Expresar repudio y rechazo ante las negociaciones iniciadas entre el Gobierno Argentino y el Reino Unido para autorizar la explotación petrolera a empresas británicas en el territorio de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, a cambio de reestablecer los vuelos directos a Malvinas.

Señor presidente:

Los Convencionales Constituyentes de 1994, en la disposición transitoria primera, establecieron un mandato claro y preciso respecto de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur: ratificaron la legítima e imprescriptible soberanía argentina, constituyendo un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino la recuperación de dichos territorios -conforme a los principios del derecho internacional- respetando el modo de vida de sus habitantes. Dicha cláusula fue votada por unanimidad y aclamación.

A su vez, los Constituyentes enfatizaron que la fuerza normativa de cláusula constitucional no se expandía exclusivamente al ámbito local como un mandato presente que se extiende a las generaciones futuras, sino que en términos internacionales se notificaba a todos los países del mundo que no íbamos a claudicar jamás en nuestra reivindicación soberana.

Es necesario poner de manifiesto que la recuperación pacífica de las Islas Malvinas es una política de Estado por mandato constitucional, que obliga a todos los poderes constituidos más allá de quién ocupe eventualmente el gobierno. Como tal debe ser consensuada entre el gobierno y la oposición.

A su vez, es de público conocimiento la postura del gobierno británico en desconocer nuestros legítimos derechos sobre las Islas y su intención de realizar en ellas exploración y explotación de hidrocarburos.

Frente a esto la Nación Argentina debe asumir decisiones contundentes en defensa de la soberanía argentina sobre los hidrocarburos de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Y en este sentido es que, el Congreso Nacional sancionó en el año 2013 la Ley 26.915 (modificatoria de la 26.659) que establece las condiciones para la exploración y explotación en territorio nacional, introduciendo sanciones para quienes se dedican a las actividades de exploración de hidrocarburos, extracción, transporte y almacenamiento dentro de la plataforma continental argentina sin la autorización de las autoridades argentinas.

Ahora bien, la decisión del Gobierno Nacional de iniciar negociaciones con el gobierno británico con la clara intención de remover las medidas de restricción relativas a la explotación hidrocarburífera, implicaría un retroceso histórico con respecto a la resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, aprobada el 16 de diciembre de 1965, que reconoce la disputa de soberanía sobre el territorio en cuestión, y también en relación al reconocimiento que se hiciera el 11 de marzo de 2016, que determinó que la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas adoptara las recomendaciones sobre la petición que hizo nuestro país respecto al límite exterior de su plataforma continental, la cual incluye los territorios en cuestión.

Por ello, y teniendo en cuenta todo lo expresado, estimo sumamente preocupante el inicio de las negociaciones en el sentido arriba mencionado ya que, una acción como la que se plantea conllevaría a un reconocimiento de hecho de derechos británicos sobre el territorio argentino, allanando el camino para materializar un traspaso de recursos nacionales en detrimento del interés del pueblo argentino.

Por todo lo manifestado precedentemente, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de resolución.