La preocupación de este Honorable Cuerpo, por las agresiones de diversa consideración sufridas por ciudadanos y ciudadanas, entre los que se encuentran sesenta trabajadores y trabajadoras de prensa, en los sucesos ocurridos en los días 14 y 18 de diciembre de 2017 mientras se debatía la Ley de Reforma Previsional y solicita al Poder Ejecutivo Nacional que arbitre las medidas necesarias para garantizar el ejercicio profesional, esencial para llevar adelante el derecho constitucional de Libertad de Expresión.

Señor presidente:

La libertad de expresión es un derecho inherente a los tiempos democráticos, recogida por nuestra Constitución en su artículo 14 y ampliada por los Tratados Internacionales de derechos Humanos con la misma jerarquía constitucional. Siempre ha estado ligada al compromiso irrestricto de los poderes del Estado para garantizarla.

El ejercicio de la labor periodística, en todas sus variantes, no puede estar condenada por la brutalidad, el atropello o la agresión de quienes no admiten la exposición de la realidad. La limitación al ejercicio de la libertad de expresión, consecuentemente, afecta el derecho a la información por parte de la ciudadanía, por lo que en este caso significa también una restricción al ejercicio democrático.

Una mochila cargada de frustraciones, violencia y muertes atraviesa el pasado colectivo de nuestra nación que vivió épocas donde no existían ni la libertad de opinión ni la de expresión. Silenciar, amedrentar e incluso desaparecer la pluralidad de voces fue el recurso reiterado que el Poder utilizó para sojuzgar y acallar a los distintos sectores y actores del conglomerado social.

El tratamiento del proyecto de reforma previsional, desarrollado en los días 14 y 18 de diciembre del pasado año, fue el escenario de una inusitada, intempestiva y extendida jornada de violencia a las puertas del Parlamento nacional. Las fuerzas de seguridad, desplegadas a lo largo de todo el perímetro del Congreso de la Nación, reprimieron a manifestantes, diputados y periodistas. Entre las víctimas de la violencia estatal o de inadaptados se encuentran movileros de radio y televisión, camarógrafos, fotógrafos y periodistas.

Las garantías esenciales para el ejercicio de la profesión de los trabajadores y trabajadoras de prensa fueron absolutamente vulneradas ya que no recibieron ni protección ni resguardo.

A la luz de estos gravísimos hechos, ocurridos el 14 y el 18 de diciembre del 2017, que afectan el libre ejercicio de la profesión periodística y por ende, el ejercicio del derecho a la Libertad de expresión, es que se solicita al PEN que arbitre las medidas necesarias para que en el futuro, dicho ejercicio profesional pueda realizarse con todas las garantías constitucionales.