Manifestar su categórico repudio al intento de proscripción política de Luiz Inácio Lula Da Silva llevado adelante por sectores de las instituciones judiciales de Brasil.

Manifestar asimismo el compromiso con la plena vigencia de la Democracia cuyo fortalecimiento es uno de los objetivos acordados en el Tratado Constitutivo de la UNASUR y cuya protección es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración según se pactara en el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur la República de Bolivia y la República de Chile.

Señor presidente:

En el día de ayer, al demandar la encarcelación del ex Presidente Lula Da Silva, sectores de las instituciones judiciales brasileras continuaron con la avanzada antidemocrática cuyo objetivo es impedir al pueblo brasilero ejercer su derecho a votar un gobierno popular.

Esta decisión judicial es un paso más en el proceso de proscripción del Lulismo que tuvo como grave hito la ilegítima destitución de la Presidenta Dilma Rousseff a través un golpe parlamentario en agosto de 2016.

El marco judicial que rodea las acciones no logra esconder la voluntad política de proscribir un gobierno que sacó a más de 30 millones de personas de la pobreza, hizo crecer durante más de 10 años la economía brasilera y dió a ese país un liderazgo internacional incuestionable.

Desde un punto de vista jurídico, es necesario decir que el proceso en el que se condenó a Lula, bajo el cargo de corrupción y lavado de dinero – en función de la titularidad de un inmueble en Guarujá, en el Estado de San Pablo, del que nunca fue propietario- no consideró los principios elementales que según el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos deben guiar el debido proceso. En lo que respecta a la instrucción, se utilizaron pocas pruebas substantivas y se recogieron pruebas ilícitas; hubo en varios casos conducciones forzadas a declarar y testimonios prestados bajo modalidades coercitivas alejadas de los procedimientos habituales; buena parte de los indicios vinieron de “arrepentidos” que llevaban varios meses de reclusión; fue notoria y alevosa la arbitrariedad del Juez Sergio Moro con el principio de la publicidad de los actos judiciales, abusando de su exposición de una forma notable, aprovechando la maniobra para perjudicar a Lula; además de la permanente evasión sobre el principio de inocencia, precisamente algo que volvía a considerarse con el habeas corpus tratado por el Supremo Tribunal Federal (STF) que allanó el camino al pedido de detención de Lula.

Estas circunstancias nos ponen frente a una clara desconstitución de la voluntad mayoritaria, una violación a su soberanía y, en definitiva, un rechazo a la condición misma de ciudadano de los habitantes de Brasil. Al violarse los presupuestos elementales de la observancia del debido proceso legal en lo que respecta a un caso de tan grave importancia institucional -que podría impedir el derecho a ser candidato al mayor líder político del Brasil- puede afirmarse que hay una verdadera alteración del Estado de derecho.

Es importante recordar, por otro lado, que con la República Federativa del Brasil la Argentina comparte numerosos organismos internacionales que hacen del respeto de la democracia uno de los ejes fundamentales de su organización. Así es que, por ejemplo, el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) establece en su artículo 2 que uno de sus objetivos es el fortalecimiento de la democracia. Por su parte, la Carta de de la Organización de los Estados Americanos (OEA) establece entre sus principios que “la solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa.” Finalmente, en el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur la República de Bolivia y la República de Chile se acordó que “la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Partes del presente Protocolo.”

Desde un punto de vista político, este avance antidemocrático y antipopular debe ser enmarcado en un contexto regional más amplio de utilización de la institución judicial o de formalismos jurídicos como instrumento para la acción política. La Argentina es, desde diciembre 2015, un caso testigo de esta estrategia que ha provocado la prisión política de importantes dirigentes y la permanente amenaza de prisión de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo sucedido en Paraguay con Lugo en 2012, en Honduras con Zelaya en 2009, las falsas acusaciones contra Evo Morales son algunos de los ejemplos más claros de cómo se expresa este fenómeno en la región.

La estrategia de judicialización coincide, además, con un nuevo avance de la derecha neoliberal que, guiada por una mirada dogmática de la economía es absolutamente indiferente a los intereses populares. Para el neoliberalismo se trata de aplicar un programa económico independientemente de que este beneficie o perjudique a los sectores mayoritarios. Para ello es necesario eliminar de la disputa política cualquier expresión que se aparte de esa dogmática. La institución judicial viene en muchos casos a servir estos intereses.

Finalmente como diputado miembro de un partido que ha sufrido la proscripción política de su máximo líder, Juan Domingo Perón, no puedo dejar de solidarizarme con Lula y todos los sectores que lo apoyan. La proscripción política nunca logrará apagar las ideas que Lula ha representado y continúa representando. La experiencia histórica Argentina debería además incentivar una toma de posiciones responsable por parte del Gobierno Argentino que, como fuera dicho, comparte espacios de cooperación con Brasil como la OEA, el MERCOSUR y la UNASUR que hacen del respeto de la democracia uno de sus ejes fundamentales de su organización.