Diputados
Rodolfo Tailhade
Diputado de la Nación
UNIÓN POR LA PATRIA
Período: 10/12/2023 - 09/12/2027
PROYECTO DE RESOLUCION
Expediente: 1044-D-2017
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE EL PRESUPUESTO DEL "CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES" Y DEL CONSEJO NACIONAL DE MUJERES", Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
Fecha: 22/03/2017
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 15
Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y de los organismos correspondientes, informe:
1.- ¿Cuál es el Presupuesto actual con el que cuenta el Consejo Nacional de Mujeres para desarrollar las políticas públicas que invoca en su estructura organizativa?
2.- ¿Cuál es la distribución real que hacen de ese presupuesto en las diversas áreas que están dentro del Consejo nacional de Políticas Sociales?
3.- ¿Qué mecanismos se están implementando desde el Consejo para erradicar la violencia de género contra las mujeres?
4.- ¿Qué estadísticas de violencia de género se han recopilado entre el 2016 y lo que va del año 2017?
5.- ¿En qué estado de implementación está el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la violencia contra las mujeres? ¿Cuáles son los beneficios reales de dicho Plan y que perspectivas tiene el Consejo Nacional de Mujeres para cuando el mismo se finalice?. Teniendo en cuanta que es un “Plan de implementación 2017-2019”.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Nacional de la Mujer (CNM) ha tenido como objetivos prioritarios lograr la institucionalización de las políticas de género y la transversalidad de las mismas en las distintas áreas del Gobierno Nacional, de los gobiernos provinciales y locales y la instalación en la comunidad del conocimiento de los derechos de las mujeres y las políticas de equidad.
El CNM complementa como actividad destinada a la transversalidad de las políticas de género, la firma de convenios de cooperación con organismos gubernamentales y no gubernamentales, para la realización de actividades conjuntas destinadas al cumplimiento de las disposiciones de la Convención Sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer.
En el año 2009 fue sancionada la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, esta formidable herramienta legislativa producto de la lucha de un Movimiento de Mujeres que activó un largo reclamo para dotar a la ciudadanía de un instrumento adecuado a la gravísima problemática de violencia de género en nuestro país.
La Ley mencionada precedentemente, en su artículo 8° designa al Consejo Nacional de las Mujeres como Organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la misma y en el artículo 9° dentro de las facultades que le otorga enuncia que para garantizar el logro de los objetivos de la presente ley, deberá entre otras obligaciones “elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”.
El movimiento “NI UNA MENOS” surge a partir de la necesidad de dar mayor visibilidad a la problemática de la violencia contra las mujeres y es un grito que hoy se escucha en más de 30 países a lo largo del planeta.
En este sentido este Poder Legislativo otorgó al CNM una partida presupuestaria extra acorde al cumplimiento de dicho Plan Nacional como una respuesta también al reclamo que una vez más sentiremos en las calles el 8 de marzo del año 2017, “8M” de la mano del movimiento “NI UNA MENOS”. El Plan Nacional entonces contó con una partida presupuestaria adicional de 47 millones de pesos, que se le suman al presupuesto del CNM, que para el corriente año sería de 116,5 millones de pesos, según el artículo 16 de la Ley de Presupuesto.
Resulta lamentable que con el correr de los años los femicidios se han vuelto recurrentes, lo que motivó la presentación de numerosos proyectos que buscan abordar la violencia contra la mujer con
el objetivo de brindar las herramientas necesarias que generen una política integral y eficaz para abordar esta problemática.
Desde la promulgación de la mencionada ley en abril de 2009 a la fecha, la ola de violencia contra las mujeres en sus distintas formas ha ido en aumento, tanto en cuanto al número de mujeres asesinadas como a la gravedad y alevosía utilizadas por los agresores al momento de perpetrar el hecho. Ello impone que, con urgencia, se implementen todas las acciones establecidas en el plexo normativo y su decreto reglamentario a fin de hacer más operativa la misma.
Ante la falta de datos oficiales, debido al no funcionamiento del Observatorio creado por la dicha normativa, y teniendo en cuenta que los datos obtenidos provienen de organizaciones no gubernamentales, se torna imprescindible se arbitren los medios necesarios con el fin de implementar y articular las acciones ya establecidas en la ley.
En las cifras de los últimos 7 años, Argentina acumuló 1.808 casos de femicidio.
Actualmente, 5 mujeres son asesinadas por semana en nuestro país a causa de esta problemática. En 6 años, el presupuesto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres nunca llegó a representar un dígito del presupuesto total nacional.
La estadística es contundente: cada 32 horas 1 mujer muere como consecuencia de la violencia de género.
En la mayoría de los casos las parejas de las víctimas son quienes están detrás de los asesinatos. En 95 casos de los femicidios la responsabilidad recayó en el esposo, pareja o novio. En este apartado se destaca el siguiente dato: 4 mujeres murieron en manos de sus prostituyentes.
La mayoría de las 277 víctimas, que arrojó el año 2014 corresponde a la franja etaria de 31 a 50 años (92 casos). Aunque desde el Observatorio destacan el aumento del femicidio adolescente. Asimismo, 23 de las mujeres asesinadas, tenían entre 13 y 18 años.
Los casos de las mujeres baleadas encabezan la estadística (73); detrás de ella se encuentran las mujeres apuñaladas (68) y en tercer lugar aquellas que mueren golpeadas (54).
No debemos olvidar que el año pasado alrededor 330 niños y niñas quedaron sin madres.
En el año 2014, la Comisión sobre temáticas de género de la Defensoría del Pueblo, presentó un informe concluyendo que 9 de cada 10 mujeres de los casos atendidos son víctimas de violencia por parte de su pareja o de su ex pareja, a ello se suma que el 86% de los casos de la víctimas tienen hijos en común con el denunciado.
En lo que va del año 2017, la cifra de femicidios asciende a 57, lo que significa un aumento del promedio a un femicidio cada 18 horas.
Ante lo expuesto, queda más que claro que si no se habilitan las redes de protección, acompañamiento y contención a las mujeres que denuncian casos de violencia, si las mismas sienten el desamparo por parte de las instituciones competentes en la materia, ya sea por falta de recursos económicos o de un lugar donde vivir, por trámites burocráticos que retrasan el acceso y la respuesta de la justicia de manera rápida y eficaz, estaremos desalentando la denuncia y condenando a la mujer a seguir bajo el sometimiento de este flagelo que constituye una violación flagrante de los derechos humanos.
Es imprescindible conocer el estado actual de la implementación de la Ley en todo el país, las acciones cumplidas, datos estadísticos ciertos y la incorporación de los informes realizados por los organismos competentes. Asimismo, resulta urgente impulsar desde el Ejecutivo la adhesión en todo el territorio nacional a la Ley con el acompañamiento de todos los sectores para lograr dar cumplimiento efectivo al espíritu de la ley.
La violencia de género no distingue clases sociales ni edades, es una problemática que debemos erradicar entre todos y todas, poniendo a disposición de las víctimas las herramientas necesarias a fin de obtener una solución inmediata.
Hasta la fecha, prevalece un déficit en el abordaje integral a la problemática de la violencia de género por parte del CNM. El déficit se ve en parte en la falta de políticas de apoyo económico para las mujeres. El programa de transferencia de ingresos denominado “Ellas Hacen”, implementado por el Estado Nacional en el territorio de diversas provincias, no ha brindado información que pudiera dar cuenta de la llegada de ese recurso a las mujeres en situación de violencia.
La mayoría de los esfuerzos públicos se han concentrado largamente en la violencia doméstica, en particular, en la que se produce en el marco de las relaciones de pareja. El acoso sexual en el ámbito del empleo solo cuenta con una regulación parcial en el ámbito de la administración pública, y a pesar de ser un fenómeno extendido es ampliamente naturalizado y se conocen pocas denuncias. En un sentido similar, el acoso sexual en ámbitos educativos ha sido silenciado tradicionalmente por los ámbitos universitarios a pesar de que las mujeres constituyen más del 60 % de las egresadas de las universidades nacionales.
El Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) ha mostrado su preocupación en varias oportunidades al Estado argentino sobre la situación del CNM haciendo especial énfasis en que ese organismo sea dotado de un su adecuado financiamiento para que pueda cumplir con lo que la ley antes mencionada define como sus objetivos. En su visita, en noviembre del año 2016, la Relatora Especial de las Naciones Unidas instó al gobierno a “brindarle los recursos presupuestarios adecuados al CNM para una implementación efectiva del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra la Mujer”.
En las preocupaciones presentadas en el último informe del Comité de CEDAW para Argentina, durante el pasado noviembre, constaba la limitada partida presupuestaria asignada al CNM para promover estrategias para la equidad de género, como también para apoyar su rol en la coordinación para el Plan Nacional. También el Comité expresó su preocupación sobre la falta de una coordinación sistemática e institucionalizada entre los niveles federal y provincial, en particular entre el CNM y las áreas municipales de mujeres en el territorio.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con el siguiente pedido de informes.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| MENDOZA, MAYRA SOLEDAD | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| CARRIZO, NILDA MABEL | TUCUMAN | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| ESTEVEZ, GABRIELA BEATRIZ | CORDOBA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| RUIZ ARAGON, JOSE ARNALDO | CORRIENTES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| MENDOZA, SANDRA MARCELA | CHACO | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| CLERI, MARCOS | SANTA FE | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| RAVERTA, MARIA FERNANDA | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| VOLNOVICH, LUANA | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| MASIN, MARIA LUCILA | CHACO | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| BRITEZ, MARIA CRISTINA | MISIONES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| GOMEZ BULL, MAURICIO RICARDO | SANTA CRUZ | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| HUSS, JUAN MANUEL | ENTRE RIOS | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| PEREZ, MARTIN ALEJANDRO | TIERRA DEL FUEGO | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| TAILHADE, RODOLFO | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| IGON, SANTIAGO NICOLAS | CHUBUT | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| PRESUPUESTO Y HACIENDA (Primera Competencia) |
| FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |