ARTICULO 1°: El Poder Ejecutivo, en cumplimiento al Artículo 10° de la Ley N° 26.075 y en resguardo del derecho de los/as docentes de todo el sistema educativo a la negociación colectiva nacional y jurisdiccional consagrado en el Artículo 67 inciso l) de la Ley N° 26.206 de Educación Nacional; convocará en el plazo de cinco (5) días a contar desde la sanción de la presente, al Consejo Federal de Educación y a las entidades gremiales docentes con representación nacional a fin de discutir el convenio marco al que refiere dicho artículo 10, que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente.

Las disposiciones de esta ley se interpretarán de conformidad con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo 87, 98 y especialmente el 154 sobre fomento de la negociación colectiva, ratificado por la ley 23.544 y los principios de autonomía de la voluntad de las partes, libertad, buena fe, justicia social, primacía de la realidad, progresividad e indemnidad.

ARTICULO 2°. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

Este proyecto de ley tiene por objeto poner fin a la emergencia en materia educativa en la que el Gobierno de la Nación nos ha sumergido ante la insólita negativa a convocar a una paritaria nacional docente, desconociendo las leyes vigentes, los derechos establecidos en la Constitución nacional y el sentido común.

El proyecto es simple: compele al Poder Ejecutivo a respetar el derecho de los/as docentes de todo el sistema educativo a la negociación colectiva nacional y jurisdiccional. Asimismo ratifica la vigencia de la ley 26.075 cuyo artículo 10 prescribe que el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Educación “… juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente”.

El incumplimiento de esta manda, contrariando el espíritu de la normativa vigente mediante argumentos amañados, ha generado una situación grave.

Por ello el Congreso, mediante este proyecto de ley, realiza una interpretación auténtica y reitera la obligación del Poder Ejecutivo de cumplir la función administrativa prescripta por la ley.

El conflicto salarial, como es notorio, se ha producido por la negativa del presidente Mauricio Macri de convocar a la paritaria nacional docente y, en suma, a asumir una política donde el Estado Nacional se desvincula de su rol rector en la educación. Una política contraria al interés nacional.

Este conflicto se ha politizado y agravado por la insólita oferta de la gobernadora María Eugenia Vidal y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, de un aumento del 18 % anual, con una cláusula de incremento en caso de que la inflación lo supere. Las ofertas de aumentos salariales sucesivas también resultaron insuficientes.

Es manifiesto que la inflación superará el 18 % anual. Y, lo que es más grave, esa “oferta” no se hace cargo del 40 % de inflación correspondiente al 2016. Menos aún de que los bienes de la canasta de un trabajador docente sufre un incremento inflacionario todavía mayor.

La politización del conflicto parece ser un objetivo de Macri y Vidal. En efecto, Clarín, el medio oficial del gobierno, dice en referencia a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires en su edición del pasado domingo 19 de marzo: “Levanta presión María Eugenia Vidal. “¿Sabés cuántas paritarias firmó Baradel? Trece. Doce de ellas durante el kirchnerismo. ¿Sabés cuántas firmé yo? Una. ¿Me podés explicar quién es más responsable de que los maestros estén bajo la línea de pobreza, como él dice?”.

La gobernadora y Clarín omiten que durante el 2016 la inflación ascendió un 40 %, afectando directamente el bolsillo de los trabajadores de la educación.

Clarín sigue construyendo un relato sobre las intenciones políticas del Gobierno: “Claro que, quizás asustados por las derivaciones posibles, varios influyentes en el Gobierno preferirían buscarle una salida rápida y suave al conflicto. Pero Vidal habla de la necesidad de debilitar al frente opositor que usa como mascarón de proa el conflicto docente. “Si el desafío es político hay que contestar con política” dice.”

¿Quién es entonces el que “politiza” una discusión salarial?¿Quién es entonces el que usa de rehén a los chicos?

El pasado 18 de marzo, el Presidente de la nación le manifestó a la señora Mirtha Legrand que los docentes merecen mejores salarios, pero que éstos los debían pagar los gobernadores. De esta manera, Macri no reconoce la Ley nacional de Financiamiento Educativo que, justamente, pone en responsabilidad del Estado nacional esta facultad para evitar que el salario del docente quede por debajo de la línea de la pobreza.

El desatino presidencial tocó un punto alto con la publicación de una foto de Hiroshima. El gesto presidencial, poco feliz, pone de manifiesto el error de su política. ¿Cree acaso Macri que el gobierno de Japón se desentendió de la educación como lo hace el que él preside? ¿Sabrá el Presidente cuál es el salario de un docente en Japón?

Frente a esta situación, el discurso de los sectores sociales que apoyan al gobierno de Mauricio Macri auspiciado por los medios dominantes ponen una queja cuando los carenciados y los sin trabajo reclaman por planes. El Gobierno, de algún modo, acepta poner recursos para ese fin. Pero se desentiende del salario docente. Los medios que se declaran alarmados por la pobreza no se escandalizan por el sueldo que se le paga al maestro de grado, que quedaría por debajo de la línea de pobreza.

El gobierno nacional, en suma, parece más preocupado por despejar la avenida 9 de Julio en la Ciudad de Buenos Aires, que por poner los alumnos en las clases en todo el país.

Así, la gestión de Macri se desentiende de la educación.

Queda claro que para el Gobierno nacional la batalla es política. Los medios oficialistas lo alientan y les atribuyen a los funcionarios comparar la discusión salarial con la gestión conservadora a fines de los ¨70 de Thatcher, quién utilizó una estrategia similar para quebrar la resistencia de los trabajadores mineros en Gran Bretaña. Vaya modelo que eligió el oficialismo. No sorprende.

El marco normativo nacional prescribe una fuerte presencia y actividad del Gobierno de la Nación. Es falso que la responsabilidad sea solo de las provincias.

El marco normativo nacional prescribe una fuerte presencia y actividad del Gobierno de la Nación. Es falso que la responsabilidad sea solo de las provincias.

Así surge de la tradición nacional que tanto invocan algunos, pero desconocen.

La educación pública fue lo que fue en la Argentina por la fuerte intervención del Gobierno de la Nación. Basta con leer la ley 1420. Hoy la normativa sigue exigiendo esa participación, a pesar del retroceso sufrido durante la dictadura militar y la gestión de Domingo Cavallo.

La ley 26.075 de Financiamiento Educativo marca una política de Estado al ratificar la atribución y deber del Gobierno de la Nación respecto de la educación pública en todo el país. A su turno, es antecedente relevante la ley 25.864, promulgada en enero de 2004, cuyo artículo 4° prescribía: “A fin de asegurar el cumplimiento del CICLO a que se refiere el artículo 1° de la presente ley, las jurisdicciones provinciales que, una vez vencidos los plazos legales y reglamentarios, pertinentes, no pudieran saldar las deudas salariales del personal docente, podrán solicitar asistencia financiera al Poder Ejecutivo Nacional que, luego de evaluar la naturaleza y las causas de las dificultades financieras que fueren invocadas como causa de tales incumplimientos, procurará brindar el financiamiento necesario para garantizar la continuidad de la actividad educativa, en la medida de sus posibilidades y en las condiciones que considere más adecuadas.”

Las leyes de Educación Nacional y de Financiamiento Educativo son claras en cuanto la responsabilidad del Estado nacional en la educación.

La frase que se ha popularizado de que este es el gobierno de los ricos para los ricos, cobra valor cuando el gobierno prioriza una fenomenal transferencia de recursos para los sectores concentrados de la economía, como la minería o la soja; cuando se instrumenta un sistema financiero que fomenta la fuga de capitales; cuando se reproducen deudas impagables que llevan a la quiebra al país y a las provincias. Y como contrapartida a esto, se le ha quitado por medio de inflación un salario entero a los docentes durante el año 2016. Este año se destruye la paritaria nacional y se imponen techos paritarios. Pero además se estigmatiza, persigue, y como quedo claro en los últimos días, también se reprime y encarcela a quienes tienen a cargo la educación de nuestros hijos.

En suma, esta ley ratifica que el Estado Nacional no es ajeno, sino actor principal en asegurar una educación pública de calidad y uniforme en todo el territorio. Los docentes son actores esenciales. Para que haya buenos docentes hay que pagarlos bien. El incentivo para que los docentes sean de calidad es que la remuneración sea justa, digna e incentive a que los mejores se dediquen a transmitir sus conocimientos y a enseñar. La paritaria nacional ha sido el instrumento mediante el cual los docentes han defendido sus derechos y su salario. La ley plasma ese derecho conquistado. Es responsabilidad de Estado cumplirlo y hacerlo cumplir.

Estamos abiertos al debate. Lo único que no podemos hacer es quedarnos callados e inmóviles ante esta situación preocupante. Mucho menos estimular la confrontación como parece que han decidido hacer Macri y Vidal. Repudiamos la ilegalidad de las acciones del gobierno nacional asi todo intento de represión sobre las manifestaciones pacíficas de nuestros docentes.

Por la gravedad y urgencia de todo lo expuesto, insto a mis colegas diputadas y diputados a que acompañen con su voto el presente proyecto.