Expresar repudio y una profunda preocupación por la suspensión a partir del 1° de abril de 2016, de los convenios celebrados entre organismos dependientes de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada y Universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza pública, ya sean nacionales, provinciales o municipales o privadas; instrumentado por el Decreto N° 336/2016 firmado por el Presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri el 10 de febrero del corriente año.

Señor presidente:

Observamos con preocupación que a través del Decreto N° 336/2016 del Poder Ejecutivo Nacional, denominado "REGISTRO DE CONVENIOS DEL ESTADO NACIONAL CON UNIVERSIDADES NACIONALES Y OTRAS ENTIDADES. CREACIÓN", en su artículo 1° se establece que "los convenios celebrados entre los organismos dependientes de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada y Universidades nacionales, provinciales o privada u otras instituciones de enseñanza pública, ya sean nacionales, provinciales o municipales o privadas (en adelante "las Universidades") cuya continuidad no haya sido expresamente solicitada hasta el 29 de febrero de 2016 por los Señores Ministros, Secretarios de la Presidencia de la Nación o los titulares de los entes descentralizados, quedan sin efecto a partir del 1° de abril del 2016".

Se solicita además en el citado artículo que "el requerimiento de continuidad o, en su caso, la firma de un nuevo convenio deberá ser solicitado por los Señores Ministros, Secretarios de Presidencia y titulares de entes descentralizados respectivos ante el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, detallando las características del programa y fundamentando su necesidad y razonabilidad".

Expresamos nuestra preocupación ya que el decreto da por sentado que para una "...gestión pública de calidad resulta indispensable la utilización eficiente y racional de los recursos públicos". Como es sabido estos preceptos son los que permitieron avanzar en recetas neoliberales fundamentando el recorte y achicamiento del Estado y en este caso impactarían en el recorte del presupuesto destinado a planes y programas que se ejecutan a través de las más de 50 Universidades nacionales.

No podemos aceptar que se utilice la noción de eficiencia a la hora de evaluar el destino de recursos públicos para áreas tan importantes como son la educación, la ciencia y la tecnología, toda vez que las nociones de eficiencia apuntan a aumentar los márgenes de productividad reduciendo los recursos invertidos. Una gestión de calidad debe ordenarse con arreglo a la obtención de los resultados planificados resultante de procesos administrativos sujetos a instancias de control y monitoreo. La gestión debe ser eficaz en su proceder y seguir un criterio de distribución de recursos de carácter universal que genere condiciones de igualdad en el acceso, para que todos aquellos ciudadanos que quieran acceder a estas áreas relevantes para el desarrollo de la nación y formación de recursos humanos puedan hacerlo.

Estos convenios han sido el instrumento para que distintas líneas vinculadas al desarrollo tecnológico, científico, académico, productivo, económico y social, cuyo aportes son fundamentales para el progreso de la Nación, puedan llevarse a cabo. Asimismo, el rol de las Universidades nacionales en la evaluación y elaboración de informes acerca de programas implementados por los distintos Ministerios nacionales, provinciales, y/o organismos de gobiernos a nivel jurisdiccional o municipal, resulta de suma importancia para la evaluación en la ejecución de políticas públicas.

Manifestamos con preocupación el posible reemplazo de la labor de las Universidades nacionales, quienes entendemos cuentan con las áreas de investigación y los recursos humanos acordes para realizar las tareas mencionadas, por consultoras privadas y organismos internacionales quienes en épocas pasadas se convirtieron en los asesores del Estado prioritarios contribuyendo con el proceso de pérdida de capacidad estatal.

Cabe aclarar que el Decreto Nº 204/2004, aún vigente, le asigna a las Universidades nacionales el carácter de consultoras preferenciales del Estado, "...ya que estas constituyen entes de reconocido prestigio profesional en cada una de sus áreas, lo cual las convierte en un calificado recurso no sólo para abordar las tareas de asesoramiento que requieren las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, sino también para las distintas contrataciones que realiza el Estado".

El hecho de dejar sin efectos los convenios vigentes con Universidades nacionales, va en detrimento de la autonomía en la evaluación de la implementación de políticas públicas, así como también la implementación de proyectos tecnológicos, productivos, sociales, entre otros, cuyo aporte es de suma importancia para el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

Entendemos que los convenios a los que se hace referencia en el decreto, son de muy diversa índole, nos preocupa que no se aclare cuáles serán los criterios de evaluación a utilizar por el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS para definir la continuidad o no de los mismos.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores y señoras diputados y diputadas el acompañamiento del presente proyecto.