Reafirmar como indispensable para la vida democrática de nuestro país la separación tajante que existe entre las esferas de seguridad interior y defensa nacional, un principio consolidado que rige en nuestro país desde hace décadas y que conforma una verdadera política de Estado, de suma vitalidad para la estabilidad de nuestro sistema de gobierno.

Señor presidente:

Durante más de treinta años los gobiernos elegidos democráticamente en nuestro país generaron y sostuvieron una división tajante entre las esferas de seguridad interior y defensa nacional. El hoy conocido “principio de demarcación” se rige por la Ley 23.554 de Defensa Nacional (sancionada en el año 1988 durante la presidencia de Raúl Alfonsín y reglamentada por el ex presidente Néstor Kirchner en el año 2006), por La ley 24.059 de Seguridad Interior (promulgada en el año 1992 por el ex presidente Carlos Menem) y por la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional (promulgada en el año 2001 por el ex presidente Fernando De La Rúa). Se trata de un marco regulatorio que prohíbe taxativamente la participación de las Fuerzas Armadas en actividades que tengan que ver con la seguridad interior y dichas leyes fueron votadas gracias a grandes acuerdos realizados por las distintas fuerzas políticas que componían el Congreso Nacional en su momento. Podríamos decir que se trata de una verdadera política de Estado, que se perpetuó más allá del sector político que estuviera en el Gobierno.

En los últimos tiempos han habido señales que nos hacen pensar que dicho principio de demarcación corre peligro: luego de la visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el gobierno argentino suscribió con Washington una serie de acuerdos de colaboración entre nuestro Ministerio de Seguridad y las agencias de inteligencia norteamericanas. Además se sancionó el decreto de derribo, dotando al Ejército de una nueva herramienta vinculada con la seguridad interior. Vemos entonces una clara intención de combatir las llamadas “nuevas amenazas” con las Fuerzas Armadas, a contrapelo de lo que nuestro país viene haciendo desde hace más de treinta años.

Entiendo que los ejemplos de lo que ha sucedido en los países de la región que han recorrido ese camino (México y Colombia como casos más paradigmáticos), sumado a la propia historia de nuestro país, sirven como ejemplo para demostrar que ese tipo de políticas impulsadas por Washington no sólo son un fracaso, sino que representan un grave peligro para la paz de nuestra región.

Es por todo lo expuesto, que les pido a mis colegas diputados y diputadas que me acompañen con el presente proyecto de Declaración.