Su rechazo ante la orden de cierre y desmantelamiento de la emisora FM Ocupas 88.3 de la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires.

Asimismo, declara su preocupación ante la proliferación de medidas que atentan contra el sector comunitario de la comunicación audiovisual, lo cual implica un severo retroceso en términos del derecho a la comunicación y la libertad de expresión.

Señor presidente:

Este 21 de marzo quienes conforman la emisora FM Ocupas de la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, han denunciado que recibieron una orden de cierre y desmantelamiento por parte del Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENACOM).

Esta radio cuenta con el reconocimiento de la AFSCA, autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –desguazada pero vigente- antes de que fuese disuelta y absorbidas sus funciones por ENACOM. Además, cuenta con un gran prestigio y apoyo por parte de la comunidad en la cual funciona, lo cual es –ni más ni menos- la esencia de la comunicación comunitaria.

Según las autoridades de la emisora dieron a conocer, es la segunda vez en doce meses que reciben la orden de suspender las emisiones. Ellos acataron la resolución, pero apelaron su contenido, toda vez que la encuentran arbitraria e injustificada. Sin embargo, el ENACOM jamás respondió sus planteos y, directamente, emitió una orden de desmantelamiento.

“Quisimos respetar los tiempos antes de dar a conocer nuestra situación, pero viendo que la respuesta del ENACOM no llegará, decidimos dar a conocer nuestra situación y denunciar que este es un nuevo ataque a la libre expresión. Nuestra tarea como radio comunitaria es informar lo que pasa en nuestro barrio, en la zona de influencia, en nuestro país y el mundo”, afirmaron quienes integran FM Ocupas 88.3 en un comunicado.

Como representantes del pueblo argentino en general y bonaerense en particular venimos a manifestar nuestro rechazo ante esta medida arbitraria, solicitando a las autoridades que revean la medida.

Pero además vemos la necesidad de expresar nuestra preocupación ante lo que, a todas luces, se trata de un avance contra los derechos adquiridos del sector comunitario de la comunicación audiovisual. Cierres, decomisos y denuncias se suman a la bochornosa manipulación de una herramienta sumamente valiosa como son los fondos concursables para la comunicación comunitaria (FOMECA), que el actual gobierno ha dejado de pagar, o paga en cuentagotas, no llama nuevos concursos, etc.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual era una deuda de nuestra democracia que el pueblo argentino saldó con honores, aprobando una norma que sufrió un proceso popular de elaboración y discusión que no registra antecedentes.

El actual gobierno destinó uno de sus primeros decretos de necesidad y urgencia a desmantelarla y abrir camino a la concentración de la propiedad de los medios, hecho que –según los estándares de los tratados internacionales con rango constitucional- constituye un grosero atentado contra la libertad de expresión y el derecho a la comunicación.

Por todos estos motivos solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.