Expresar su gran preocupación ante el veto por parte del Presidente de la Nación Mauricio Macri, de la Ley 27335 que declara de interés nacional la protección integral de las personas portadoras de trombofilia, reduciendo el riesgo de vida para las mujeres en dicha condición, así como el daño psicofísico causado por la pérdida del embarazo. Entendemos que tal medida adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante decreto 1281/2016, se encuentra fundada en la atención a principios economicistas y corporativos, más que en la importancia de garantizar a todas las mujeres la igualdad de acceso a los estudios y tratamientos necesarios para la detección temprana de la trombofilia.

Señor presidente:

En noviembre de 2015, se votó por unanimidad y de forma afirmativa el orden del dia Nº 2688 de esta Honorable Cámara de Diputados, dando de esta manera media sanción al proyecto de ley que declara de interés nacional la protección integral psicofísica de las personas portadoras de trombofilia en todas sus formas. Dicho proyecto se convirtió en ley en noviembre de 2016, cuando la cámara revisora aprobó el dictamen emitido de forma conjunta por las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda, en el orden del día 1062 del Honorable Senado, firmado por todos los bloques que integran ese cuerpo legislativo, incluido el interbloque oficialista.

El objetivo de la ley que lleva el número 27335, consiste en procurar la detección temprana, control y tratamiento de la trombofilia en todas sus formas, así como resguardar el derecho de la pareja a formar una familia, y prevenir el daño psicofísico causado por la pérdida de un embarazo, incorporando para ello los estudios de diagnóstico y tratamiento de la trombofilia y su respectiva medicación al Programa Médico Obligatorio (PMO). De esta manera se garantiza la ampliación del Derecho a la Salud, uno de los derechos más protegido por nuestra normativa local, y por la mayoría de los convenios y tratados internacionales con jerarquía constitucional en materia de derechos humanos.

La norma crea también el Programa de Estudio e Investigación, Docencia, Formación, Diagnóstico y Tratamiento de la Trombofilia en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. Dicho programa se proponía desarrollar estrategias de difusión y concientización para informar a la población sobre el trastorno de la coagulación, trombofilia y sus complicaciones así como facilitar el diagnóstico y tratamiento de la trombofilia en mujeres para disminuir el riesgo materno-neonatal.

Por esta razón Señor Presidente, resulta preocupante el decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1281/2016, que veta la ley 27335.

Resulta preocupante decimos, ya que los argumentos esgrimidos para fundamentar el veto aluden a situaciones falsas y cargadas de una arbitrariedad tal en sus aseveraciones, que no hacen más que llevar al Poder Ejecutivo Nacional al más profundo descrédito. Situación que convierte a su vez a esta acción, en un hecho basado concretamente en la especulación económica, la procuración de negocios vinculados al ámbito de la salud, y la negativa de incorporar en los términos presupuestarios, ninguna acción institucional tendiente a la protección y promoción del derecho a la salud.

Prueba de ello es por ejemplo que en lo que va de 2016, el Presidente Macri permitió un 43% de aumento a las prepagas (que podría convertirse en un 52% en breve), que abandonó la regulación de precios de los medicamentos, generando aumentos de más del 200% en algunos fármacos esenciales y que propone la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias para seguir recortando derechos. Un capítulo más de vulneración de derechos, beneficiando intereses económicos de las grandes corporaciones en la salud.

Señor presidente. Es indispensable mencionar también, que el argumento que se esgrime en el decreto 1281/2016, el cual textualmente indica que “existe consenso científico y técnico de los aspectos negativos del proyecto de ley sancionado, de asociaciones científicas nacionales como la Sociedad Argentina de Hematología (SAH) y el Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trombosis (CAHT), coincidente con el MINISTERIO DE SALUD.”, es un argumento que evidentemente se expresa en favor de organizaciones que intentan preservar el control corporativo y discrecional del campo de la medicina, más que generar acciones que garanticen el amplio conocimiento y difusión de la información correcta y necesaria en esta materia.

De lo contrario Señor presidente, no se explica cómo es posible que un decreto presidencial le atribuya solamente a dos nucleamientos, la potestad de determinar la representatividad suficiente de todos los ámbitos en este área médica. Cabe destacar en este sentido que el diagnóstico de este trastorno se hace a través de un análisis de sangre específico, que debe ser realizado por laboratorios especializados. El estudio completo incluye alrededor de 16 determinaciones que deben ser solicitadas por el médico especialista. Por ello, una política pública estatal, que garantice que cualquier persona puede acceder en igualdad de condiciones a estos estudios, diagnósticos y medicalización pertinentes, es imprescindible.

En este sentido, la organización Trombofilia y Embarazo, que impulsó y apoyó esta ley, afirmó que la intención “no es confrontar con ninguna sociedad médica” sino darle “un marco legal al tema para avanzar en la investigación y garantizar el diagnóstico precoz y la igualdad de acceso a los estudios y el tratamiento”.

Por todo lo expuesto, solicito a los y las legisladoras, acompañen con su voto el presente proyecto.