Su acompañamiento y adhesión a las actividades que se realicen en conmemoración del Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional, establecido el 8 de mayo, según la Ley 26.811. Asimismo, solicita al Poder Ejecutivo un compromiso explícito a favor de una gestión democrática de la seguridad, respetando y ejerciendo las responsabilidades asumidas por el Estado nacional en materia de control y uso de la fuerza policial, separación entre asuntos de defensa y de seguridad, protección del derecho a la protesta y prohibición del uso de las agencias de inteligencia para el espionaje político.

Señor presidente:

La violencia Institucional ejercida por agentes estatales sobre distintos grupos vulnerables de nuestra ciudadanía es una de las grandes deudas que aún tiene la democracia de nuestro país. En este sentido, se entiende por violencia institucional todo acto, por acción u omisión, ejercido por funcionarios públicos que impliquen cualquier forma de afección física o psíquica que afecte derechos humanos fundamentales de tales personas. Es el propio Estado, quien ejerce la agresión.

Detrás de la construcción semántica del concepto de “violencia institucional”, se acumulan día tras día víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por el accionar violento de las fuerzas de seguridad, el servicio penitenciario y otros agentes estatales, abusos que van desde detenciones arbitrarias hasta su forma más extrema, las muertes conocidas como “gatillo fácil”.

En la tarde del 8 de mayo de 1987, apenas transcurrido un mes de los tristes episodios de Semana Santa, Oscar Aredes, Agustín Olivera, Roberto Argañaraz eran brutalmente asesinados a balazos por efectivos de la Policía bonaerense, en una ochava de la esquina de Guaminí y Figueredo, a tres cuadras de Camino Negro y otras tres del Riachuelo, en la periferia de Lomas de Zamora, al borde de la Capital. Fue uno de los primeros casos de gatillo fácil que generó movilización y organización barrial ante la impunidad policial y judicial.

Este episodio, así como el asesinato de Walter Bulacio, de Miguel Bru, Sebastián Bordón, Lautaro Bugato, Luciano Arruga, Lucas Rotella, la masacre de Floresta, entre otros, no son hechos aislados, como no lo es la violencia ejercida por las propias condiciones de detención que padecen personas privadas de su libertad en establecimientos carcelarios. Se tratan de prácticas violentas, sistemáticas e ilegales, herencia de tiempos más oscuros de nuestra historia.

En este contexto es que, en noviembre de 2012, se sanciona la Ley nacional 26.811, que instituye el 8 de mayo como “Día Nacional de Lucha contra la Violencia institucional”, en conmemoración del episodio conocido como “la matanza de Ingeniero Budge”. Dentro del marco de la sancionada ley, se instituye también una Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, que año a año promueve la realización de actividades para abordar temáticas como la no criminalización de la protesta social, el monitoreo del accionar de las fuerzas de seguridad en detenciones arbitrarias y otras formas de hostigamiento y la necesidad de impulsar el juicio a los culpables en causas por muertes por “gatillo fácil”.

Por estos motivos, y en particular por los graves hechos de violencia institucional que no sólo continúan existiendo, sino que ahora son defendidos y promovidos por el discurso y la práctica de la gestión de la seguridad del actual gobierno, consideramos necesario hoy, más que nunca, solicitar y exigir el compromiso explícito de los tres Poderes del Estado con una gestión democrática de la seguridad.

Se han desplegado el presente año distintos mensajes punitivos por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo y de parte del propio presidente de la Nación que ponen en duda y debilitan los acuerdos básicos que hacen posible la construcción de la vida democrática. Por eso solicitamos y exigimos al Poder Ejecutivo que asuma la responsabilidad del respeto irrestricto a los principios de control y racionalidad en el uso de la fuerza policial, de separación entre asuntos de defensa y de seguridad, de protección del derecho a la protesta y de prohibición del uso de las agencias de inteligencia para el espionaje político.

De nosotros/as diputados y diputadas, como miembros del Poder Legislativo de la Nación, depende, también, la construcción, protección y mantenimiento de un orden democrático en la gestión de las fuerzas de seguridad. Más allá de las pertenencias político partidarias, es nuestra responsabilidad defender y reafirmar nuestro más amplio compromiso por los principios mínimos que orientan una gestión democrática de la seguridad que establezca límites claros a la violencia institucional.

Por todos estos motivos, solicito a mis pares diputados y diputadas que acompañen el presente proyecto.