Su más enérgico repudio ante la violencia institucional a la que fueron sometida una ciudadana y su hija de 10 años, ambas de Florencia Varela, por parte de las fuerzas de seguridad de la Comisaría Nº 3 de dicha localidad, el pasado lunes 17 de abril.

Señor presidente:

Nos encontramos frente a un hecho grave de violencia institucional llevado a cabo por las fuerzas de seguridad de la Policía Bonaerense de la localidad de Florencio Varela. En este caso, con un doble agravante: las víctimas son una mujer y su hija de 10 años, ambas expuestas primero a una situación de violencia doméstica por parte de la pareja de la mujer en su domicilio, y luego de ser desestimada su denuncia, fueron sometidas a golpes y patadas por quienes deben velar por su seguridad. Este tipo de accionar llevado adelante por oficiales de las fuerzas de seguridad del distrito, nos lleva a expresar nuestro más enérgico repudio.

Hoy en día, está vigente la Ley 26.485 sancionada en el 2009 “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todo ámbito en el que se desarrollan sus relaciones interpersonales", la cual establece los diferentes tipos de violencia hacia la mujer. En su artículo 6° inciso a) establece “Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personas y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas e ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil”. Este es un caso de claro incumplimiento a esta ley por parte de la policía.

El accionar violento por parte de la policía e incumplimiento de los deberes de funcionario público, sumado además a la violación de leyes nacionales, provinciales y protocolos de actuación, los cuales deben ser cumplidos frente a una denuncia de un caso de violencia doméstica contra la mujer, nos pone frente a un hecho inaceptable para el desarrollo democrático de un país. La ley 26.485 en su artículo 23° es clara sobre el procedimiento policial ante una denuncia por violencia de género: “Exposición policial. En el supuesto que al concurrir a un servicio policial solo se labrase la exposición y de ella sugiere la posible existencia de violencia contra la mujer, corresponderá remitirla a la autoridad judicial competente dentro de las VEINTICUATRO (24) horas”. Este procedimiento no solo no se cumplió, sino que la palabra de la denunciante se puso en tela de juicio, desestimando la denuncia. Y lo que aún es más grave, se culpó a la víctima, ubicándola en el rol de victimario, negándose a actuar en el domicilio de la misma, y dejando desprotegidas tanto a la mujer como a su hija menor de edad.

Frente a la reacción de la mujer de intentar dejar registrado en su celular, quién era el oficial que estaba procediendo de esta manera, fue esposada, golpeada frente a su hija, quien también fue agredida con golpes, y trasladada a la comisaría. Allí, fue nuevamente golpeada y amenazada para que no firme la disconformidad de la causa que habían armado por supuesta “resistencia a la autoridad”. Luego de varias horas de estar detenida ilegalmente, fue liberada.

El Estado Provincial y el Estado Nacional son quienes deben velar por la seguridad de los habitantes de la nación. Nos preocupa cuando las propias fuerzas de seguridad estatales avanzan sobre los derechos de la población. Por ello, solicitamos al Poder Ejecutivo provincial que tome las medidas correspondientes.

La violencia sobre la mujer se ha convertido en un flagelo en nuestra sociedad, registrándose miles de casos diarios de mujeres víctimas de esta situación. Según organizaciones no gubernamentales de lucha contra la violencia hacia la mujer, afirman que se produce un femicidio cada 30 horas en el país.

Esta situación se vuelve aún más preocupante, cuando el Gobierno nacional no tiene una política pública activa para prevenir y atender estos casos. Se han producido recortes presupuestarios de los fondos destinados al Consejo Nacional de las Mujeres y el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género.

Por las razones expuestas y la gravedad institucional de lo sucedido, reforzando nuestro compromiso con el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas, la vigencia de la ley 26.485, los protocolos vigentes en relación a la violencia de género, y condenando la detención y los maltratos físicos sufridos por ambas ciudadanas, pedimos a las señoras y señores diputados de la nación que acompañen el siguiente proyecto.