REPUDIO ANTE LA PREOCUPANTE VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS QUE IMPLICA EL ACTUAL CUADRO TARIFARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Declarar su más enérgico repudio ante la preocupante vulneración de los derechos humanos a los ciudadanos y ciudadanas argentinas que implica el actual cuadro tarifario de servicios públicos.

Señor presidente:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocida como parte de nuestra Constitución Nacional tras la reforma del año 1994, reza en su artículo 22 que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad” y en su artículo 25 dicta que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

A su vez, nuestra Constitución Nacional establece que los ciudadanos y ciudadanas tienen determinados derechos al consumidor como lo expresa en su artículo 42 “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.

Desde la asunción de su gobierno en diciembre del 2015, la administración de Mauricio Macri desarrolló una política en relación a los servicios públicos de luz, agua y gas que trajo aparejadas severas complicaciones para los usuarios.

En su política de reducir los subsidios que las empresas de servicios recibían por parte del Estado, verdadera política de inclusión y desarrollo económico planteada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de Cambiemos terminó por descargar el peso de este ajuste en las tarifas que pagan mes a mes los argentinos y argentinas.

Si tomamos para ejemplificar los datos estadísticos que brinda el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires, el aumento en la tarifa de electricidad entre los años 2015 y 2017 fue de un 562%. El aumento de agua en el mismo período fue de 338% y el de gas de 223%.

La consiguiente dolarización de las tarifas y la importante devaluación que nuestra moneda nacional vivió desde el segundo semestre del 2018 hasta la actualidad, han profundizado esta problemática pudiéndose estimar que para fin del mandato del presidente Mauricio Macri la suba acumulada en servicios públicos superará más del 3500%.

Lejos de poder recuperar poder adquisitivo, los aumentos de salarios producto de las paritarias laborales corren muy por debajo de la inflación.

La situación social que atraviesan las familias que están bajo la línea de pobreza y de un importante sector de las clases medias, es cada día de mayor vulnerabilidad, donde muchas familias deben elegir no pagar la luz o el gas para poder garantizar la comida.

Es imprescindible que se puedan generar políticas de emergencia, que congelen tarifas, permitan la recuperación del poder adquisitivo del pueblo y pongan un freno a esta flagrante violación de los derechos humanos.

Por lo expuesto es que solicito a las Sras. y Sres. Diputados el acompañamiento del presente proyecto de resolución.