro país, ha ratificado numerosos convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconocen éstos derechos, y que tienen jerarquía superior a las leyes, según el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. Siendo un ejemplo de ello, la ley 26.693: que aprueba el Convenio 155 de la OIT relativo a la seguridad y salud de los trabajadores, adoptado el 22 de junio de 1981; el Protocolo de 2002 relativo al convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, adoptado el 20 de junio de 2002 (Boletín Oficial, 26 de agosto de 2011), como así también la Ley 26.694: que aprueba el Convenio 187 de la OIT relativo al marco promocional para la seguridad y la salud en el trabajo, adoptado el 15 de junio de 2006 (Boletín Oficial, 26 de agosto de 2011).

El DNI Nº 669/2019 afecta el derecho a la salud de los trabajadores y las trabajadoras, como asimismo atenta contra su economía y la de sus familias; por lo que debe ser claramente rechazado y repudiado.

Pero además el Poder Ejecutivo Nacional ha pretendido nuevamente legislar por decreto, sin ningún tipo de necesidad y urgencia, pretendiendo asumir atribuciones de carácter legislativo que no tiene y que son propias del Congreso de la Nación, por lo que el mismo resulta además claramente inconstitucional en este sentido.

Por todos estos motivos solicito a mis pares Diputados y Diputadas la aprobación del presente proyecto de declaración.