Expresar su más enérgico repudio a los dichos de la Diputada Nacional Elisa Carrió, quien pidió la prisión domiciliaria automática para los genocidas mayores de 75 años, el pasado 12 de Mayo de 2017.

Señor presidente:

El día 12 de mayo de 2017 la Diputada Nacional Elisa Carrió se manifestó a favor de que se otorgue la prisión domiciliaria a los genocidas mayores de 75 años y pidió, en las mismas declaraciones, “verdad para las víctimas civiles de la guerrilla”. Esta nueva provocación se da en el marco de la tentativa (frustrada gracias a la fuerte movilización popular) por parte del gobierno nacional de otorgar impunidad a los genocidas, a través del fallo conocido como del 2x1, votado por una nueva versión de mayoría automática de la Corte Suprema, compuesta entre otros por dos jueces que fueron puestos a dedo por el macrismo.

Estas nuevas declaraciones de la Diputada de Cambiemos dejan en evidencia el compromiso que el gobierno tiene con la impunidad. Es necesario recordar a la Diputada que nuestro país se comprometió hace ya muchos años en juzgar y condenar a los responsables del genocidio cometido durante la última dictadura cívico militar. El proceso de memoria, verdad y justicia ha sido sin embargo un camino largo y difícil, con momentos de avance vertiginoso (durante gobiernos populares) y otros de claro retroceso. Tal es así que este recorrido lleva ya más de 30 años, debido a que durante muchos años los juicios de lesa humanidad habían sido frenados gracias a las leyes de Obediencia Debida, Punto Final e indultos, que concedieron a los genocidas un largo paréntesis de impunidad. Una vez derribadas esas trabas, producto de la lucha de nuestros organismos de derechos humanos y de la voluntad política de un gobierno que hizo de las políticas de memoria, verdad y justicia una de sus banderas y las transformó en políticas de Estado, los juicios retomaron su camino. Este largo proceso tuvo como consecuencia que algunos de los perpetradores condenados recientemente, o de los acusados aún sin condena, hayan alcanzado los 70 años de edad. Entendemos esta situación como producto de la impunidad de la que gozaron durante tantos años. Estamos en contra de la existencia de condenados vip, que paradójicamente son aquellos que cometieron los delitos más graves que nuestro código penal establece, pero que deberían ser automáticamente enviados a sus casas al cumplir los 70 años, a diferencia de lo que sucede con los detenidos por delitos comunes.

Si tenemos en cuenta la historia de nuestro país y la demora con la que estamos enjuiciando a los responsables de haber cometido delitos de genocidio, y si miramos los numerosos ejemplos en los que la prisión domiciliaria fue utilizada como una vía de escape para no cumplir una condena, siendo violada sin ningún tipo de control, debemos tener en cuenta que este beneficio es hoy utilizado como una forma más de eternizar la impunidad de la que estos criminales gozaron durante tanto tiempo. En ese sentido se pronunció la Procuradora General de la Nación, en la causa n. 15.838 contra Miguel Ángel Torrá por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, en cuyo dictamen afirmó que el beneficio de la detención domiciliaria “en comparación con la prisión preventiva, implica una disminución significativa del control estatal sobre el cautelado y, desde esta perspectiva, un incremento del riesgo de que eluda la acción de la justicia y de que el Estado, en consecuencia, no logre cumplir su compromiso internacional de sancionar a quienes fueran declarados culpables de delitos de lesa humanidad”.

En definitiva, estamos hablando de los delitos más graves de nuestro ordenamiento jurídico y cuyo juicio, castigo y prevención es una obligación internacional de la Argentina. Por eso, es necesario que la potestad de los jueces de conceder la prisión domiciliaria en ciertas circunstancias, sea reducida a lo mínimo indispensable, sólo por estrictas razones de salud que sean intratables en los ámbitos de detención.

No podemos dejar de mencionar que los dichos de la diputada Carrió están en sintonía con las palabras pronunciadas por el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, quien en un intento de justificar el fallo del 2x1, se declaraba a favor también de las domiciliarias ya que éstas podían generar un “clima familiar”, en el que los represores serían más proclives a romper el pacto de silencio y contar qué hicieron con los desaparecidos. Repudiamos enérgicamente los intentos de seguir otorgando impunidad a los genocidas por parte del gobierno de Cambiemos.

Por las consideraciones expuestas es que les pido a mis colegas diputados que me acompañen en este proyecto de Resolución.