Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional a través a del Ministerio de Ambiente de la Nación, conforme los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, que informe a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación:

1) ¿Qué medidas propone el Poder Ejecutivo para impulsar la ratificación del Acuerdo Escazú, el cual Argentina firmó el 27 de septiembre de 2018 y el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso de la Nación el 27 de agosto de 2019?

2) ¿Prepara el Poder Ejecutivo medidas, planes o proyectos nacionales para cumplir con lo acordado? ¿Cuáles?

3) ¿Cuáles serán las medidas en materia de formación y capacitación en derechos de acceso a la información en asuntos ambientales a autoridades y funcionarios públicos que tienen previstas?

4) ¿Cuáles son las previsiones presupuestarias estimadas para la ejecución del mencionado acuerdo?

Señor presidente:

El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, es el único acuerdo jurídicamente vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Luego de tres años de preparación y otros tres de negociaciones, el 4 de marzo de 2018 se adoptó el Acuerdo en la Ciudad de Escazú, Costa Rica.

El 27 de septiembre de 2018, siete meses luego la adopción del Tratado, se abrió a la firma en el marco de la 73° Asamblea General de las Naciones Unidas, siendo Argentina uno de los países que lo suscribieron inmediatamente. A la fecha, el Acuerdo cuenta con la suscripción de 17 países de América Latina y el Caribe. Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.

Como todo acuerdo internacional, su entrada en vigencia se producirá según las reglas establecidas en el Acuerdo. En este sentido, vale destacar, que solamente cuando se haya alcanzado la ratificación de al menos 11 países de la región de América Latina y el Caribe, el Acuerdo comenzará a estar vigente. Por el momento, los países ratificantes son Bolivia, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Uruguay.

El 27 de agosto de 2019 el Poder Ejecutivo envió al Senado de la Nación el proyecto para la ratificación del Acuerdo (expediente 206/19/PE) y las manifestaciones de interés a favor de su ratificación también resultan de los múltiples proyectos presentados solicitando su ratificación por diputados y senadores de Juntos por el Cambio ante nuestro Congreso Nacional.

Ratificar este acuerdo es dar un paso a favor del Desarrollo Sostenible. Esto es, impulsar el desarrollo productivo considerando la sostenibilidad de los sistemas naturales y los efectos en el ambiente que son sobre los que se desarrolla tanto la sociedad como la economía. Ignorar su importancia implica desatender el futuro de nuestro país, así como de la región.

Asimismo, la pronta ratificación de este Acuerdo colaborará en la visibilización de todos aquellos casos de violencia y violación de derechos humanos que se sufren por la falta de acceso a estadísticas y datos públicos que den cuenta de dicha realidad.

En ese sentido, uno de los objetivos centrales de este acuerdo es lograr un mayor acceso a la información, tanto en lo relativo a los derechos humanos, como permitiendo que se transparenten los costos, las emisiones, los mecanismos de mitigación y los impactos que las distintas actividades tienen sobre el ambiente, brindándole herramientas indispensables a la población para conocer y exigir sus derechos.

De allí la importancia de la firma y posterior ratificación por parte de la Argentina y demás países de la región a este acuerdo que tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación, así como garantizar los derechos de todas las personas a un ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.

De igual modo, el acuerdo establece estándares regionales, promueve la creación de capacidades y permite el fortalecimiento de la cooperación regional, a la vez que sienta las bases de una estructura institucional de apoyo y ofrece herramientas para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones en asuntos ambientales.

Argentina, con la ratificación del Acuerdo Escazú, sería modelo para que se inicien procesos similares en otras regiones y países. Según el propio Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, “este tratado tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible”. Asimismo, este acuerdo ha sido considerado en palabras de Alicia Bárcena, Secretaría Ejecutiva de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), como un verdadero tratado de derechos humanos.

En un momento de la historia caracterizado por fragmentación y crisis del multilateralismo debemos reconocer la voluntad de nuestra región por arribar a acuerdos, fomentar la cooperación y aunar esfuerzos en defensa de las ciudadanías, del medio ambiente y los derechos humanos.

Por todo lo expuesto Señor Presidente, solicitamos que se acompañe este proyecto de resolución.