Declarar de interés de la Honorable Cámara, el cumplimiento del programa HO.GAR (hogares con garrafas) implementado en el territorio nacional desde 2015 y, exhortar al Ministro de Energía Juan José Aranguren a dar explicaciones sobre los aumentos en la industria del GLP y las acciones a realizarse para actualizar el subsidio de dicho programa.

Señor presidente:

Hogares con Garrafa (HO.GAR) es un Programa federal de subsidios del Estado Nacional, una verdadera política de inclusión energética, cuyo objetivo central es garantizar el derecho a un servicio público básico, como es el gas, a familias de bajos recursos que viven en zonas sin abastecimiento de red domiciliaria o desconectadas de la misma, o viviendas de uso social o comunitario.

A su vez, para acceder a este subsidio, se consideran los ingresos familiares y la presencia, en los Hogares, de personas con alguna discapacidad.

Cabe señalar que, entre los servicios básicos, el acceso al gas a través de una red domiciliaria está entre los más costosos en términos de infraestructura y los que muestran las mayores desigualdades territoriales históricas que nuestro país ha sufrido. Los datos del último Censo Nacional de Población, Viviendas y Hogares nos muestran cómo ha mejorado este acceso entre 2001 y 2010 en más de un 20%. Sin embargo, al año 2010, apenas el 51,2% de la población de nuestro país accedía al gas a través de red domiciliaria. Frente a esos más de 20 millones de personas en viviendas particulares que sí tienen acceso a la red, más de 16 millones de argentinos y argentinas en todo el país tenían gas por garrafa. De ahí la importancia del Programa a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, en especial teniendo en consideración que aún 3 provincias del Noreste de nuestro país no tienen red de gas domiciliaria (Misiones, Chaco y Corrientes) y una cuarta (Formosa) recién lo ha empezado a distribuir en estos últimos 5 años. Aún con obras de infraestructura planificadas, no son soluciones inmediatas para las necesidades perentorias de acceso actual a este servicio. En este sentido, el Programa busca dar una solución redistributiva y federal que beneficie a las familias de menores ingresos en su vida cotidiana y a los territorios más relegados históricamente a la hora de inversión en infraestructura. A su vez, busca garantizar el acceso al servicio en ciudades en expansión y territorios rurales o aislados.

El subsidio está dirigido a familias de bajo recursos o viviendas de uso social o comunitario, que consuman GLP envasado en garrafas de 10, 12 o 15 kg que cumplan con los siguientes requisitos:

• Residan o se encuentren ubicadas en zonas no abastecidas por el servicio de gas por redes o no se encuentren conectados a la red de distribución de su localidad.

• Tengan recursos inferiores a 2 salarios mínimo, vital y móvil (SMVM) o a 3 SMVM para Hogares con algún integrante con certificado único de discapacidad (CUD) emitido por la autoridad competente. Si residen en la Región Patagónica, los recursos deben ser inferiores a 2,8 salarios mínimo vital y móvil (SMVM), o a 4,2 SMVM para Hogares con algún integrante con CUD emitido por la autoridad competente.

Sólo se puede cobrar un subsidio por domicilio y este se acredita en una cuenta bancaria o boca de pago asignada por ANSES, el cual abona desde el sexto día hábil del mes y por orden, en relación al número final del CUIL, del 0 en adelante. De esta manera, las personas reciben $77 por garrafa de 10 kg, la cual debe estar a la venta a no más de $97 , lo que significa que cada HO.GAR estaría pagando, como máximo, en $20 la garrafa de 10kg y un proporcional para las de 12 y 15 kg. El monto total que recibe cada familia o vivienda por mes depende, a su vez, de la cantidad de personas que viven allí y de la provincia, según un consumo máximo calculado por la Secretaría de Energía. Para los casos de la Región Patagónica, la Puna y Malargüe hay una diferenciación, a su vez, entre verano e invierno.

Durante el 2015 y con el fin de garantizar el acceso en las condiciones previamente establecidas, la SEN (hoy Ministerio de Energía) controló a fraccionadores y distribuidores, ya no sólo respecto a la seguridad, sino para asegurar precios y abastecimiento. A su vez, el Programa articuló con la Secretaria de Comercio y las Direcciones provinciales de Defensa del Consumidor para realizar controles en comercios minoristas. En casos de incumplimiento, se pudieron establecer sanciones y multas. También, se pusieron en marcha otros instrumentos para corregir situaciones de desabastecimiento o problemas con los precios.

Estos últimos meses ha sido considerable el aumento que sufrieron los consumidores del GLP, llegando en algunos casos hasta los $200 o más en muchas provincias y se ha visualizado un alto grado de dificultad para acceder a este servicio. Es importante que se revean estas situaciones que comprometen y vulneran derechos esenciales en la ciudadanía.

Por las razones expuestas, señor Presidente, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente proyecto.