Expresar su más enérgico repudio a la presentación de las acciones judiciales realizadas por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, y el Procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías, contra el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad (CEPIS) y cualquier Organización No Gubernamental que invoque legitimación colectiva para cuestionar la Resolución N° 74/2017 del Ministerio de Energía y Minería y las Resoluciones N° 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308 y 309 de ENARGAS.

Señor presidente:

En mi carácter de Presidente de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales, solicito que esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación exprese su más enérgico repudio a la presentación de las acciones judiciales realizadas por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman y el Procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías, contra el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad (CEPIS) y cualquier Organización No Gubernamental que invoque legitimación colectiva para cuestionar una serie de resoluciones que aplican el aumento de la tarifa de Gas.

Se trata de dos acciones judiciales: la primera de ellas, una medida cautelar autónoma (Autos “Ministerio de Ambiente de la Nación y otro c/ Cepis s/Medida Cautelar Autónoma, expediente 30065/18), donde se solicita una medida que inhiba el eventual otorgamiento de medidas cautelares de suspensión de los efectos de las resoluciones que fijan el precio de gas en la República Argentina;

La segunda de las presentaciones (Autos “Ministerio de Ambiente de la Nación y otro c/ Cepis s/Acción Declarativa de Certeza, expediente 31156/18) tiene por objeto solicitar una declaración de certeza, en los términos del artículo 322 del CPCCN contra el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad (CEPIS) y toda otra entidad o asociación que invoque legitimación colectiva para cuestionar la Resolución N° 74/2017 del Ministerio de Energía y Minería, y las Resoluciones N° 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308 y 309 de ENARGAS, a los fines de hacer cesar el estado de incertidumbre respecto de la ejecución de dichas resoluciones. El conjunto de dichas resoluciones fija el nuevo precio del Gas en la República Argentina.

La gravedad institucional de la acción que intenta llevar a cabo el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de manera conjunta con la Procuración del Tesoro, no tiene precedentes en la historia democrática argentina. Es la primera vez que un integrante del Poder Ejecutivo solicita al Poder Judicial que no revise la validez de actos normativos propios, a partir de los cuestionamientos realizados por asociaciones de ciudadanos que ejercen el derecho constitucional de peticionar por intereses difusos (Artículo 42 de la Constitución Nacional). Incluso más: exige el otorgamiento de una medida cautelar que, en los hechos, inhibe a la sociedad civil de ejercer el legítimo acceso a la justicia, tornando en letra muerta el propio artículo 43 de la CN.

El Ministro se arroga una representación que no ejerce por su cargo y se considera el representante de los intereses difusos de las generaciones por venir, obturando de tal manera todo debate democrático sobre las políticas a implementarse en la sociedad. Asimismo considera, a mi entender, de forma autoritaria, que la única participación posible de la sociedad civil y sus organizaciones se da en el procedimiento de la audiencia pública, agotando allí toda posible impugnación judicial posterior. Se afirma de este modo que la participación en las audiencias legitima las resoluciones tomadas, sin considerar los argumentos vertidos en las mismas o, lo que es peor, aceptando como válida sólo la ponderación de los mismos realizada por el Poder Ejecutivo.

En el escrito presentado, el Ministro y el Procurador confunden derechos y naturalizan una disyuntiva inexistente en el texto constitucional: la opción entre derechos patrimoniales homogéneos y derechos humanos. Como si el acceso a los servicios públicos residenciales no implicara el ejercicio de un derecho humano, y como si la única forma válida de generar un desarrollo sustentable con la protección del medio ambiente fuera un régimen tarifario que margina a la mayoría de la población en el consumo de los servicios públicos.

Este Honorable Congreso de la Nación es quien tiene la potestad de fijar, mediante la sanción de leyes, los presupuestos y los límites de las políticas públicas que lleva adelante el Poder Ejecutivo. Y esta Honorable Cámara se ha expresado a través de la media sanción a un conjunto de iniciativas legislativas, sobre los límites al aumento tarifario que el Poder Ejecutivo considera como la única herramienta para lograr el desarrollo sustentable en que piensa el Ministro de Ambiente.

Se debe enfatizar que estas presentaciones judiciales dañan un mecanismo de participación fundamental en toda sociedad democrática que es la posibilidad que tienen los ciudadanos de organizarse y defender, en el marco de los mecanismos institucionales de participación de la sociedad civil, sus intereses colectivos mediante organizaciones no gubernamentales, como es el caso del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, CEPIS.

Por estas razones, pido que acompañen este proyecto de repudio.