Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, informe a través del Director del I.N.S.S.J.P. (PAMI):

1) ¿Desde cuándo y de qué manera tomó conocimiento de que el organismo bajo su dirección entregaba medicamentos a farmacias con recetas a nombre de beneficiarios fallecidos?

2) Listado completo y actualizado de las farmacias que recibieron tales medicamentos.

3) Listado completo y actualizado de los beneficiarios fallecidos a los que se les recetaban tales medicamentos.

4) Listado completo y actualizado de los profesionales que fraguaban las historias clínicas y realizaban las recetas.

5) Listado completo y actualizado de los funcionarios que participaban de la adulteración de las historias clínicas de los beneficiarios y/o autorizaban la entrega de los medicamentos.

6) Medidas administrativas, civiles y penales, que tomó la dirección del I.N.S.S.J.P. (PAMI) respecto de las farmacias indicadas en el punto 2), los profesionales indicados en el punto 4) y los funcionarios indicados en el punto 5) y en qué estado se encuentran cada una de ellas.

7) Medidas que tomó la dirección del I.N.S.S.J.P. (PAMI) a los fines de que tales fraudes al erario público no puedan volver a cometerse.

8) Informe si la auditoría interna del I.N.S.S.J.P. (PAMI) había alertado sobre esta cuestión y, de ser afirmativa la respuesta, desde cuándo y en qué términos, acompañado de la documentación respaldatoria emanada de dicho órgano.

9) En caso de que la respuesta a la pregunta anterior fuera negativa, informe si se han iniciado las medidas administrativas y penales contra los auditores internos del I.N.S.S.J.P. (PAMI) y en qué estado se encuentran las mismas.

Señor presidente:

La UFI-PAMI, a cargo del Dr. Javier Arzubi Calvo está investigando los casos de José M, Antonio P y Rosa G. - tres de los casi dos mil jubilados, y afiliados al PAMI-, que fallecieron hace más de dos años, pero sus nombres nunca fueron dados de baja del padrón porque eran utilizados por funcionarios, médicos y farmacéuticos para estafar a la obra social más grande del país en 30 millones de pesos a través de diversas maniobras. En vida, ninguno de ellos era diabético, sin embargo, se les "armó" una historia clínica apócrifa para hacerlos pasar como parte de los 1.133 afiliados "activos", a los cuales se les proveyeron 23.330 unidades de tiras reactivas a través de 583 farmacias de todo el país para detectar exceso de azúcar en sangre. A otros 863 jubilados, también muertos, se les armó un historial médico que los hacía figurar como insulino dependientes para, a través de otras 364 farmacias,

hacer constar la entrega mentirosa de insulina. Estas y otras maniobras en perjuicio de la obra social, como el millonario suministro de medicamentos a beneficiarios falsos.

Detectadas estas irregularidades por el Fiscal a cargo de la UFI-PAMI, se abrió una investigación en los tribunales de Comodoro Py. Entre las jurisdicciones de PAMI que más irregularidades presentaron figuran, por ejemplo:

En Santiago del Estero, la UFI PAMI denunció el consumo irregular de 1.076 dosis de insulinas por parte de 50 afiliados fallecidos, a través de 20 farmacias y con la participación de 40 médicos distintos, resultando de ello un perjuicio patrimonial al Instituto de cerca de 2 millones de pesos.

En Mendoza, la investigación determinó la utilización de los datos de 145 afiliados fallecidos, en cuyo nombre se presentaron 744 recetas a 100 farmacias que dispensaron insulina y tiras reactivas, lo que habría ocasionado un perjuicio patrimonial cercano a los 7 millones de pesos.

En Córdoba se detectó la provisión efectuada por 100 farmacias usando los datos de 582 afiliados no reempadronados o fallecidos, al tiempo que se detectó que dos establecimientos presentaron al cobro recetas con troqueles apócrifos en las que se empleaban los datos de 17 afiliados. Y eso no es todo, en agosto pasado, y en la misma provincia de Córdoba, se realizó una ampliación de la denuncia original a través de la cual se detectaron 1.269 consumos irregulares de insulinas en 75 farmacias por parte de 201 afiliados ya fallecidos, maniobra que habría ocasionado un perjuicio superior a los dos millones de pesos al PAMI.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solo el mes pasado se detectaron 14 farmacias que habrían entregado 614 medicamentos a 85 afiliados ya fallecidos, provocando una pérdida estimada en 1 millón de pesos a la obra social.

En la provincia de Buenos Aires hay actualmente investigaciones abiertas en Lomas de Zamora, Morón, San Isidro, Tres de Febrero, San Isidro, Quilmes, Mar del Plata, Campana, Mercedes, Pergamino, Dolores, San Martín y Arrecifes. La defraudación, en estos casos, supera el millón de pesos.

La seguridad social es la mayor y más equitativa herramienta de distribución del ingreso y, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSJJP) es un ejemplo en ese sentido en toda América. Una obra social que atiende a los jubilados, pensionados, ex-combatientes de Malvinas, etc. y, a la que aportan tanto los pasivos como todos los activos relación de dependencia. No es, como se dice “la plata de los jubilados”, es el aporte de aquellos que trabajadores pasivos, pero también de los que estamos activos, con los que algunos están haciendo negocios a costa de la enfermedad. Y eso, Sr. Presidente y Sres. Diputados, es lo más vil y ruín que puede hacerse con el dinero de los trabajadores.

En ese entendimiento, es necesario conocer desde cuándo el Director del INSSJP tiene conocimiento del fraude cometido con ese dinero, pero también, quienes desde el sector público y privado participaron de él, y qué medidas administrativas, civiles y penales articuló el Sr. Director del INSSJP a los fines de que, quienes cometieron tal delito, no puedan recibir más beneficios de ese organismo –los privados- por un lado y sean separados de su cargo –los médicos y funcionarios de la

administración pública- por el otro, pero que ambos, con el mismo rigor, sean investigados por la justicia.

Es menester tomar conocimiento de si esas medidas fueron realizadas, pues sino, también el Director del PAMI es responsable por los hechos ocurridos y, una vez más nos enfrentaremos a algo a lo que ya nos tienen acostumbrados, lamentablemente cada vez más a los argentinos, al encubrimiento de los delitos cometidos por los subalternos.

Por ello, es que consideramos imperioso y que el Poder Ejecutivo responda brinde las explicaciones solicitadas en el presente informe.