1. Repudiar el proyecto de resolución mediante el cual diputados del Bloque Cambiemos pretenden presionar a un juez federal de la Nación para que lleve adelante allanamientos en el domicilio y las oficinas de un miembro de esta Cámara de Diputados de la Nación.

Señor presidente:

El proyecto de resolución que auspiciamos tiene por finalidad que este Cuerpo repudie el intento del interbloque Cambiemos de determinar al titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 9, Dr. Luis Rodríguez, a disponer el allanamiento del domicilio particular y de las oficinas de un miembro de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Se busca “autorizar” un acto judicial sin que medie requerimiento alguno a esta Cámara por parte del Juzgado que supuestamente lleva adelante una investigación penal. La iniciativa va detrás de una falsa y maliciosa versión periodística que no han tenido ni siquiera el decoro de certificar en sede judicial. Una maniobra en el vacío, inconsistente y vergonzosa, que sólo se justifica por la necesidad de continuar alimentando la zaga de productos mediáticos con los que buscan ocultar, que la sociedad argentina asiste a un proceso de deterioro de su calidad de vida que por su profundidad y velocidad no tiene precedentes en la historia argentina.

La ausencia de toda información acerca de los alcances y resultados de la supuesta medida de prueba que habría dictado el Juez Rodríguez es deliberada. Una mínima indagación, requerida además por esenciales razones de prudencia y buen gusto, hubiera corroborado que el diputado nacional Julio De Vido no concretó gestión alguna ante el Juzgado para impedir la ejecución de la supuesta medida ni mucho menos se amparó en las prerrogativas que consagran sus fueros para evitarla en los términos del art. 1 de la ley 25.320.

Se pretende así una inédita intromisión de esta Cámara en un proceso penal, que no puede terminar de otra manera que no sea en un comportamiento ilegal. Que esta Cámara asuma funciones investigativas en el marco de un proceso penal es ilegal.

No sólo porque ello implica de manera evidente la vulneración de elementales principios constitucionales sobre las atribuciones de esta Cámara y del Poder Judicial, sino también porque se ejecuta el acto a través de mecanismos de presión sobre el referido magistrado de características coactivas.

El dispositivo tiene dos dimensiones.

Por una parte, el despliegue mediático, que comienza por recoger una infame operación de prensa para traerla a la Cámara y direccionarla en perjuicio de un integrante del cuerpo, y continúa con la correspondiente difusión interesada y apresurada del proyecto de resolución que repudiamos por todos los medios de comunicación dominantes.

Es decir, la instalación del tema en la opinión pública para que dirija su mirada inquisitiva y contaminada hacia la labor del Juez Rodríguez, de manera de condicionarlo en el ejercicio de su función, tal y como lo concretan cotidianamente sobre magistrados, dirigentes políticos, militantes sociales y ahora también sobre el Papa Francisco.

Por otra parte, el protagonismo en esta maniobra de un Consejero de la Magistratura de la Nación, el diputado Pablo Tonelli, impulsor de la iniciativa.

El Consejo de la Magistratura es un órgano permanente del Poder Judicial de la Nación, incorporado a la Carta Magna mediante la reforma constitucional realizada en el año 1994. Una de sus funciones es la de ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados, según lo determina la ley N° 24.937 en su art. 1.

Desde ese espacio institucional usurpado al bloque Frente para la Victoria / PJ, desde esa posición privilegiada que le permite decidir sobre sanciones económicas, suspensión y remoción de magistrados, desarrolla Tonelli su rol de promotor de allanamientos en la vivienda y oficinas de un diputado nacional.

Este mecanismo de doble dinámica culmina con la presentación ante esta Honorable Cámara de un proyecto de resolución que resulta inadmisible en función de lo expuesto, y cuya gravedad en términos institucionales merece ser puesta en debate y consecuentemente repudiada por los miembros del Cuerpo.

Emerge claramente así la idoneidad de la maniobra descripta para determinar al Juez Rodríguez a llevar adelante en una causa penal una de las medidas de prueba más gravosas, que ponen en tensión las garantías constitucionales por su carácter invasivo y su potencial capacidad de generar perjuicios personales y materiales. Todo ello en perjuicio de un miembro del Cuerpo y sin la verificación de los presupuestos que lo fundamentan.

Es por los fundamentos expuestos con anterioridad, que solicitamos la aprobación del presente proyecto.