Citar al señor ministro de Justicia D. Germán Garavano y al señor Guido Santiago Tawil a que concurran a un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal a fin de informar y brindar las explicaciones que se les requerirán sobre la actividad de la empresa Odebrecht y las negociaciones que estaría manteniendo con el Poder Ejecutivo Nacional con relación a los ilícitos que la compañía habría realizado en la República Argentina o vinculado con residentes en nuestro país.

Señor presidente:

Desde la asunción del presidente Macri, la gestión vinculada a las grandes empresas y la Justicia se ha teñido de situaciones escandalosas.

Las operaciones del Poder Ejecutivo con un sector del Poder Judicial han superado todo lo imaginable. Desde interferir el teléfono de la ex presidenta de la Nación por meses para luego difundir sus conversaciones a pseudo periodistas, hasta solicitar los registros de sus mails y comunicaciones por los últimos cuatro años (para luego darlos a pseudo periodistas). Desde armar causas insólitas a opositores y, aun, a aliados, hasta sobreseer a las apuradas al jefe del servicio de inteligencia. Desde arreglar un acuerdo vergonzoso para beneficiar a las empresas del Grupo Económico del Presidente (caso del “Correo Argentino S.A.”) hasta una acción del propio Presidente Macri contra sí mismo en sede civil por la sociedad off shore que dirigió en Bahamas (sic). Desde operar para lograr la impunidad de los autores de delitos de lesa humanidad en el caso “Muiña” hasta gestionar que un juez federal saque con argumentos ridículos del Consejo de la Magistratura al senador Godoy, aun luego de que en esta Cámara de Diputados se le birló de modo vergonzoso un consejero a la oposición, al bloque del Frente para la Victoria. Desde realizar excavaciones dantescas en Santa Cruz hasta presentar por medio de la UIF informes falsos y amañados. Desde nombrar jueces en la Corte en comisión sin acuerdo del Senado hasta negociar con una integrante no apelar una cautelar para que se mantenga en el cargo luego de cumplir 75 años. Desde la expulsión del Procurador del Tesoro por un informe crítico de la abogacía del Estado en el caso del Correo hasta la suspensión “sine die” del trámite de ese concurso. Y la lista podría continuar….

Ahora, los medios oficialistas anuncian (preparan el terreno para) una negociación entre la firma Odebrecht con el Poder Ejecutivo.

La operación política, montada sobre una campaña de prensa, supone en un primer paso de quienes manifiestan su disgusto porque no se investigan las conexiones de Odebrecht en Argentina (pero solo algunas: no las que se vinculan al concurso de “Correo Argentino S.A.”). El segundo paso es un Macri mostrado como “valiente e incorruptible” que es capaz de “ir a fondo” aunque se salpique a sus amigos, primo y padre. El tercer paso es una negociación limitada a los 35 millones de dólares de coimas que la empresa brasileña dice haber pagado en la Argentina. La operación se colorea con la referencia “oficiosa” respecto de que el Poder Ejecutivo “ya sabe” que en los “listados” no figura Macri ni Arribas. Es decir, la operación de prensa “absuelve” a Macri antes de que la empresa informe. Conmovedor.

Pero ocurre que cuando hablaron los detenidos en Brasil que se han acogido a la “delación premiada” solo indicaron a Gustavo Arribas. El oscuro traficante de jugadores de futbol que vivió en Brasil y a quien el Presidente Macri le confirió la dirección del Servicio de Inteligencia argentino. (Por cierto, las informaciones indican, además, que el mismo Presidente Macri habría cobrado “propinas” por el pase de Carlos Tevez al club brasileño Corinthians). Nada de eso menciona La Nación, periódico que encabeza la operación de prensa.

La negociación sería entre el abogado Guido Santiago Tawil y el ministro Garavano. El abogado Tawil es uno de los letrados que más juicios promovió contra la Argentina en tribunales internacionales (CIADI) cuando el pueblo sufría en 2001 una de las mayores crisis de sus historia, y se sumían en la pobreza luego del desastre de la (anterior) Alianza, donde ocuparon cargos relevantes la ministra de Seguridad (que rebajaba el 13 % a los jubilados) o el gobernador de Jujuy, entre otros funcionarios reciclados en Cambiemos. Tawil sería, de algún, modo una suerte de “carancho” de lujo, de alto nivel, de los que gustan hacerse millonarios con las desgracias nacionales.

Lo cierto es que, independientemente de los intereses que haya defendido, hoy representa, según los medios, a la empresa que es el nuevo símbolo de la corrupción.

Y ese letrado es quien estaría negociando a puertas cerradas con el Poder Ejecutivo: con el ministro de Justicia, la encargada de la Oficina Anticorrupción (es un decir) y el nuevo Procurador del Tesoro (designado luego de echar al doctor Balbín por su informe crítico ante el escándalo del caso “Correo Argentino”, tema sobre el cual La Nación, por ejemplo, nada habla).

En suma, parecería que más que una negociación se trata de una entrevista de un abogado con su cliente, porque es el Grupo SOCMA (Sociedad Macri) el más comprometido con la corrupción de Odebrecht.

Lo que en realidad están negociando es la impunidad para el Grupo de Macri.

El Congreso no puede ser el convidado de piedra.

Queremos, para empezar, que el ministro y el abogado representante de la empresa corruptora vengan a las comisiones de Justicia y Legislación Penal a informar.

Y a contestar algunas preguntas sobre el alcance del “acuerdo” que están negociando. Entre otras cosas, ¿qué están negociando?

En la Argentina los testigos tienen obligación de decir verdad. Es un delito mentir u omitir o ser reticente. Los empresarios brasileños pueden ser citados por los jueces sin ninguna necesidad de negociación o acuerdo. Y si el Poder Ejecutivo no sigue poniendo trabas por medio de la Cancillería, los jueces brasileños deberán brindar la información que haya en las causas.

Por otro lado, se habla de los 35 millones de dólares como el único acto sobre el que Odebrecht y los empresarios argentinos deberían esclarecer. Pero esto no se agota ahí. Con solo ver los números de los negocios de esa empresa con el Grupo Macri se advierte que encubren operaciones que merecen ser esclarecidas.

Es que hay mucho sobre lo que la empresa, su apoderado Tawil y el ministro deben informar. Por ejemplo sobre la relación con el señor Arribas. O con la constructora del Grupo Macri.

Será muy interesante que la empresa, por medio de su apoderado el abogado Tawil, informe a los diputados por qué un extraño banco controlado por Odebrecht compró un crédito por cuatrocientos millones de dólares en el concurso de “Correo Argentino S.A.”.

En efecto, un banco off shore con sede en Antigua le pagó cuatrocientos millones de dólares (USD 400 M) al BID y a la CFI para adquirir el crédito de estas multilaterales verificado en el concurso.

La cifra causa escalofrío. Es más de once veces los 35 millones de dólares de los que hablan Garavano y Tawil, según La Nación.

¿Nos dirán entonces el ministro y el abogado Tawil por qué Odebrechet gastó USD 400 M en un crédito contra una empresa insolvente y luego aceptó cobrar una ínfima parte?

¿Nos explicarán si son ¨pródigos” los dueños de Odebrecht que pagan USD 400 M para cobrar monedas? ¿Le gusta perder plata a Odebrecht?

Y ninguna duda hay de que se pagaron los USD 400 M, de verdad, dólar sobre dólar, porque a nadie se le ocurre que el BID o la CFI cedan su crédito con operaciones “creativas”, dibujos o papelitos.

A esto se le suma que el Poder Ejecutivo no solo no revisó ni rescindió contratos con la Empresa sospechada, aposto más fuerte aún, al darle a una UTE -Unión Temporal de Empresas- integrada por Odebrech y Iecsa, propiedad del primo hermano del Presidente, Ángelo Calcaterra, la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 797/16 y asignándole 45 millones de dólares.

Seguramente en el marco de la audiencia, Garavano y Tawil podrán informar si, como parece, el banco off shore es un vehículo prestado por Odebrecht al Grupo Macri para realizar la compra del crédito a la CFI y BID (que por motivos institucionales y políticos debían salir del concurso de CASA) con dinero no declarado del Grupo Económico del Presidente de la Nación.

En suma, hay mucho y de gran interés sobre lo que Garavano y Tawil deberán informar.