Expresar su honda preocupación por la crítica situación que atraviesan las comunidades educativas de los Centros de Educación Integrada de Jóvenes y Adultos – IDEAR con sedes en las ciudades de San Salvador de Jujuy, Palpalá, San Pedro y La Quiaca de la Provincia de Jujuy, con motivo del rechazo de habilitación presupuestaria para el ciclo lectivo 2017 que resolvió la Ministra de Educación de la mencionada provincia, el 13 de septiembre ppdo.

Señor presidente:

En una insólita resolución la Ministra de Educación de la Provincia de Jujuy, con fecha 13 de septiembre de 2017, rechaza el pedido de habilitación presupuestaria para el Ciclo Lectivo 2017 para los Centros de Educación Integrada de Jóvenes y Adultos – IDEAR con sedes en las ciudades de San Salvador de Jujuy, Palpalá, San Pedro y La Quiaca de la mencionada provincia.

Los CEIJA fueron creados por Resolución N° 2240 G 04 del Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy. Son los Centros Educativos Integrales de Jóvenes y Adultos que se reconocen como “escuelas de terminalidad” que funcionan como la escuela común de lunes a viernes e implementan, además de los contenidos del nivel secundario, una formación ocupacional. Es una experiencia enmarcada en la Educación Permanente con educación laboral. Implica la generación de espacios educativos de gestión asociada. Es una propuesta para que los jóvenes alcancen la terminalidad del nivel secundario con formas más flexibles y sin perder calidad.

Han cumplido y cumplen la delicada misión de incluir a jóvenes y adultos que por diversos motivos fueran excluidos del sistema educativo.

Centenares de egresados y alumnos en innumerables testimonios de gratitud dan cuenta del acierto de iniciativas como esta. Es una muestra más de la política de restitución y ampliación de derechos que caracterizó a las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.

No nos sorprende, pero sí nos preocupa que el actual gobierno provincial incumpla la ley N° 26.206 de Educación Nacional, cuyo artículo 121 establece que los gobiernos provinciales, en cumplimiento del mandato constitucional, deben “e) Autorizar, reconocer, supervisar y realizar los aportes correspondientes a las instituciones educativas de gestión privada, cooperativa y social, conforme a los criterios establecidos en el artículo 65 de esta ley.” A su vez el artículo 65 dice: “La asignación de aportes financieros por parte del Estado destinados a los salarios docentes de los establecimientos de gestión privada reconocidos y autorizados por las autoridades jurisdiccionales competentes, estará basada en criterios objetivos de justicia social, teniendo en cuenta la función social que cumple en su zona de influencia, el tipo de

establecimiento, el proyecto educativo o propuesta experimental y el arancel que se establezca.”

Claramente han elegido destruir todo aquello que pueda significar la mejora de la vida de la población más postergada.

No podemos permitir que ello ocurra.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores y señoras diputados y diputadas el acompañamiento del presente proyecto.