La Cámara de Diputados de la Nación resuelve instar al PODER EJECUTIVO NACIONAL a que informe:

a) El contenido del ACUERDO DE REGULARIZACIÓN DE OBLIGACIONES PARA LAS TRANSFERENCIA DE LAS CONCESIONARIAS A LAS JURISDICCIONES LOCALES firmado el 10 de mayo entre autoridades del gobierno nacional y los representantes de las distribuidoras Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDENOR) y Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (EDESUR).

b) Las razones por las que no fue hecho público el ACUERDO.

c) El detalle desagregado del Activo y Pasivo regulatorio.

d) Cuáles fueron las áreas técnicas intervinientes del ENRE en la estimación de la deuda.

e) Las fórmulas de cálculo y los datos de base para la estimación de las deudas que tendría el Estado Nacional con las distribuidoras por el período entre 1 de noviembre de 2005 y 31 de enero de 2016.

f) Las deudas de las empresas distribuidoras con el Estado Nacional y con la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA).

Asimismo convoque a Audiencia Pública para permitir que los usuarios puedan expresar su opinión sobre dicho Acuerdo.

Señor presidente:

El presente proyecto responde a la necesidad de tener precisiones acerca del acuerdo firmado el 10 de mayo entre la Secretaría de Energía y las distribuidoras de energía eléctrica EDENOR Y EDESUR.

El Acuerdo de Regularización de Obligaciones fue firmado por el Secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, el Secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, Juan Antonio Garade, Ricardo Alejandro Torres por EDENOR y Juan Carlos Blanco por EDESUR.

Según información periodística se habría llegado a un acuerdo de conciliación de deudas por el que el Estado Nacional reconocería sumas adeudadas a las distribuidoras en concepto de readecuaciones tarifarias pendientes desde el año 2006. De acuerdo a estas fuentes el acuerdo firmado daría cuenta de dos metodologías de cálculo: una metodología de estimación denominada Mecanismo de Monitoreo de Costos (MMC) por la que se reconoce una deuda de $ 44 mil millones y otra metodología denominada polinómica de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) por la que se llega a la cifra de $ 102.000 millones.

Esas deudas se compensarían con las que mantienen las empresas con el Estado debido a multas impuestas por el ENRE, préstamos para inversiones otorgados por CAMMESA, deuda por pago de energía a CAMMESA, entre otras.

Se trata de cifras muy importantes para el erario público nacional. Es menester contar con la información detallada acerca de la razonabilidad de la medida y sus fundamentos.

Más aún cuando los titulares y/o controlantes de las empresas mencionadas son personas muy cercanas a las máximas autoridades de la Nación. Es menester por ende alejar todo tipo de suspicacia sobre la naturaleza de la operación en cuestión.

Cabe destacar que uno de los firmantes del Acuerdo por parte del Estado es Juan Garade (Secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico), quien fue gerente de Planificación Económica de Edenor entre 1992 y 1998 y director de Planificación, Control y Regulación de la empresa Edesur entre 2001 y 2012. El fenómeno de “puerta giratoria” entre empresas y gobierno es ostensible. El PEN debe obrar con transparencia.

Con posterioridad a la firma del Acuerdo, el 14 de junio de 2019 la Asamblea extraordinaria de accionistas de EDESUR S.A. aprobó los acuerdos mencionados y asimismo aprobó la renuncia y el desistimiento de derechos, acciones y reclamos administrativos, judiciales, extrajudiciales o arbitrales en la República Argentina, en el Extranjero y en el ámbito internacional en relación con cuestiones tarifarias vinculadas con el período de transición resultantes de los contratos de concesión y/o de las Actas acuerdo. La premura de la asamblea de accionistas por aprobar el Acuerdo da cuenta de lo beneficioso del mismo para sus intereses societarios.

Cabe recordar que el 13 de septiembre de 2018 se firmó la adenda al Pacto fiscal de 2017 donde se planteó la transferencia de las distribuidoras mencionadas a la jurisdicción de la CABA y la Provincia de Buenos Aires. Allí se dispuso:

“Que también se contempla que las distribuidoras eléctricas Empresa Distribuidora Norte SA (Edenor) y Empresa Distribuidora Sur SA (Edesur) pasen a estar sujetas a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y de la CABA. en línea con lo que ocurre con las distribuidoras eléctricas en las demás jurisdicciones.

Con esta transferencia se buscó lograr equiparar la situación del AMBA con la del resto del país y que sean las Jurisdicciones involucradas las que se hagan cargo o no del financiamiento de los subsidios tarifarios incluidos en la tarifa del servicio de electricidad y no el Estado Nacional. La asunción de estos pasivos por parte del Estado Nacional va en la dirección contraria.

La naturaleza del reconocimiento de deuda por el congelamiento de tarifas entre el 2005 y el 2016 permite interpretarlo como una Revisión Tarifaria Integral (RTI) “retroactiva”. Por ende entendemos que es necesario convocar a Audiencia Pública para brindar toda la información necesaria, permitir la participación de los usuarios y escuchar posibles objeciones a la medida.

Por todo lo expuesto es que consideramos de suma importancia contar con las respuestas correspondientes a los interrogantes aquí planteados por parte del P.E.N.