Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a través de los organismos que corresponda, informe sobre diversas cuestiones acerca del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROG.R.ES.AR.) creado por el Decreto 84/2014.

1- Cuántas solicitudes de ingreso al Programa se han realizado durante los años 2016 y lo que va del año 2017, cuantas altas al mismo se han otorgado y cuantas denegado, discriminando por jurisdicción.

2- Cuáles han sido las causas de la suspensión del pago del beneficio durante los meses de mayo y junio del corriente año y a cuántos estudiantes afectó. Indique discriminando por jurisdicción.

3- En caso de suspensiones del beneficio, indique las razones y si se ha procedido a informar al beneficiario con anterioridad a la baja.

4- Si se ha previsto actualizar el monto del beneficio durante el corriente año. En caso de resultar afirmativo indique a cuanto ascenderá el monto.

Señor presidente:

A comienzos del año 2014, a través del Decreto 84, la Presidenta Cristina Kirchner, daba lugar a la creación del “Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos” (PROG.R.ES.AR.). Fue una decisión del Estado Nacional en el marco de políticas públicas dirigidas a mejorar la situación de los grupos familiares en situación de vulnerabilidad social. Estas políticas se llevaron a cabo desde el año 2003, con el fin de delinear y profundizar el modelo de desarrollo económico con inclusión social, que se tradujo en una sostenida mejora en la economía, en la creación de empleo, la reducción de la pobreza y la desigualdad social.

El objetivo del Programa es generar oportunidades de inclusión social y laboral a través de acciones integradas que permitan capacitar a los jóvenes entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) años de edad inclusive, con el objeto de finalizar la escolaridad obligatoria, iniciar o facilitar la continuidad de una educación superior y realizar experiencias de formación y/o prácticas calificantes en ambientes de trabajo. Las condiciones de acceso al Programa son esencialmente que los jóvenes pertenezcan a grupos sociales vulnerables, que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal o formal, sean titulares de una prestación previsional contributiva o pensión no contributiva o monotributistas sociales o trabajadores de temporada con reserva de puesto o del régimen de trabajadores de casas particulares, en la medida que los ingresos propios o del grupo familiar no superen el monto establecido para el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Por supuesto, el acceso y la permanencia a la prestación debe estar sujeto al cumplimiento de los objetivos educativos, sin excluir por ello que cada situación debe ser evaluada respecto del postulante y de su grupo familiar, tal cual se sostiene en los considerandos del Decreto de creación.

Queremos resaltar esto último, porque no es la primera vez que desde el Ejecutivo Nacional se toman decisiones administrativas, que no solo no contemplan los casos particulares con el seguimiento que debe hacerse, sino que indiscrimandamente y sin previo aviso suspenden un beneficio y las personas lo advierten, cuando en la fecha de cobro del mismo, el cajero les anuncia que el monto disponible es cero (0). Ha pasado por estos días con un sector por demás vulnerable de nuestra población, las personas con discapacidad, y está pasando ahora con nuestros jóvenes estudiantes. Parece ser una metodología del gobierno el tomar decisiones erradas que perjudican a los más vulnerables. En algunos casos reconocen el error y prometen una recomposición que nunca llega.

En este caso, el Ejecutivo suspendió desde mayo el pago del Progresar a más de un millón de estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, para luego salir a dar las excusas del caso. También argumentando que muchos estudiantes no han cumplimentado con la certificación de sus estudios, han dado de baja el beneficio, sin previo aviso. Entre las zonas más afectadas, donde estudiantes se manifestaron en reclamo de la restitución de los pagos, están la provincia de San Juan y ciudades como Bahía Blanca, pero también en el conurbano bonaerense y localidades como Moreno, Lanús, Avellaneda, Quilmes, San Martín y Florencio Varela.

Frente a esta situación se vienen realizando reclamos individuales e institucionales, entre los cuales queremos destacar que la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) exigirá al Ministerio de Educación y Deportes la restitución de los Programas PROGRESAR, según anunciaron en una rueda de prensa el 27 de junio. También anunciaron que en base a las denuncias recibidas en todo el país planean hacer un relevamiento nacional.

Desde ANSES y desde el Ministerio de Educación y Deportes han salido a dar explicaciones cruzadas, admitiendo errores administrativos, pero sin dar solución a los estudiantes que se han quedado sin cobrar un beneficio magro, ya que no se actualiza su monto desde diciembre de 2015, pero vital para proseguir con sus estudios.

Porque necesitamos respuestas, que los funcionarios responsables contesten nuestros interrogantes, pero fundamentalmente den las soluciones a los miles de jóvenes que se ven afectados por estas medidas restrictivas, es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Resolución.