Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por medio de los organismos que correspondan, insten a la familia del presidente de la nación Mauricio Macri a devolver al Estado Nacional los 70.000 millones de pesos adeudados por la causa del Correo Argentino, condonados en el 2016; y que los mismos sean destinados al pago de los haberes de jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y demás beneficiarios de la seguridad social.

Señor presidente:

El Gobierno Nacional pretende sancionar una Reforma Previsional a las apuradas, con el objetivo de “ahorrar” 100.000 millones de pesos, para afrontar el déficit fiscal vigente de casi 4% del PBI. Es decir se pretende que los trabajadores pasivos y los sectores más vulnerables de la sociedad sufran el ajuste para afrontar los compromisos asumidos por el gobierno de Cambiemos en relación al pago de los intereses de la deuda; mientras se eximen de impuestos y contribuciones a los sectores más concentrados de la economía.

El principal argumento para avanzar en la reforma es la “crisis” del sistema previsional: nos quieren hacer creer que es “insustentable”. El Sistema Integrado Previsional Argentino en los últimos años logró una tasa de cobertura del 98%, permitió que la jubilación mínima alcanzara casi el 82% del salario vital mínimo y móvil, logró el aumento del 950% del haber desde el 2009 a hoy, y a su vez estaba en proceso de sanear su litigiosidad heredada de los noventa hasta que el gobierno actual sancionó la Ley N° 27.260, denominada Ley de Reparación Histórica.

Hoy el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el reaseguro del sistema jubilatorio estatal, de reparto y de solidaridad intergeneracional, cuenta con 991.229 millones de pesos, al 28 de junio de 2017 según datos informados. Este monto es casi equivalente al total de las prestaciones previsionales de la Anses, según registro del proyecto de Presupuesto 2018. Si el gobierno no avanzara a través de distintas reformas en un desfinanciamiento deliberado y con la fortaleza del Fondo de Garantía de Sustentabilidad demostrada en el respaldo de sus activos, el régimen de jubilaciones de reparto, incluyendo a los más de 3 millones de personas incorporados por moratoria, no es deficitario y es sustentable desde la óptica de la seguridad social.

Por ello, visto la emergencia declarada en el art n° 2 de la Ley de Reparación Histórica impulsada por el propio gobierno de Cambiemos, es el propio Poder Ejecutivo quien debe realizar acciones extraordinarias, a través de los organismos que correspondan, e instar a la familia Macri a devolver al Estado Nacional los 70.000 millones de pesos adeudados por la causa del Correo Argentino, condonados en el 2016; y de esta manera evitar que el ajuste recaiga sobre los haberes de los jubilados, pensionados, beneficiarios de la auh y demás beneficiarios de la seguridad social.

El origen de la deuda del Correo Argentino que tiene la familia Macri con el Estado Nacional de 70.000 millones de pesos, se remonta al 2001, cuando la empresa entró en convocatoria de acreedores. Durante los últimos 15 años, el Estado Argentino rechazó distintas propuestas de pago por parte del Correo, por considerarlas abusivas; allí no se reconocía ningún tipo de interés frente al monto de la deuda original de 300 millones de pesos. Hoy, el gobierno nacional, siendo juez y parte, estableciéndose claramente un conflicto de intereses, define condonarle la deuda al Correo Argentino, cuyos principales accionarios son la familia presidencial. El Estado nacional finalmente aceptó una quita del 98,82 por ciento de la deuda y la empresa podrá terminar de pagar recién en 2033. De esta manera, el Estado a través de este acuerdo beneficia a los que más tienen, dentro de los cuales se encuentra la familia del presidente de la Nación y perjudica indirectamente a los más necesitados.

Entendemos que el ajuste sobre el sistema previsional que propone el gobierno a través de la sanción de la Reforma, persigue un único objetivo que es liberar recursos del presupuesto para generar un excedente fiscal que permita atender el pago de los intereses de la deuda pública. Actualmente, la inversión en seguridad social compromete la mayor parte de las erogaciones del Estado y asciende al 49% del Presupuesto Nacional, es evidente que en un contexto donde el peso de los intereses de la deuda creció del 7% en el año 2015 al 11% del presupuesto en 2017, el gobierno pretende ajustar en seguridad social para financiar el pago del endeudamiento. En efecto, el incremento en el monto de los intereses originados por el endeudamiento vertiginoso que generó el actual gobierno asciende a 84 mil millones de pesos, cifra que resulta equivalente al ajuste que se pretende realizar sobre el sistema previsional. Por lo tanto, esta política no pretende equilibrar o sanear el presupuesto del Estado, sino cambiar el destino del gasto público, siendo los jubilados, pensionados, beneficiarios de la auh y demás beneficiarios de la seguridad social quienes tendrán que soportar el peso de los intereses de la deuda generada por el gobierno de Cambiemos.

Claramente han elegido ajustar por los más débiles, haciéndoles pagar un costo demasiado alto, favoreciendo a los sectores más concentrados de la economía. No podemos permitir que ello ocurra.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores y señoras diputados y diputadas el acompañamiento del presente proyecto.