EMERGENCIA EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA

UNIVERSIDADES NACIONALES Y PROVINCIALES E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS

ARTICULO 1°: Declárase la emergencia económica en materia de servicios públicos para Universidades Nacionales y Provinciales, incluida la Universidad de la Defensa Nacional, e Institutos Universitarios de jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gestión estatal, los cuales forman parte del Sistema Educativo Nacional, regulado por la Ley N° 26.206 (Ley de Educación Nacional), la Ley N° 24.521 (Ley de Educación Superior) y por la Ley N° 27.204 (Ley de implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el nivel de Educación Superior), por el término de 1 (UN) año, o hasta tanto se incremente el presupuesto universitario a los fines de cubrir el aumento tarifario de los servicios públicos.

ARTICULO 2°: Por el plazo de duración de la emergencia en la prestación de servicios públicos declarada en el Artículo 1°, las tarifas de electricidad, gas natural y agua, consumidos por las instituciones comprendidas en el mismo artículo, mantendrán las tarifas establecidos en los artículos 4°,5°,6° y 7° de la presente Ley.

ARTICULO 3°: Se aplica la presente emergencia a las tarifas correspondientes a los servicios públicos de electricidad, gas natural y agua.

ARTICULO 4°: Para el servicio público de electricidad se mantendrán los precios previos al trimestre febrero/abril 2016 elevado por COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (CAMMESA) y aprobado por el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN.

ARTICULO 5°: Los entes reguladores nacionales y provinciales establecerán la nueva tarifa con los precios elevados por COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (CAMMESA) retroactivos a la reprogramación trimestral anterior a la de febrero/abril 2016.

ARTICULO 6°: Para el servicio público de Gas Natural dejase sin efecto lo dispuesto respecto de los nuevos Precios en PUNTO DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST) de acuerdo a la Resolución MEyM N°28/2016 del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN para los casos establecidos en el art 1º.

ARTICULO 7°: El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) establecerá la nueva tarifa con los precios del gas natural retroactivos al dictado de la Resolución MEyM N°28/2016.

ARTICULO 8°: El MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN garantizará los subsidios para las tarifas de electricidad y gas natural, respecto de las instituciones comprendidas en el artículo 1°.

ARTICULO 9°: La emergencia establecida en el artículo 1° será de aplicación inmediata, y retroactiva de acuerdo a lo establecido en la presente ley, sin estar sometida a reglamentación alguna.

ARTICULO 10°: Las prestatarias de servicios públicos de electricidad y gas, no podrán trasladar a los usuarios no incluidos en el artículo 1° el costo de la reducción tarifaria que aquí se establece a partir de la aplicación de la presente ley.

ARTICULO 11°: Autorícese al Poder Ejecutivo Nacional, a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

ARTICULO 12°: Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley y sancionar para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes, que de ninguna manera podrán limitar o restringir los derechos consagrados en esta.

ARTICULO 13°: Comuníquese al Poder Ejecutivo

Señor presidente:

Desde el 2003, nos encontramos frente a un proceso de fortalecimiento de la educación en su conjunto. Se sancionó, impulsado desde el Poder Ejecutivo, un paquete normativo que configuró un Sistema Educativo Nacional nuevo, en donde se buscó proteger el derecho a la educación para todos los sectores, en la definición de las modalidades, en la ampliación de la cobertura y de la obligatoriedad de los niveles y en la definición de una nueva responsabilidad entre la Nación y las provincias. Entre las principales medidas se procuró mejorar las condiciones en la igualdad en el acceso, la inclusión de aquellos sectores que se encontraban fuera del sistema y la retención de los sectores más postergados. La sanción de la Ley de Educación Nacional N°26.206 en el 2006, así como la Ley de Financiamiento Educativo N°26.075, ambas leyes centrales a la hora de definir la estructura del sistema y la garantía del financiamiento para cada uno de los niveles del sistema educativo.

En el caso de la Educación Superior Universitaria, dejó de pensarse como un privilegio al que sólo podían acceder unos pocos, para establecer el derecho que debe ser garantizado por el Estado para el conjunto de nuestra sociedad. Por ello, a partir del 2003 el Estado Nacional comenzó a incrementar el presupuesto destinado a las Universidades Nacionales que pasó de 2.000 millones de pesos en el 2003 a 31.781 millones de pesos en el 2014, lo que representa un incremento presupuestario de 1.489%. Se pasó de invertir un 0,53 del PBI en el 2003, a superar en el 2014 el 1%.

En relación al acceso y para asegurar la permanencia, el Estado Nacional incrementó significativamente la inversión en el Plan Nacional de Becas Universitarias, con la finalidad de promover la igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación superior, a través de un sistema de becas, que facilitó el acceso y la permanencia de los estudiantes de escasos recursos económicos y buen desempeño académico, en los estudios de grado. El mismo, estuvo destinado a estudiantes de todas las carreras de las Universidades Nacionales e Institutos Universitarios de todo el país, con el objetivo de acompañar sus trayectorias.

Asimismo, desde el 2009 a través del Programa Nacional de Becas Bicentenario, se buscó estimular el acceso de jóvenes provenientes de bajos ingresos a carreras científicas tecnológicas, en Universidades Nacionales, Institutos de Formación Técnica o profesorados dependientes del INET o del INFD, consideradas estratégicas para el desarrollo económico y productivo del país. Se buscó incentivar la permanencia y la finalización de los estudios de grado y de las tecnicaturas en estos campos claves para el desarrollo.

Durante el año 2003 se otorgaron 2.726 becas, mientras que en el año 2013 el número ascendió a 47.296 becas. En el año 2003 se destinaron $ 6.810.000 pesos a becas, en tanto que en el 2013 se superaron los $ 260 millones, demostrando las claras intenciones de un Estado presente en materia de inclusión educativa.

Esta política de becas, destinada a generar condiciones de igualdad, se enmarca en una decisión de Estado mucho mayor. La creación de 15 nuevas universidades en todo el país, buscó acercar la oferta de nivel superior a aquellos lugares, en donde aún la oferta era escasa o nula.

Todo esto generó un importante crecimiento en la matrícula universitaria. En el año 2001 el país tenía 1.412.999 estudiantes universitarios; en el año 2013 esa cifra creció a 1.912.406 estudiantes, lo que representa un incremento del 35% de la población estudiantil universitaria, con más de 499.000 nuevos estudiantes universitarios en la Argentina, de los cuales el 78% estudian en universidades públicas y el 22% en universidades de gestión privada, convirtiendo a la Argentina en uno de los países de América con mayor acceso a la educación universitaria en universidades públicas.

De esta manera la educación superior universitaria pasó a transformarse en motor de movilidad social ascendente, permitiendo el acceso y la permanencia a sectores que hasta ahora se encontraban relegados del nivel, que estuvo en relación con los múltiples derechos garantizados durante el período 2003 - 2015.

Sin embargo, actualmente vemos con preocupación el deterioro en el financiamiento destinado a la Educación Superior por parte del Gobierno, producto de las condiciones económicas vigentes con altos niveles inflacionarios y decrecimiento del PBI, donde el aumento en las tarifas de los servicios públicos tiene un fuerte impacto en el funcionamiento de las instituciones universitarias que cumplen un importante papel en el campo de la investigación científica y en el sostenimiento de una serie de servicios sociales a partir de las actividades de extensión. Decíamos entonces, que esto afecta directamente su estabilidad presupuestaria ya que dichos aumentos no estaban contemplados en los presupuestos aprobados en el año 2015.

A modo de ejemplo, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Plata, tuvo un aumento sólo en el caso de la electricidad del 400%, pasando de pagar 60.000 pesos en marzo del 2015 a 250.000 el mes pasado; la Facultad de Ciencias Económicas, lo tuvo del 278% pasando de pagar 50.000 a 150.000; la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, lo tuvo del 200%.

Por su parte, la Universidad Nacional de la Matanza tuvo aumentos de electricidad del 600%, pasó de pagar 100 mil a 711 mil pesos y la Universidad Nacional de la Rioja tuvo un incremento del 300%.

También en la Universidad de Buenos Aires se registraron incrementos en las tarifas de electricidad de 7 millones a 80 millones según declaraciones periodísticas del Decano de la Facultad de Ciencias Sociales.

Sabemos que muchas instituciones no podrán afrontar los incrementos tarifarios en los servicios públicos de electricidad, gas y agua, debiendo acotar los horarios de cursada y hasta inclusive poniendo en riesgo la finalidad del ciclo lectivo. Esto afecta directamente a los miles de estudiantes que se han incorporado al nivel de educación superior, cercenando el derecho constitucional a la educación.

En síntesis, en virtud de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en relación a la quita de subsidios al sector energético, las Universidades Nacionales, Provinciales e Institutos Universitarios han visto incrementado el valor de las tarifas de sus servicios públicos entre un 300 y un 600%, poniendo en riesgo su funcionamiento y la continuidad de sus actividades.

Por los motivos expuestos, y porque creemos fervientemente que esta iniciativa protege el derecho a la educación de miles de argentinos que lograron acceder a la educación universitaria en estos últimos 12 años, y que esto aporta al desarrollo y la soberanía nacional, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Ley.