PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO. NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN.

ARTÍCULO 1: Dispónese un nuevo plazo de ejecución, a partir de la sanción de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de 2017, del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, creado por ley 26.216, prorrogado por Decreto 560 de fecha 3 de abril de 2008 y por las leyes 26.520, 26.644, 26.792 y 26.919.

ARTÍCULO 2: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

Mediante la Ley Nº 26216 se declaró la emergencia nacional en materia de tenencia, fabricación, importación, exportación, transporte, depósito, almacenamiento, tránsito internacional, registración, donación, comodato y compraventa de armas de fuego, municiones, explosivos y demás materiales controlados, registrados o no registrados, durante el término de un año, la que fuera sucesivamente prorrogada, habiendo vencido en fecha 31 de diciembre de 2015.

Mediante la citada Ley se creó el PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO, con el fin de propulsar políticas de desarme mediante acciones positivas tendientes al no uso ni tenencia de las mismas.

En tal contexto, se promovió la entrega voluntaria y anónima de las armas y municiones a cambio de incentivos, disponiéndose asimismo la destrucción de las mismas. También se dispuso la amnistía por la tenencia ilegal y la condonación de deudas existentes ante el Registro Nacional de Armas.

Mediante la Ley Nº 27.192 se creó la Agencia Nacional de Materiales Controlados, como ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con finalidades de control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos, Nº 20.429, y sus normas complementarias y modificatorias y demás normativa de aplicación. También respecto de la cooperación en el desarrollo de una política criminal en la materia y el desarrollo e implementación de políticas de prevención de la violencia armada.

El artículo 4° de la misma estableció entre sus objetivos, el desarrollo de políticas tendientes a reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada, contemplando la realización de campañas de comunicación pública; la destrucción de armamentos ilegales y el desarrollo de acciones positivas para disminuir la violencia con armas de fuego.

Se establece también la financiación de programas tendientes a la disminución del uso y proliferación de armas de fuego, la reducción de accidentes y hechos de violencia ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego, la sensibilización acerca de los riesgos de la tenencia, el uso de armas y promoción de la resolución pacífica de conflictos.

Las estadísticas informan que el 54 % de los homicidios se cometen con armas de fuego. Los estudios, oficiales y privados, señalan la alta proporción de homicidios, secuestros, entraderas y robos que se ejecutan a través de estos letales instrumentos.

Una sociedad sin armas es una sociedad con menos violencia y por eso más segura.

Por lo citado precedentemente, la vigencia de la Ley Nº 26216, prorrogada por su similar Nº 26.919, resulta de una importancia vital, a fin de la consecución de los objetivos de desarme social, mediante acciones positivas que promuevan la conciencia sobre el peligro de las mismas, por el mero hecho de su tenencia y manipulación.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.