Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Educación y en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, intensifique y amplíe en todos los niveles los contenidos vinculados a los procesos de globalización e integración social, política y económica; a la relevancia de la participación democrática en las instituciones regionales, internacionales y mundiales, al desarrollo integral de los individuos como ciudadanos locales, nacionales y globales; tal como ha sido contemplado y recomendado en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) del área de Sociales del tercer ciclo de la escolaridad obligatoria.

Señor presidente:

La presente iniciativa tiene como antecedente el expediente 8732-D-2016, de autoría de la Diputada (MC) Margarita Stolbizer. En los últimos años, el eje de la reflexión en torno a la cuestión educativa ha cambiado en nuestro país. A fines del año 2016 esta Honorable Cámara dio media sanción al proyecto de ley que declara la obligatoriedad de la sala de tres años en la educación inicial (Expte. en Diputados 13-PE-16; Expte. en trámite en Senado C.D.-79/16), proponiendo llevar la escolaridad obligatoria en la Argentina de catorce a quince años. La discusión, entonces, va más allá de cómo alcanzar una escuela que incluya a la totalidad de los jóvenes en edad escolar, para abrir paso a nuevos desafíos. Cuestiones en torno a la calidad, la erradicación de las desigualdades regionales e intrarregionales y los fines y objetivos de la política educativa han pasado así a primer plano de la discusión, siempre en vinculación con la consolidación de una cultura democrática que sustente el sistema político renacido hace treinta y cinco años en nuestro país.

En el tiempo presente, el escenario político signado por años de corrupción y prácticas que contribuyeron a la degradación institucional y a la desvalorización del sentido de lo público, exige a la escuela que refuerce en los contenidos propuestos aquéllos vinculados a la defensa de la cultura democrática y la calidad institucional, el fomento de una ciudadanía responsable e informada, y la vinculación de ésta con los procesos de globalización e integración social, política y económica que caracterizan el desarrollo de las sociedades contemporáneas. En este sentido, la Ley N° 26.206 de Educación Nacional, establece que “la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación” (art. 3°).

Declarado este objetivo prioritario, el presente proyecto de resolución se atiene al marco dado por la Ley de Educación Nacional al sistema educativo en tanto conjunto organizado de servicios y acciones educativas cuya responsabilidad planificadora, organizativa y de supervisión y de financiamiento recae de forma concertada y concurrente en el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunidas en el Consejo Federal de Educación (art. 12°). Es por ello que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Educación y en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, aparece como el órgano intermediario necesario entre la voluntad política de esta H. Cámara respecto a los contenidos educativos comunes y un sistema educativo que se consustancia con los criterios de federalismo emanados de nuestra Constitución Nacional.

Siguiendo tales principios, existe un marco importante de autonomía a las jurisdicciones para llevar a cabo sus propios diseños curriculares, para que resulten adecuados a sus realidades y necesidades locales y regionales. Empero, hay también un elemento orientado a dar unidad al sistema educativo: los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP). Estos contenidos comunes, secuenciados anualmente para todos los años y niveles, buscan garantizar una base común y equivalente de aprendizajes para todos los niños y jóvenes a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Es por ello que esta iniciativa propone hacer uso de esta herramienta prevista en nuestro sistema educativo.

Actualmente, el sistema educativo argentino contempla la existencia de un área curricular obligatoria de los niveles primario y secundario denominada “Ciencias Sociales”. En los diversos años se proponen ejes temáticos vinculados a la reflexión ética, la construcción de las identidades, la interrelación entre los conceptos de ciudadanía, derechos y participación, los derechos humanos y de los niños y jóvenes y la vinculación entre la ciudanía y la política. Como puede apreciarse en el documento “Núcleo de Aprendizajes Prioritarios (NAP) en Ciencias Sociales Para el 7° año de la Educación Primaria y 1° y 2° año de la Educación Secundaria / 1°, 2° y 3° año de la Educación Secundaria”, aprobado por resolución del Consejo Federal de Educación N° 182/12, ya se encuentran en ciernes algunos de los contenidos que este proyecto de resolución propone intensificar. Específicamente, los NAP para el 8° año/1° de secundaria incluyen contenidos formativos en relación con las sociedades y los espacios geográficos, contemplando cuestiones tales como la inserción de los países americanos en el sistema económico mundial y su modo de relación atendiendo al fenómeno de la globalización en la circulación de bienes, servicios e información dentro del contexto cada vez más acentuado de integración regional. Asimismo, los NAP para el 9° año/2° de secundaria, bajo la misma rúbrica incluyen contenidos formativos en torno a las formas en las que las instituciones de la República Argentina en sus distintos niveles se insertan en las redes globales de circulación de bienes, servicios, capitales, personas e información con especial atención al papel del MERCOSUR en dicho desarrollo.

Tal como puede apreciarse, esos contenidos educativos ya refrendados por el Consejo Federal de Educación sugieren que como consecuencia de un proceso cada vez más acentuado de globalización e integración de las distintas esferas de la actividad humana a nivel mundial, la educación de los ciudadanos a futuro no sólo debe contemplar lo relativo a las instituciones locales. Resulta pues imperativo que de forma complementaria a la educación democrática local se refuerce la educación democrática global como una segunda faceta necesaria de la identidad cultural y las prácticas políticas de todo ciudadano a los efectos de poder estar a la altura de los desafíos del siglo XXI. Más aún, cabe advertir que los años de escolaridad de los NAP antes mencionados son aquéllos en los que, de acuerdo las estadísticas oficiales, comienza a acentuarse una lamentable tendencia hacia la deserción escolar. Contra ello, cabe afirmar que la intensificación de la educación en ciudadanía global en esos años escolares podría servir de herramienta, no sólo para formar ciudadanos con una verdadera visión cosmopolita, sino también para, con ello, revertir la tendencia hacia la deserción escolar y ayudar a la culminación de los estudios secundarios de los estudiantes.

La formación en la ciudadanía global no sólo no es contradictoria a la formación en la ciudadanía nacional, sino que es necesariamente un complemento de ella. Si bien los ideales igualitarios de la Ilustración requerían la formación de ciudadanos responsables y capaces de asegurar que los Estados Nacionales, en ese entonces en sus comienzos, mantuvieran una forma republicana de gobierno que asegurara el ejercicio y goce de las más elementales libertades básicas, hoy ese mismo valor político de la igualdad supone otros desafíos. Asimismo, en los albores de la formación de la República Argentina se suscitó un proceso similar por medio del cual se debieron integrar y complementar las distintas identidades provinciales en la identidad de la Nación, como hoy en día las identidades provinciales y nacionales deben integrarse de manera complementaria con la identidad ciudadana global que demandan los tiempos presentes. En la medida en que los avances sociales, políticos y tecnológicos lo han hecho posible, los distintos desafíos mundiales que antes no podían ser resueltos sino por los diferentes Estados de manera aislada y de acuerdo a sus capacidades, hoy pueden ser abordados de forma mancomunada por actores de distintos países, regiones y continentes. Asimismo, dado que muchos de los más acuciantes desafíos que enfrentará nuestra sociedad se relacionan a cuestiones tales como el medio ambiente, la migración, el uso de los recursos naturales y el desarrollo de instituciones supranacionales, todas ellas de alcance y consecuencias globales, resulta necesario que el Estado Nacional intensifique sus esfuerzos en la formación de ciudadanos capaces de interactuar, debatir y resolver esos problemas en conjunto con ciudadanos de otras naciones y en instituciones adecuadas para esos fines. En la práctica, esto implica que esos futuros ciudadanos tengan las habilidades necesarias para manejarse y contribuir al desarrollo de instituciones supranacionales como las actualmente vigentes hoy cuyos ejemplos pueden ser la ONU, el MERCOSUR, el Parlamento Latinoamericano, la UNASUR, etc., como también en las instituciones supranacionales a desarrollarse en el futuro y que, en definitiva, puedan asumir funciones de gobernanza global; en particular, adhiriendo y respetando los dos principios rectores de nuestra Constitución Nacional: el federalismo y la democracia.

Este requisito de formación en ciudadanía global como complementaria a la formación en ciudadanía local y nacional es consonante con diversos pactos internacionales que la República Argentina ha suscrito y gozan de rango constitucional. Específicamente, y sólo por ejemplo, pueden citarse los artículos 1° y 2° de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el artículo 1° de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, los artículos 2° y 3° de la Convención Americana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, todos los cuales consagran como violatoria del valor político básico de la igualdad toda forma de discriminación por origen nacional. La única manera de ser verdaderamente fieles a la letra y el espíritu de esos pactos internacionales consiste, precisamente, en incorporar de manera sustantiva a la formación ética y ciudadana estas herramientas, con el objeto de lograr un adecuado desenvolvimiento democrático también en la arena global.

Por lo expuesto, y debido a que la educación constituye uno de los pilares estratégicos para el desarrollo del país y la herramienta ineludible para lograr el cambio cultural y ciudadano tendiente a robustecer la defensa de las instituciones democráticas y los derechos humanos que nuestra sociedad y más aún el mundo entero necesitan, es que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de resolución.