1-Expresar su profunda preocupación por la situación denunciada en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la Sra. Presidenta de la República Federativa de Brasil, a la que definió como ‘un golpe de Estado’ en marcha en el vecino país, y un ‘grave retroceso para la Democracia’ en la región.

2-Exhortar al Poder Ejecutivo Nacional para que a través de los mecanismos pertinentes acompañe tal denuncia tanto en el MERCOSUR cuanto en la UNASUR, defendiendo la plena institucionalidad democrática y el respeto irrestricto a la voluntad popular que consagrara por más de 54 millones de votos a la referida mandataria, y active la inmediata aplicación de la cláusula democrática para el supuesto de que aquella amenaza no cesara o, en su caso, se concretara.

Señor presidente:

La grave situación institucional que atraviesa la hermana República Federativa de Brasil, con lo que la Presidenta democrática de dicho país hermano ha definido como un ‘golpe de Estado en marcha’ y un ‘grave retroceso para la Democracia’ en la región, nada menos que en el ámbito de las Naciones Unidas, tras participar días atrás de la ceremonia del Acuerdo de París, en la sede de dicha organización en Nueva York, debe movernos en forma inmediata a activar todos los mecanismos protectorios de la estabilidad democrática en nuestro hemisferio, y particularmente en Latinoamérica.

Los Estados Sociales nacidos al amparo de las movilizaciones populares contrarias a los fracasados intentos de perpetuación de las políticas neoliberales de los años ’90, están siendo sometidos a fuertes embates por los mismos sectores que anhelan hoy desde esas posiciones y pensamientos volver a avasallar los derechos de los pueblos, consagrados y ampliados por los procesos políticos de crecimiento con inclusión y distribución equitativa de la riqueza que aquellos implementaron en países como la Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia y Venezuela, entro otros.

Tales intentos ya han dado parcialmente sus frutos en nuestro país a partir de las últimas elecciones presidenciales, dando comienzo a un fenomenal y fatídico retroceso en materia de derechos económicos y sociales para los sectores más vulnerables de la población, con una brutal devaluación superior al 40% , y un ajuste de precios y tarifas de proporciones casi inéditas en la historia argentina, en un marco de despidos indiscriminados en el ámbito Estatal y en el privado, que han llevado a un exponencial aumento de la pobreza y de la indigencia en poco más de tres meses de gobierno, generando según datos del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina –UCA-no precisamente un bastión de los gobiernos progresistas o de izquierda- casi 2.100.000 pobres más y unos 500.000 nuevos indigentes en el mapa demográfico y económico de la Argentina.

Ello como contracara de una obscena transferencia de recursos hacia los sectores de poder económico más concentrado, con eliminación llana o baja de retenciones para los sectores agroexportadores y de industrias mineras, entre otros, y a favor de las empresas privatizadas en los ’90 que prestan servicios públicos esenciales como la energía –electricidad, petróleo, el gas- cuyo costo se ha tornado inalcanzable para un gran sector de la población, hundiendo en la impotencia y condenando a su cierre a numerosas PYMES, y con ello dejando en la calle a los miles de trabajadores a los que las mismas le proveen empleos.

La embestida de los sectores neoliberales y neoconservadores contrarios a las políticas inclusivas y populares de los sucesivos gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasil, apunta a consagrar el empoderamiento de quienes aseguren similares inequidades para sus habitantes.

La situación que se vive en el vecino país, es sumamente grave ya que con el argumento de una pretendida inconsistencia presupuestaria de la Presidenta Dilma Rousseff , que ni siquiera constituye una acusación de corrupción o de algún otro comportamiento de características similares, y mediante el mecanismo del ‘impeachment’, se pretende desplazar del gobierno a quien fuera elegida por una amplia mayoría de más de 54 millones de ciudadanos brasileros, reemplazándola por quien hoy desde la vicepresidencia de la Nación – Michel Temer- apunta a su destitución , a pesar de que en encuestas recientes recibió menos del 2% de aprobación y en la única oportunidad en que se presentó como candidato por su cuenta, recibió apenas 100.000 votos –año 2006-.

El que promueve su destitución desde la Cámara de Diputados, es el presidente de dicho Cuerpo, Eduardo Cunha, quien fuera procesado por la Corte de dicho país por haber ocultado en Suiza cinco millones de dólares cobrados en presuntos sobornos para facilitar contratos en Petrobras.

Los antecedentes de los principales conspiradores contra el gobierno popular de Rousseff, y sus pertenencias ideológico-partidarias, no auguran precisamente el mejor de los futuros para los sectores más vulnerables de la hermana República y su embate destituyente se inscribe en la nueva política hegemónica de los ‘golpes blandos o pseudo-institucionales’, como el que le dieran a Zelaya en Honduras y a Lugo en Paraguay.

La Presidenta de Brasil ya ha obtenido el apoyo de la OEA, la UNASUR , la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS y la COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (CEPAL-ONU), entre otros órganos plurilaterales del mayor prestigio y representatividad regional e internacional, y ha declarado que busca el inmediato apoyo del MERCOSUR, con el apercibimiento de la aplicación de la ‘cláusula democrática’ –suspensión de Brasil como miembro de dicha organización-, para el supuesto de que finalmente se concrete su separación, aún provisional, del cargo que por mandato popular hoy ocupa.

Por tales razones parece, más que oportuno, ineludible e imperioso, expresar la profunda preocupación de este Cuerpo por el proceso destituyente denunciado y exhortar al Gobierno Nacional, que se ha apresurado a cuestionar a los representantes democráticos de la República Bolivariana de Venezuela, a que con similar ímpetu promueva en el ámbito del MERCOSUR y la UNASUR los mecanismos tendientes a desalentar y desactivar el ilegítimo derrocamiento en curso, y promover en su caso la ‘cláusula democrática’, tal como lo ha requerido la propia mandataria brasilera.

Pido para ello el acompañamiento de mis pares, a fin de aprobar el presente proyecto.