Solicitar a la Auditoría General de la Nación, la celebración de un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba – Facultad de Ciencias Médicas y el Hospital de Clínicas “Prof. Dr. Pedro Vella”, en virtud de lo dispuesto por el artículo 85 de la Constitución Nacional y el artículo 117 y concordantes de la Ley N° 24156, para la realización de una auditoría de gestión sobre la Facultad de Ciencias Médicas y el Hospital Nacional de Clínicas “Prof. Dr. Pedro Vella”, por los períodos 2017 y 2018.

Señor presidente:

El presente proyecto de resolución tiene sustento en la necesidad de impulsar una investigación respecto del manejo de nombramientos, tanto respecto del claustro docente como de los médicos del Hospital Nacional de Clínicas.

Ello, en virtud de las serias denuncias que nos han hecho llegar a nuestro despacho, profesionales que se desempeñan en dicho ámbito y que según manifiestan, han sido víctimas de persecución política por enfrentarse y denunciar las irregularidades respecto de la falta de concurso para ocupar los cargos de profesores auxiliares (solo un 30% accede por concurso) y la existencia de nombramientos en 2, 3 y hasta 4 cargos de manera simultánea con DEDICACION EXCLUSIVA, desarrollando tareas en la Institución, el Municipio, la provincia y en la actividad privada.

Dable es de destacar que ya en el año 2016, la Dip. Nacional Leonor Martinez Villada, presentó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción, en la que ponía de resalto una compleja trama de corrupción, que en principio daba lugar a sospechar que se estaba produciendo una malversación de fondos públicos afectados al funcionamiento del Hospital Nacional de Clínicas de la Ciudad de Córdoba.

En la misma, se explicaba que la estructura edilicia del nosocomio de mención, estaba por demás deteriorada y que ello se debería a los supuestos hechos de corrupción que se denunciaban, entendiendo que había un desvío fraudulento de aquellas partidas que el Estado Nacional le asigna al Hospital y a la Universidad de manera regular a través de la ley de Presupuesto y convenios adicionales. Solo y a modo de ejemplo podemos citar textualmente el hecho denunciado por el cual: “…en el caso del Sr. Director del Hospital Nacional de Clínicas, Dr. Hugo Fernández Spector, la portación de un cargo no docente de máxima jerarquía, como es la de Director del Hospital, es manifiestamente incompatible desde el punto de vista del cumplimiento efectivo, con el ejercicio de dos cargos docentes y la calidad de prestador profesional de sus servicios al Hospital cuyos destinos él mismo dirige. Esto es, la maniobra fraudulenta para apropiarse de manera indebida de dineros públicos es la de valerse de la ostentación formal de determinados cargos y contratos, los cuales, en lo fáctico, ante la evidente imposibilidad horaria e incompatibilidad normativa, no se condicen con la realidad”.

Hay al menos 10 personas en igual situación, que además cuentan otros “beneficios” ya que se les han otorgado cargos de alta jerarquía a familiares y que pasan automáticamente a formar parte de la planta permanente y a dirigir los destinos de la Institución.

En base a estos antecedentes, es que nos atrevemos a solicitar la auditoría que aquí proponemos, teniendo en consideración que en el marco regulatorio del artículo 85 de nuestra Carta Magna, “el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo.

El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación…

…Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, y las demás funciones que la ley le otorgue, y que por el juego armónico de la normativa vigente es de aplicación el artículo 117 de la ley 24156 que dispone: “Es materia de su competencia el control externo posterior de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal, así como el dictamen sobre los estados contables financieros de la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes reguladores de servicios públicos, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y los entes privados adjudicatarios de procesos de privatización, en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos contratos. (Expresión "y de gestión" vetada por art. 2º del Decreto N° 1957/92 B.O. 29/10/1992)…”

Es por las razones expuestas, que solicitamos la aprobación del presente proyecto de Resolución.