Expresar su más enérgico repudio a la concesión del beneficio de la prisión domiciliaria otorgada al represor pluricondenado por delitos de lesa humanidad, Miguel Etchecolatz.

Señor presidente:

Debemos repudiar con toda nuestra fuerza el beneficio con el que fue premiado por la Cámara Federal de Casación al represor genocida Miguel Etchecolatz.

El genocida Etchecolatz fue comisario general de Policía de la provincia de Buenos Aires, donde se convirtió en la mano derecha del jefe de la Policía Bonaerense general Ramón Camps. Fue responsable de 21 campos clandestinos de detención que funcionaron en la provincia. Entre estos se encontraron el Pozo de Quilmes, el COT1 Martínez y la División Cuatrerismo de La Plata (Arana). También fue responsable por la "Noche de los Lápices". En los años ‘80 la Cámara Federal lo condenó a 23 años de prisión por encontrarlo responsable de 91 tormentos cometidos durante su actuación como director general de Investigaciones de la Policía bonaerense. Fue liberado cuando la Corte Suprema de Justicia le aplicó la ley de obediencia debida.

En agosto de 1997, Etchecolatz promocionó su libro denominado "La otra campana del Nunca Más", a través del cual intentó dar una visión desde la dictadura sobre los desaparecidos para confrontarla con la investigación realizada entonces por la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas).

Después de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, fue el segundo condenado por delitos de lesa humanidad en un juicio donde fue el único acusado y tuvo sentencia a prisión perpetua por seis homicidios. Entonces, Jorge Julio López –desaparecido en 2006- lo señaló como uno de los torturadores.

Durante los juicios que enfrentó, protagonizó varios sucesos que bordearon el escándalo y la polémica. En una de las audiencias del juicio de La Cacha, en el que fue condenado a cadena perpetua, fue fotografiado con un papelito que llevaba el nombre de Jorge Julio López. En otro momento del juicio pidió hablar y dijo que la dictadura luchó contra “insectos foráneos”. – “¿A qué se refiere con insectos foráneos?”- repreguntó Rozanski.- “Los que llegaban desde Cuba, de afuera. No solo personas, también ideas”- respondió el represor, sin titubear.

En la audiencia del 5 de febrero de 2014, el arquitecto de la represión en la provincia de Buenos Aires tomó la palabra y, fiel a su estilo, provocó a la audiencia: "Por mi cargo me tocó matar, y lo haría de nuevo", dijo. Después, agregÓ: “Defendimos a la patria y nuestros soldados fueron muertos en enfrentamientos ocasionados por los terroristas. Fuimos en defensa del hombre civilizado, y del derecho a la familia cristiana”. En mayo, se desmayó escuchando a una sobreviviente. Lo llevaron al Hospital San Martín con un pico de presión. Y, una vez más, se adjudicó el papel de víctima: objeto de la venganza jurídica de quienes fueron derrotados bajo la ley de las armas en aquella época, donde asesinó y mandó a asesinar “en combate”.

Este es el personaje que fue beneficiado con la prisión domiciliaria, en el marco de una política impulsada por este gobierno. Hay que mencionar que durante los doce años en los que los juicios de lesa humanidad eran política de Estado, todas las domiciliaras otorgadas a represores eran apeladas por la Secretaria de DDHH de Nación. No sólo eso no sucede más, sino que días atrás, la Corte Suprema de Justicia sentó una importante jurisprudencia al avalar el arresto domiciliario para el militar condenado por delitos de lesa humanidad, Felipe Jorge Alespeiti, de 85 años. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj lo calificó como "una buena señal de madurez cívica".

El proceso de memoria, verdad y justicia que estamos recorriendo los argentinos ha sido un camino largo y difícil, con momentos de avance vertiginoso y otros de claro retroceso. Tal es así que este recorrido lleva ya más de 30 años, debido a que durante muchos años los juicios de lesa humanidad habían sido frenados gracias a las leyes de Obediencia Debida, Punto Final e indultos, que concedieron a los genocidas un largo paréntesis de impunidad. Una vez derribadas esas trabas, producto de la lucha de los organismos de derechos humanos y de la voluntad política de un gobierno que hizo de las políticas de memoria, verdad y justicia una de sus banderas y las transformó en políticas de Estado, los juicios retomaron su camino. Este largo proceso, plagado de momentos de impunidad, tuvo como consecuencia que algunos de los perpetradores condenados recientemente, o de los acusados aún sin condena, hayan alcanzado los 70 años de edad. Entendemos esta situación como producto de la impunidad de la que gozaron durante tantos años. Por lo tanto, frente a nuevos intentos de seguir utilizando mecanismos para sostener la impunidad, entendemos necesario que los condenados que acusan motivos de salud sean tratados en los mismos penales que cuentan con los medios para hacerlo. Es además un modo de terminar con las discriminaciones entre los presos por delitos comunes que padecen alguna enfermedad, quienes suelen morir en los penales sin posibilidad de ser atendidos, y los presos vip, que paradójicamente son aquellos que cometieron los delitos más graves que nuestro código penal prevé, pero que de repente deben ser enviados a sus casas por motivos de salud. En ese sentido se pronunció la Procuradora General de la Nación, en la causa n. 15.838 contra Miguel Ángel Torrá por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, en cuyo dictamen afirmó que el beneficio de la detención domiciliaria “en comparación con la prisión preventiva, implica una disminución significativa del control estatal sobre el cautelado y, desde esta perspectiva, un incremento del riesgo de que eluda la acción de la justicia y de que el Estado, en consecuencia, no logre cumplir su compromiso internacional de sancionar a quienes fueran declarados culpables de delitos de lesa humanidad”.

En definitiva, estamos hablando de los delitos más graves de nuestro ordenamiento jurídico y cuyo juicio, castigo y prevención es una obligación internacional de la Argentina.

Por las consideraciones expuestas es que les pido a mis colegas diputados y diputadas que me acompañen en este proyecto de Resolución.