Declarar su más enérgico repudio a las declaraciones vertidas por el Director General de Aduanas Juan José Gómez Centurión en el programa “Debo Decir” el día 29 de enero de 2017, en las cuáles vuelve a poner en discusión sobre el número de desaparecidos y niega que en la última Dictadura Civíco-Militar hubiera un plan sistemático de secuestro y desaparición de personas.

Señor presidente:

Cada vez nos sorprende menos el intento del Poder Ejecutivo Nacional de producir un debilitamiento del consenso social que lograron tener las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Una nueva declaración oficial, que se encadena a otras anteriores así como a gestos oficiales, vuelve a la carga contra una de las partes más sensible de nuestra historia, hechos que están siendo juzgados y demostrados gracias a la valentía y tenacidad de los luchadores populares.

Podemos a esta altura señalar sin temor a equivocarnos que para la Alianza gobernante las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en el mejor de los casos no ocupan lugar alguno en su narrativa gubernamental (el propio Presidente fue muy ilustrativo cuando respondió “ni idea” a una pregunta sobre el tema), y en el peor, cuando realmente sus funcionarios muestran su pensamiento profundo vemos su desprecio (“los Derechos Humanos son un curro”, como dijo el Presidente antes de asumir), niegan la realidad incontrastable de la represión ilegal (“no hubo un plan sistemático”, Gómez Centurión) o una combinación de ambas, negación y desprecio en partes iguales: “los desaparecidos no fueron 30.000, inventaron esa cifra en una mesa para cobrar subsidios”, como dijo el inefable ex vocero de Fernando De la Rúa en tiempos de la primer Alianza.

Lo de Gómez Centurión es sólo un eslabón más de esa cadena. Que exhibe una particular fragilidad argumental: si no hubo plan sistemático ello implicó necesariamente que no hubieron órdenes unificadas y entonces no se entiende por qué el movimiento golpista carapintada –del que fue parte- con el objetivo declamado de “proteger” (en realidad lograr la impunidad) de los cuadros medios del Ejército le arrancó al gobierno constitucional de Raúl Alfonsín la sanción de la ley de obediencia debida, ¿A quién le debían obediencia si no había plan alguno?

Por lo cual creemos sumamente necesario la expresión institucional de esta Honorable Cámara en rechazo a este tipo de expresiones que no hacen más que dañar las víctimas del terrorismo de Estado en particular, a todo el pueblo argentino en general que fue víctima de la política represiva para implementar un plan económico de concentración en mano de unos pocos y esconde una intención firme de destruir todo lo logrado en el avance de la conciencia popular de más Memoria, Verdad y Justicia para lograr el futuro que queremos para nuestra amada República Argentina.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.