Citar al Procurador General de la Nación Interino, Eduardo Casal, a fin de que informe y dé cuenta de los procedimientos llevados a cabo en el marco de su actuación como máxima autoridad dentro del Ministerio Público Fiscal, respecto del Fiscal Federal Carlos Stornelli y su conducta en base a la causa FMP 88/2019, entre ellos la particular conformación del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación

Señor presidente:

El presente proyecto de resolución tiene como objeto citar al Procurador General Interino de la Nación, Eduardo Casal, a fin de que informe ante esta Honorable Cámara sobre los procedimientos llevados adelante como autoridad del Ministerio Público Fiscal, sobre la conducta sostenida por el Fiscal Federal Carlos Stornelli, sobre la causa FMP 88/2019.

Por un lado, solicitamos informe si inició actuaciones administrativas disciplinarias contra el mencionado Fiscal Federal, y por el otro, sobre el procedimiento de designación de cargos, titulares y suplentes, para cubrir vacantes en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación.

El artículo 77 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico Fiscal (27.148) establece la composición del Tribunal de Enjuiciamiento y determina que “dos (2) vocales deberán ser elegidos por sorteo entre los magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación, uno entre los fiscales generales y otro entre los fiscales”.

El pasado 25 de marzo, la Procuración General de la Nación emitió la Resolución N°18/19 mediante la cual se estableció la necesidad de realizar el sorteo para cubrir las vacantes del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, para el día siguiente 26 de marzo a las 11 horas. Dicha necesidad fue fundamentada en virtud de que los Fiscales que actualmente ocupan esos cargos tienen el mandato vencido desde hace alrededor de dos años.

Acorde a la Ley mencionada, los integrantes del Tribunal duran tres años en sus funciones, y una vez vencido ese periodo, se considera prorrogado de pleno derecho su ejercicio. Entonces el Tribunal de Enjuiciamiento funcionó durante casi dos años con los mandatos vencidos pero renovados automáticamente.

La propia reglamentación así lo permite, y esa renovación podría ser permanente, ya que queda a disposición y consideración del propio Procurador General de la Nación disponer el sorteo necesario para cubrir nuevas vacantes.

El 27 de ese mismo mes, se dió a conocer por la Resolución 20/19 el resultado del concurso llevado a cabo, el cual aparentemente habría arrojado como resultado la designación de: Juan Carlos Paulucci, Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, como vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento y la Fiscal de Mendoza, María Alejandra Obregón, como vocal ante el mismo órgano.

Para que este acto sea plausible de control, publicidad y transparencia es preciso no solo contemplar un plazo prudente de designación de audiencia para establecer el sorteo, sino que además que dicho acto sea publicado en debido tiempo para que tome estado público.

En el presente caso, ambas resoluciones nunca fueron notificadas por la vía que corresponde a todo el personal del Ministerio Público Fiscal, ello a los fines de que quien quisiera asistir a la realización del sorteo, en teoría público, tuviera efectivamente la posibilidad de hacerlo en el marco del propio conocimiento de su realización. Asimismo, ambas resoluciones fueron cargadas a la página web oficial del Ministerio Público Fiscal conjuntamente, esto quiere decir, una vez realizado el sorteo y designado a los integrantes del Tribunal.

La Res 18/19, firmada el día 25 de marzo del corriente por el Procurador General de la Nación Interino determinó tempestivamente que el día siguiente a las 11hs. se llevaría a cabo el sorteo de designación de los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento. Este plazo sumarísimo es el que contempla la oficina de Protocolización y Notificaciones de la Procuración para dar a conocer cualquier resolución. De esta manera, se puede afirmar que ni el personal del Ministerio Público Fiscal, ni la sociedad, tuvieron la posibilidad real de tomar conocimiento previo de la realización del sorteo.

Por estos días, se investigan las actuaciones de distintos fiscales dependientes de la Procuración General de la Nación que mantienen en vilo a la sociedad, horadando la credibilidad de las instituciones de la República, de la que el Ministerio Público, como órgano extrapoder, es parte integrante. Por ello no puede estar exento de los requisitos de legalidad, transparencia y publicidad de sus actos, toda vez que la propia Constitución Nacional, en su artículo 120 define que la función del Ministerio Público es “promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República”.

Por todo lo expuesto, con el objeto de aclarar las sospechas vertidas en torno a la falta de transparencia del sorteo de los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento del artículo 77 de la ley 27.148 y sus circunstancias (si es que efectivamente se realizó) solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

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