Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y 204 del Reglamento para que por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y demás organismos competentes en la materia, informen a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación acerca de diferentes aspectos relacionados con el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017-2019) de acuerdo a los siguientes puntos:

1) Fecha de inicio de las actuaciones contempladas en el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017-2019).

2) Efectos logrados en el primer trimestre del año 2017 del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017-2019) en materia de femicidios y otras formas de violencia contra las mujeres.

3) Estado de ejecución presupuestaria del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017-2019).

4) Nivel de ejecución total del Presupuesto Asignado al Consejo Nacional de las Mujeres para el primer trimestre de 2017.

5) Detalle de otras Políticas Públicas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales llevadas a cabo por otros organismos de competencia nacional durante el primer trimestre de 2017.

Señor presidente:

El martes 26 de julio el Presidente presentó el Plan para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, junto a la directora del Consejo Nacional de Mujeres, Fabiana Tuñez.

El plan lanzado por Mauricio Macri incluye 69 medidas y 137 acciones para asistir integralmente a las mujeres en situación de violencia.

Sin embargo, es poca la información concreta sobre el desarrollo del plan a la que tiene acceso el conjunto de la población que ha movilizado masivamente en dos jornadas por Ni Una Menos y también de las organizaciones de mujeres que constantemente llevan adelante un compromiso por terminar con este flagelo social.

El avance de los niveles de pobreza, la desocupación, la crisis social provocada por medidas de ajuste del gobierno, la criminalización constante de las mujeres que luchan contra este panorama en protestas callejeras, sindicales, como también las mujeres que son víctimas de la criminalización del Estado por abortos espontáneos (caso Belén) o inducidos en los ingresos hospitalarios, configuran una marcada violencia con responsabilidades políticas y gubernamentales.

Estos tipos de hechos aberrantes deberían tener un profundo análisis por parte de nuestra sociedad que claramente tiene muy arraigada una matriz patriarcal y es sumamente importante que de una vez por todas se comprenda la igualdad que existe entre el hombre y la mujer.

Es por eso que es determinante para el correcto abordaje de todas estas temáticas que los representantes de esta Honorable Cámara cuenten con la debida información en cuanto al desarrollo de las políticas públicas orientadas a la reducción de estos flagelos para así poder identificar posibles puntos de mejora de nuestra legislación actual.

En cuanto al 2016 un total de 271 femicidios fueron perpetrados en el país en 11 meses, reportó Registro Nacional de Femicidios de MuMaLá, y sostuvo que octubre del 2016, cuando se cometió un asesinato cada 20 horas, fue el mes con mayor número de muertes por violencia de género.

La organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) manifestó en un informe, difundido en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que entre el 1 de enero y el 20 de noviembre se registró un femicidio cada 30 horas en el país.

El relevamiento manifestó que en ese tiempo se perpetraron 271 femicidios (12 femicidios vinculados de mujeres y niñas, y 26 femicidios vinculados de hombres y niños) y ocho travesticidios.

El 42% de las víctimas de femicidios tenía hijos y, como consecuencia de los asesinatos de mujeres, 249 niños quedaron huérfanos.

El informe sostuvo que el 75% de los femicidios fueron cometidos por hombres del círculo íntimo de las víctimas, el 12% por personas que conocían, el 3% por extraños y en un 10% de los casos no se tuvieron datos.

El 17% de las víctimas de femicidios había realizado denuncias por violencia de género y el 10% tenía medidas de protección contra sus agresores.

La franja etaria de entre 21 y 50 años concentra el 52% de los femicidios registrados, destaca el estudio. El 68% de los agresores tenía entre 19 y 60 años.

El 58% de los femicidios se cometió en la vivienda de la víctima, 35% en la vía pública, 3% en la vivienda de un familiar, 2% en la casa del agresor y 2% en casas deshabitadas, trabajo de la víctima y albergues transitorios.

Es importante también destacar que en el contexto de la “restauración conservadora” que atraviesa el país y la región, el retorno de las políticas neoliberales viene de la mano de las políticas represivas para “contener” por la fuerza el estallido social que va generando ese mismo programa ortodoxo. En Argentina, la llegada al Gobierno Nacional y al Gobierno de la Provincia de Jujuy de la alianza Cambiemos, de la mano de Mauricio Macri (PRO) y Gerardo Morales (UCR) respectivamente, tuvo como primera consecuencia la detención ilegal de la dirigente social Milagro Sala, líder de la organización territorial “Tupac Amaru”. Milagro se encuentra detenida hace más de un año y afronta múltiples juicios originados en causas truchas armadas desde el Poder Ejecutivo provincial. Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) se han pronunciado formalmente a favor de su liberación inmediata y el cese de su persecución política. Los organismos de Derechos Humanos y varios Premios Nobel de la Paz han reclamado al Gobernador Morales y al Presidente Macri su liberación en sintonía con la ONU y la OEA. Sin embargo, Milagro sigue detenida de manera irregular violándose todos sus derechos constitucionales.

Por ultimo quiero recordar también que la actuación del Consejo Nacional de las Mujeres en este caso ha resultado por lo menos sigilosa, ya que no se ha sabido de que medidas a tomado para determinar o no si se trata de un caso de violencia institucional o política, así como tampoco se ha oído su voz sobre las diversas formas de violencia política, mediática y judicial que padece nuestra ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner constituyendo un caso emblema de los obstáculos que deben enfrentar las mujeres que se atreven a detentar poder político.

Por todos estos motivos, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.