Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del art. 100 inciso 11° de la Constitución Nacional, para que por intermedio de quien corresponda, informe a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación acerca de los siguientes puntos vinculados a los gravísimos hechos de espionaje ilegal contra varios periodistas del Grupo Indalo denunciados el pasado fin de semana, a saber:

1) Confirme o refute en parte o en todo la denuncia surgida el fin de semana próximo pasado referido a tareas de inteligencia interior sobre periodistas del Grupo Indalo. Y concretamente lo referido a la interceptación de correos electrónicos pertenecientes a los periodistas, Mauro Federico y Gustavo Sylvestre.

2) Informe concretamente qué medidas se han establecido desde su asunción para el control de los organismos de inteligencia del Estado, habida cuenta de lo expresado pública y notoriamente en todo lo referido a espionaje político por parte del actual titular del PEN, sus Ministros, sus Secretarios etc.

3) Teniendo en cuenta las circunstancias concretas del caso, informe sobre la existencia o no de una resolución o autorización judicial debidamente fundada por autoridad competente.

4) Informe sobre el estado actual de las áreas y programas (tipo, cantidad, antigüedad) que se llevan adelante a través de la Agencia Federal de inteligencia, así como también informe sobre la nueva estructura orgánica y funcional de la AFI, los regímenes profesionales para los distintos tipos de personal, etc.

5) Aclare si actualmente sigue vigente la obligatoriedad de que toda orden de inteligencia esté inscripta en una directiva de inteligencia aprobada por el Director General del organismo.

6) Informe a esta Honorable Cámara sobre la ejecución del presupuesto 2016.

7) Todo otro dato de interés relacionado con el objeto del presente pedido de informes.

Señor presidente:

Sr. Presidente, el pasado fin de semana largo, desde el Grupo Indalo, se llevó a cabo una grave denuncia referida a que dos importantes periodistas del grupo que trabajan en C5N están siendo espiados por la Agencia Federal de inteligencia (AFI).

Según la denuncia, las tareas de inteligencia se realizaron a través de la interceptación de correos electrónicos pertenecientes a los periodistas, Federico y Sylvestre.

La información partió de un portal de noticias, y luego fue confirmada al Grupo por dos fuentes muy cercanas al organismo que encabeza Gustavo Arribas (AFI), quienes confirmaron que se estaban realizando tareas de inteligencia sobre los periodistas. Según se pudo saber, también ocurriría lo mismo con otros trabajadores de prensa, en especial del Grupo Indalo, que en este momento son objetivo de tareas de espionaje.

Según los datos originados en dicho portal, habría dos memos, uno de ellos fechado en abril de 2016 cuyo “asunto” es producir “informe” y se indica que interceptaron el correo electrónico de Sylvestre y de Fabricio Cardelli. Y en el segundo, el blanco es el subdirector de Ámbito Financiero y se resalta que “opera con varios periodistas de investigación como ser Ignacio ‘Nacho’ Ramírez (sic) también del Grupo que cumplen funciones en C5N”. La información señala al técnico informático, Emiliano Deza, como “el brazo ejecutor de estas violaciones a la privacidad”.

Habiendo tomado conocimiento de la posible comisión de delitos y de las pruebas obrantes es que repudiamos el mencionado accionar y solicitamos al Poder Ejecutivo brinde toda aquella información que nos permita esclarecer a la brevedad el episodio que sufrieron los periodistas del Grupo Indalo, de manera que se pueda aclarar este grave atentado contra la libertad de expresión, el sistema democrático y la intimidad de las personas. Máxime cuando la ley Inteligencia Nacional, cuya finalidad es la de establecer el marco jurídico en el que desarrollarán sus actividades los organismos de inteligencia, conforme la Constitución Nacional, los Tratados de Derechos Humanos suscriptos, expresamente prohíbe este tipo de prácticas:

ARTICULO 4° — NINGÚN ORGANISMO DE INTELIGENCIA PODRÁ: (…)

INC. 2: OBTENER INFORMACIÓN, PRODUCIR INTELIGENCIA O ALMACENAR DATOS SOBRE PERSONAS, POR EL SOLO HECHO DE SU RAZA, FE RELIGIOSA, ACCIONES PRIVADAS, U OPINIÓN POLÍTICA, O DE ADHESIÓN O PERTENENCIA A ORGANIZACIONES PARTIDARIAS, SOCIALES, SINDICALES, COMUNITARIAS, COOPERATIVAS, ASISTENCIALES, CULTURALES O LABORALES, ASÍ COMO POR LA ACTIVIDAD LÍCITA QUE DESARROLLEN EN CUALQUIER ESFERA DE ACCIÓN.

Tenemos el convencimiento de que la libertad de expresión es un pilar fundamental de nuestra democracia y un derecho inalienable de la persona, es decir, la manifestación de la libertad más profunda de la persona humana a expresar y comunicar –o no- ideas, pensamientos, opiniones, críticas y hasta, donde la misma persona lo determine, el núcleo de su propia interioridad.

Desde esta perspectiva, la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, que se fundamenta en por lo menos tres tipos de razones: constituye un derecho natural y sustantivo de la persona –fundamento individual- facilita el descubrimiento de la verdad –fundamento social- y favorece el debido proceso democrático –fundamento político-.

Como derecho colectivo contiene un valor adicional, pues, además de fortalecer la libertad y la dignidad personales, favorece el descubrimiento de la verdad en cualquier ámbito y materia, mediante la práctica del libre debate acerca de las cuestiones de interés público y sobre las opciones políticas partidarias que se presentan al ciudadano a fin de que este forme su propio juicio, critique, enmiende, elija entre opciones o cree otra nuevas y, al hacerlo, fortalezca y perfecciones el sistema.

No hay duda de que la libertad de expresión es un derecho fundamental por medio del cual se exterioriza el pensamiento humano, indispensable para la subsistencia de los modernos estados democráticos.

En el marco internacional se puede observar el lugar privilegiado que posee dicho derecho-garantía, pues, la Declaración Universal de los DDHH instituye que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, derecho que incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Concordantemente la “Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica” de 1969, en el Art. 13 señala: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto.”

Entendemos que estas acciones ilegales contra la libertad de expresión, se apartan del sendero de transparencia, respeto por los derechos humanos y modernización de las estructuras de inteligencia que deben guiar su accionar y tienden a la restauración del status quo que condujo a la dificultades del sistema.

Por todo lo expuesto, es por ello que solicitamos a los señores/as legisladores/as acompañen el presente proyecto de Resolución.