Citar en los términos del Artículo 71 de la Constitución Nacional y del Artículo 204 del reglamento de esta Cámara, a la Sra. Ministro de Seguridad, D. Patricia Bullrich, para que informe verbal y documentalmente sobre, la represión, la falsificación de actas policiales y otras acciones irregulares que están desplegando las fuerzas de seguridad a su cargo.

Particularmente sobre la represión y detención de ciudadanos el día viernes 1 de setiembre en la Plaza de Mayo y en otras ciudades y lugares del país con motivo de las manifestaciones en reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado. La agresión sufrida por el Diputado de la Nación Adrián Grana y la detención de 3 agentes de prensa (fotógrafos) en la misma manifestación.

Sobre por qué Gendarmería está custodiando la casa en donde Milagro Sala está cumpliendo prisión domiciliaria en Jujuy.

Todo esto en un contexto general, en donde sabemos que en algunos casos las responsabilidades son de las policías distritales y no de las fuerzas de seguridad nacionales, respecto de las cuales el deber de informar a este Congreso corresponde a la titular del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Señor presidente:

El presente proyecto de Resolución está destinado a que la Ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, informe en la Cámara de Diputados de la Nación sobre la actuación de las fuerzas de seguridad a su cargo, y su apego y cumplimiento a todos y cada uno de los tratados internacionales –de los que el Estado Argentino es parte- que velan por la protección y los Derechos Humanos de las personas.

El presente proyecto también busca que la Ministro nos informe sobre el camino hacia un Estado policial que estamos viviendo los argentinos, si es que se trata de un plan estratégico de ese Ministerio o una concatenación de malas prácticas, errores y excesos.

Particularmente queremos saber qué órdenes impartió desde su cartera a las fuerzas de la Policía Federal y de la Ciudad de Buenos Aires que actuaron en la represión y en la posterior detención de personas ajenas a los disturbios provocados, tras haber participado de la multitudinaria manifestación a Plaza de Mayo en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Además, queremos que la ministra nos informe si existió una orden judicial para que actúen las fuerzas de seguridad ante supuestos hechos de violencia.

No se puede pasar por alto la detención de 31 personas, todas ellas ajenas a un simulacro de enfrentamiento entre supuestos manifestantes violentos y la policía. Ningún encapuchado fue detenido, como tampoco los que arrojaron piedras contra las fuerzas policiales. Corroboran estos hechos la decisión del juez a cargo, que decidió liberarlos 48 horas después por no encontrarles causa para seguir reteniéndolos.

Las fuerzas que conduce la Ministra agredieron y detuvieron a periodistas, amenazaron a los detenidos con ser “los próximos desaparecidos”, no proveyeron a la Justicia filmaciones de que quienes produjeron los daños fueron los detenidos, y presentaron los sumarios de los treinta detenidos sin el más mínimo respaldo probatorio.

Sirven como ejemplo las declaraciones de la abogada Verónica Quinteros, quien contó que su defendido, el docente José Morales, había concurrido a la marcha y que luego con dos compañeros decidieron comer en la pizzería de Bernardo de Irigoyen al 90, muy lejos de la Plaza de Mayo. La víctima intervino cuando la policía motorizada empezó a correr a unos chicos que estaban haciendo una batucada en la vereda. Morales los increpó por la absurda acción y, a modo de ironía, los aplaudió, tras lo cual fue arrojado al piso, le llenaron la cara de gas pimienta y se lo llevaron detenido. Quinteros destaca la torpeza del armado policial: no coincide el horario, los hechos ni el lugar de detención (el acta de detención dice que lo apresaron frente a la Casa Rosada, frente a la prueba del ticket de la pizzería y dos testigos), lo cual constituye una práctica policial que creímos desterrada desde la restauración democrática de 1983.

Dos periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos, Juan Mourenza y Ezequiel Medone, estaban cubriendo la movilización pero en las actas de detención dice que los detuvieron a las 20 porque tiraron el vallado de la Casa Rosada. La abogada María del Carmen Verdú aclaró que sus defendidos fueron filmados dos horas después en la esquina de Avenida de Mayo y San José.

El diputado nacional Adrián Grana fue agredido mientras intentaba interceder cuando se llevaban a otro trabajador de prensa detenido, Daniel Lara, fotógrafo de ARGRA.

Otro joven denunció que fue "levantado" al salir de su trabajo y que en el camión celular de la policía lo amenazaron junto a otros detenidos: “Empiecen a contestar o van a estar desaparecidos también.”

Y pudimos ver las imágenes de un agente de policía pegándole una violenta y cobarde patada en la espalda a una joven mujer que tomaba imágenes de la represión.

En tanto, en la localidad de El Bolsón los manifestantes echaron de la marcha por Santiago Maldonado a un puñado de encapuchados que se infiltraron y arrojaron piedras y elementos encendidos contra el Escuadrón 35 de Gendarmería. La intervención de “mano de obra” afín a las fuerzas de seguridad es una hipótesis fuerte.

Esto se suma a los allanamientos y detenciones sucedidos en Córdoba el 31 de agosto, donde tras una marcha contra los casos de gatillo fácil, se allanaron las sedes de organizaciones sociales y culturales y, en otro hecho inédito desde la recuperación de la democracia, las sedes de dos partidos políticos, en un hecho intimidatorio. Esta descripción de las actividades de las policías provinciales no es materia de la interpelación, pero marcan un estado de situación nacional que pueden conducirnos a un verdadero Estado Policial.

Además, queremos saber por qué Gendarmería está custodiando la casa en donde cumple prisión domiciliaria Milagro Sala, “custodia” que está en flagrante violación de tratados internacionales de Derechos Humanos, de los que Argentina es parte y está obligada a cumplir y no violar.

Como estos casos hay muchísimos más que ratifican que el accionar policial fue represivo, injustificado y provocado, se repite la figura penal de Delito de Intimidación publica, lo cual amerita que la ministra Bullrich comparezca ante la Cámara de Diputados e informe las razones por las cuales las fuerzas de seguridad actuaron de esa manera y cuáles fueron las órdenes impartidas desde su cartera. Estos hechos que hemos enunciado no son aislados, se repiten y cada vez con más frecuencia.

Por las razones expuestas es que solicitamos el urgente tratamiento y aprobación del presente proyecto.