En el marco de la Semana Nacional del Desarme, solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que estime corresponda, informe respecto de los siguientes puntos relacionados con el decomiso de armas anunciado por Ministerio de Seguridad de la Nación el pasado 26 de Junio de 2019 como “el más grande de la historia”:

1. Informe si los establecimientos donde se almacenaba el armamento decomisado contaban con autorización para funcionar. En caso afirmativo, precise qué organismo otorgó dicha autorización. En caso de que la autorización se encuentre vencida informe durante qué periodos contaron con autorización;

2. En relación con la empresa TALA informe si la misma contaba con autorización para funcionar, precisando que organismo otorgó dicha autorización. Asimismo indique a quién pertenece la titularidad del predio donde dicha empresa funcionaba;

3. Informe si alguno de los establecimientos donde se encontró armamento ilegal había sido denunciado anteriormente por almacenamiento ilegal de armas. Detalle en cada caso qué tipo de investigaciones se realizaron y qué resultados obtuvieron;

4. Informe si las personas detenidas en el marco del operativo contaban con autorización como legítimo usuarios/as de armas. Precise los alcances de cada autorización y si la misma se encontraba vigente o vencida;

5. Informe si alguna de las personas detenidas tiene o tuvo en algún momento vínculo laboral con el Estado Nacional. En caso afirmativo informe de qué área depende y modalidad de contratación. En caso de que haya cesado la contratación informe los motivos;

6. Precise qué políticas públicas se encuentran vigentes a fin de reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada y que acciones positivas implementa para disminuir de la violencia con armas de fuego.

Señor presidente:

El pasado 26 de Junio de 2019 el Ministerio de Seguridad de la Nación celebró que había realizado “El decomiso de armas más grande de la historia de nuestro país”. En la página oficial del Gobierno Nacional informaron que “La Gendarmería Nacional, siguiendo los lineamientos de este Ministerio de Seguridad, llevó a cabo una exhaustiva pesquisa que permitió detectar el accionar de una banda internacional dedicada al tráfico de armas.” Asimismo informaron que “El personal de la GNA efectuó 50 allanamientos en diversos domicilios, armerías y oficinas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Córdoba, Río Negro y Santa Fe. Los operativos se desarrollaron en conjunto con funcionarios pertenecientes a la Dirección Nacional de Investigaciones de Rodrigo Bonini, del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica (DHS en inglés), de la AFIP-DGA, de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y de la ANMAC. Tras el procedimiento fueron apresadas 17 personas; además, los efectivos secuestraron granadas, armas largas y cortas como, por ejemplo, fusiles FAL, fusiles Colt M4, ametralladoras Browning y un caños marca Oerlicon, más de 30.000 municiones de diferentes calibres, 166.000 dólares, 800.000 pesos, pólvora, granadas, minas anti-tanques, balanzas, visores nocturnos, documentación de empadronamiento de armas, partes de armamento y katanas, entre otros elementos de interés para la causa. En total, se contabilizaron 935 armas.” (ver. https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-decomiso-de-armas-mas-grande-de-la-historia-de-nuestro-pais)

Sin embargo, días después, se empieza a ver que lo que se anunció como un triunfo, podría tratarse de un nueva muestra de la ineficacia estatal en la materia, e, incluso de la connivencia con quienes manejan el mercado ilegal de las armas. En este sentido, desde la Red Argentina para el Desarme se emitió un comunicado denunciando las irregularidades existentes en este operativo.

La Red Argentina para el Desarme, se conformó en el año 2004, articulando el trabajo de organizaciones de la sociedad civil con años de experiencia en temas relativos a la problemática de las armas de fuego y la prevención de la violencia armada. Entre otras organizaciones, forman parte de la Red INECIP, ILSED, APP.

Desde este espacio se denunció que parte del armamento decomisado “se almacenaba en establecimientos que habían sido autorizados por la ANMAC o por el viejo RENAR, pero cuya habilitación estaba vencida. Ese es el caso de TALA, empresa que funcionaba en un predio perteneciente a las FFAA y ya tenía antecedentes del año 2004 por almacenar irregularmente bombas de 500 y 1.000 kilos, cohetes antiaéreos de 57 milímetros, detonadores y explosivos. El resto estaba en armerías y casas particulares. De hecho, 16 de 17 detenidos eran “legítimos usuarios”, varios de ellos, coleccionistas.

Esto significa que las personas implicadas son, en su mayoría, aficionados, coleccionistas y comerciantes de armas, es decir, sujetos de control por parte del Estado. El Estado podía haber conocido la existencia y la ubicación precisa del arsenal ilegal, pero durante todos estos años no hizo nada para fiscalizarlo y secuestrarlo. Asimismo, las maniobras descriptas por las propias autoridades sugieren que había locales establecidos y autorizados por el Estado que tenían un doble funcionamiento, legal e ilegal, y que en esa ilegalidad abastecían a grupos criminales de nuestro país y de la región, por lo que podría tratarse de un caso de posible contrabando.

Pero la gravedad del hecho es aún mayor, ya que el Estado nacional fue responsable de la libre circulación de este arsenal ilegal no sólo por omisión, sino también por acción directa de sus funcionarios. En ese sentido, la banda no solamente operó en nuestro territorio durante años sin que el RENAR pudiera detectarlo, sino que uno de los presuntos contrabandistas era funcionario del Ministerio de Defensa dirigido por Oscar Aguad”.

En el marco de la Semana del Desarme es fundamental exigir al Estado Nacional que adopte una política seria en esta materia, en lugar de realizar acciones con fines mediáticos. Por tanto solicitamos que se aclare los alcances del operativo realizado, de modo de contar con información cierta y precisa sobre las acciones que realiza el Estado Nacional en pos de reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada.

En nuestro país existen 1.618.877 armas registradas ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados, de las cuales el 84% pertenecen a civiles y que se estima que hay otra cantidad similar de armas ilegales y/o no registradas. La ANMAC sólo tiene registradas 1.016.843 personas para tener armas, lo que indica que la mitad de estas personas tiene más de un arma. De acuerdo a la información provista por el organismo 820 mil tienen los permisos vencidos.

Sin embargo, no contamos con estadísticas sobre la cantidad de armas ilegales que circulan, pero la propia Agencia estima que en el mercado ilegal circulan otro millón y medio de armas. Lo que implicaría una tasa de posesión civil de 8,8 armas cada 100 habitantes

Cada día mueren 8 personas en Argentina víctimas de delitos vinculados con el uso de armas de fuego. Asimismo, las armas de fuego son utilizadas en de cada 4 femicidios, y son el medio más utilizado por los agresores de género. El 28% de las mujeres que llamaron en 2017 a la línea 144 por violencia machista dijeron que había un arma de fuego en sus casas. A estos datos debemos sumar que durante el año 2017, 23 femicidios fueron cometidos con armas reglamentarias que el Estado provee a los/as agentes de las fuerzas policiales y de seguridad.

Por lo anteriormente expuesto, es que solicitamos el acompañamiento del presente proyecto.