Artículo 1°: Dejase sin efecto el “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado ante Manifestaciones en Espacios Públicos” suscripto por el Ministerio de Seguridad de la Nación el 17 de febrero de 2016.

Artículo 2: Comuníquese al Poder Ejecutivo de la Nación.

Señor presidente:

El presente proyecto de ley propone la derogación del "Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas", presentado por la actual Ministra de Seguridad de la Nación, Lic. Patricia Bullrich, en la reunión del Consejo de Seguridad Interior el pasado 17 de febrero de 2016.

Creemos que tal protocolo representa un retroceso frente a los principios de actuación alcanzados durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en los cuales se fijaron parámetros y directrices para la actuación de las fuerzas de seguridad frente a la protesta social donde prevalecían el respeto y la protección por los derechos fundamentales de las personas por sobre el uso de la violencia institucional y la restauración del orden a cualquier precio.

Estamos de acuerdo con que es un deber del Estado garantizar y proteger la vida, la integridad física, y el patrimonio público y privado, así como también garantizar la libre circulación de personas y bienes – sea en calles, avenidas, autopistas, rutas nacionales, corredores de transporte público y de los principales accesos y avenidas centrales de los ejidos urbanos y rurales. Sin embargo, creemos que la metodología para el cumplimiento de tales objetivos debe ser resultado de un trabajo en conjunto con las distintas fuerzas políticas y movimientos sociales de nuestro país y no la imposición unilateral por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Ratificamos nuestro acuerdo con los criterios expuestos en el "Acuerdo para una política de seguridad democrática" suscripto por amplios sectores políticos en el año 2009, cuyo punto 7 acuerda que se debe asegurar un uso de la fuerza pública en forma proporcional, racional y subsidiaria y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.

En un contexto nacional en el que se están implementando políticas económicas antipopulares, de endeudamiento público, desempleo, aumento de los bienes de primera necesidad, quita de subsidios y consecuente aumento de tarifas energéticas y ante una preocupante falta de sensibilidad por parte del gobierno nacional la vigencia de este Protocolo de actuación ante manifestaciones públicas es muy preocupante.

Debemos recordar que la intervención policial tiene una triste historia de muertos en nuestro país y se ha utilizado reiteradamente para reprimir y castigar a los participantes en marchas y movilizaciones por reclamos sociales. El triste recuerdo de los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001 y la represión a las movilizaciones sociales del 2002 siguen vigentes.

Los principios de intervención progresiva no se encuentran reflejados en el protocolo, sino todo lo contrario, se alienta una especie de notificación ficta de desalojo, para acto seguido quedar autorizados a la detención que obviamente se realizará mediando violencia, lo que conducirá al empleo sistemático e inmediato de la fuerza.

Reafirmamos la metodología del diálogo político, pues ésta no es solo una cuestión policial sino un conflicto más amplio, de contenido social.

El Estado debe ser el principal responsable de impulsar el diálogo y de asegurar las garantías constitucionales en juego, máxime cuando se trata de la regulación del ejercicio de la fuerza pública.

La regulación de las manifestaciones públicas debe tener en miras, siempre, facilitar el derecho de reunión pacífica y no criminalizar la protesta social, atendiendo al cuidado de las personas y el reordenamiento del tránsito que sólo puede disponerse en función del primer objetivo, que es el cuidado de las personas.

Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.