PRIMERO: Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional y a la opinión pública para expresar su profunda preocupación y malestar por el desmantelamiento de la Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa (DiNIEE), dependiente del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, cuya función es relevar y sistematizar información de los estudiantes y docentes de todo el país. Hecho denunciado de manera uniforme y simultánea por trabajadores y autoridades de la misma, profesores e investigadores universitarios, docentes y especialistas en educación, y asociaciones y confederaciones de trabajadores de la educación del país.

SEGUNDO: Solicitar al Poder Ejecutivo que en el término de 10 días hábiles, informe a esta Cámara:

1) Si los servidores, bases de datos y archivos con información estadística, a cargo de la Dirección mencionada en el artículo precedente, siguen prestando servicios en el edificio del Palacio Sarmiento. En caso contrario, y si se hubiese dispuesto su traslado, indique las razones del mismo y el lugar físico donde efectivamente se haya fijado como su nueva dirección real y legal.

2) Situación actual y precisa de todos los trabajadores de la Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa (tomando como referencia la plantilla de personal al 10/12/2015, a la fecha); y explique motivos por los cuales se trasladó personal a otras dependencias del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, si se hubieran producido; e individualización del personal eventualmente trasladado.

Señor presidente:

Observamos con preocupación las denuncias que investigadores, docentes y especialistas en el área están llevando adelante sobre el desmantelamiento de la Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa (DiNIEE), dependiente del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, encargada de relevar las estadísticas educacionales en todo el país. A su vez, no podemos dejar de mencionar la delicada situación por la que están atravesando los trabajadores de dicha Dirección, al ser trasladados repentinamente hacia otras áreas del mencionado Ministerio.

La Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa, ha sido la encargada de preservar y garantizar la continuidad y calidad de los relevamientos de información y datos, en muchos casos sensibles, de estudiantes y docentes de todo el país. La importancia de las estadísticas para la formulación e implementación de política públicas educativas, hace que la preservación de esta Dirección sea una cuestión de interés público.

Desde los orígenes de la Red Federal de Información a mediados de los noventa, los Relevamientos Anuales que se desarrollan a partir de 1996, los tres Censos Docentes realizados cada 10 años (1994, 2004 y 2014) y los Operativos Nacionales de Evaluación implementados en forma periódica a partir de 1993, el sistema educativo ha contado con información comparable y coordinada entre las 24 jurisdicciones del país, que permite dar cuenta de la situación educativa en las más de 50 mil instituciones que conforman el sistema educativo en todo el territorio nacional.

El traslado de los servidores, bases de datos y archivos de la Dirección, sin saber cuál es su destino y cuáles fueron los criterios considerados para esta decisión, pone en riesgo la preservación de datos sensibles. Es importante señalar, que dichos datos son protegidos por la Ley de Secreto Estadístico, de la Ley de Protección de Datos Personales y de lo prescripto también por la Ley de Educación Nacional y de diversas resoluciones del Consejo Federal de Educación, en cuanto a preservación de la identidad de los actores a quienes corresponde la información estadística que se releva, es decir de escuelas, docentes, alumnos y familias. Se define como datos sensibles: aquellos datos personales que revelen origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas o morales, afiliación sindical, información referente a la salud o a la vida sexual o cualquier otro dato que pueda producir, por su naturaleza o su contexto, algún trato discriminatorio al titular de los datos. Es un concepto utilizado en seguridad de la información. Se refiere a la información que puede usarse para identificar, contactar o localizar a una persona en concreto, o puede usarse, junto a otras fuentes de información para hacerlo. La vigente Ley 25.326 protege el derecho a la intimidad de los datos personales. La sanción de esta normativa de Protección de Datos Personales en el mes de noviembre de 2000, puso fin a un proceso de casi 15 años iniciado en el año 1986 con la presentación ante el Congreso de un proyecto de ley elaborado por la Subsecretaria de Informática y Desarrollo del Ministerio de Justicia de la Nación. La redacción de dicho proyecto, cuyo contenido se basaba fundamentalmente en la ley francesa de 1978, respondió a la recomendación efectuada por el entonces Consejo para la Consolidación de la Democracia que señalaba la conveniencia de consagrar el derecho a la privacidad, principalmente con miras a evitar que se vea afectado por los avances de la informática en materia de registro de datos.

Recordemos, que funcionarios que hoy forman parte del Gobierno nacional, ya han sido denunciados anteriormente por manipular estadísticas educativas. En el año 2013, docentes hicieron pública una denuncia que vinculaba directamente al entonces Ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Esteban Bullrich, con el hecho de que personas mayores de 18 años, que se habían inscripto en el Plan Adultos 2000 para terminar sus estudios, eran contactados por instituciones privadas que ofrecían sus servicios para terminar los estudios a distancia. Esto ocurrió luego de que el Gobierno de la Ciudad le entregara a la empresa privada Kuepa la plataforma de interacción del programa estatal.

Pero más cerca, tenemos un antecedente peligroso y a tener en cuenta sobre manipulaciones a datos personales. Así fue con la reciente decisión del Poder Ejecutivo que provocara tanta polémica y que llevara incluso a varios señores legisladores de ésta Cámara Diputados a presentar una acción de amparo de alcance colectivo a fin de que se declare la nulidad de la Resolución 166/16, que dispuso la transferencia de la base de datos de la Anses a la secretaría de Comunicación Pública de la Nación dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a quien denunciaron penalmente por el mismo tema a su titular Marcos Peña.

Para los legisladores denunciantes Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade, “la Resolución viola tanto el derecho a la intimidad previsto en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, como la ley 25.326 de Protección de Datos Personales".

La ley 25.326 establece que los datos “no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención”.

Los diputados sostuvieron que se habilita a que los datos suministrados por las personas a Anses pueden ser usados “por la secretaría de Comunicación Pública para otros fines, lo cual puede provocar que reciban llamados telefónicos a su domicilio personal o hasta su teléfono celular o reciban correos electrónicos a su cuenta personal por parte de un órgano del Estado que accedió a esta información sin ser suministrada por los individuos para este fin”. “Claramente, se altera la intimidad del ciudadano que no brindó esta información para ser molestado o importunado por el Estado”.

En la presentación los legisladores sostienen que “se trata en apariencia de un acuerdo sobre intercambio de información entre organismos del estado nacional”, pero advierten que de “la simple lectura del convenio una de las partes, la ANSES, no recibe ninguna contraprestación específica de la relación jurídica, ninguna ventaja funcional u operativa en términos de gestión”.

En esa línea, sugirieron que “los datos personales de todos los argentinos que ANSES remitirá periódicamente al Lic. Peña y su equipo terminará en las manos de empresas privadas”.

Sobre la situación de los trabajadores de la DiNIEE, la mayoría del personal informático, unos veinte trabajadores que dependían de la Dirección, fueron trasladados sin previo aviso a diferentes áreas dentro del Ministerio. Es importante considerar que éstos trabajadores constituyen personal calificado y especialista en metodología de la información y estadística, en su mayoría técnicos con más de quince años de antigüedad, por lo que su traslado pone en peligro la continuidad de la labor de producción, relevamiento y sistematización estadística nacional.

A su vez, la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), y con la misma preocupación y sentido del presente proyecto, presentó días atrás, un pedido de informes al Ministro de Educación Esteban Bullrich, para que dé explicaciones por el desmantelamiento de la Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa (DiNIEE).

La CTERA, junto a los/as trabajadores/as de la DiNIEE, expresaron su repudio frente a la medida que implica el desmantelamiento de hecho de esta Dirección que constituye un pilar fundamental para contar con un sistema educativo federal, público, democrático, inclusivo y de calidad, como así también para garantizar el derecho de acceso a la información pública.

Durante la última semana de julio los empleados estatales que integran la DiNIEE se enteraron de las medidas adoptadas por el Ministro Esteban Bullrich quien mandó a trasladar el personal informático de la DiNIEE a otra dirección a los efectos de brindar servicios a otras áreas del Ministerio, como así también el traslado de los servidores y de la información a sitios externos en los cuales no hay condiciones para que el personal informático se desempeñe cotidianamente.

Lo que está en riesgo es la protección de los datos de menores y docentes que están resguardados en las bases de datos de la DiNIEE y protegidos por distintas normativas nacionales y federales; el accionar de la gestión, sin planificación ni consideración sobre las normativas vigentes, desprotegiendo la preservación de información sensible que las personas brindan al sistema estadístico y de información educativa en nuestro país.

Creemos que estamos ante un hecho serio, sospechoso e hipotéticamente peligroso para la salud íntima de muchos ciudadanos; y también ante el avance de políticas de desguace del Estado, que ponen en peligro, otra vez, la fuente de trabajo de compañeros estatales, a quienes debemos proteger.

Por todo lo expuesto, solicito a las señoras y señores diputados de la nación el acompañamiento del presente proyecto.