Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que en los términos del art. 100 inciso 11 de la Constitución Nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara de Diputados acerca de determinadas cuestiones relacionadas con el dictado de la resolución 646/2015 de la Comisión Nacional de Valores y la filtración de información privilegiada que pudo haber dado lugar a una compra y venta masiva de cuotas y/o títulos de Fondos Comunes de Inversión, previo a la publicación de la resolución antes mencionada.

Se requiere concretamente lo siguiente:

1. Informe cuáles son los mecanismos de seguridad para el manejo de información privilegiada que utiliza el Ministerio de Economía y, en caso de no contar con un protocolo de acción para ello, informe la causa por la cual aún no se han implementado medidas suficientes para evitar posibles filtraciones de información.

2. Informe cuáles son los organismos y áreas gubernamentales, como así también los funcionarios que tienen oficialmente acceso a ese tipo de información privilegiada.

3. Informe si se han iniciado actuaciones administrativas para investigar a los bancos, entidades financieras, empresas y demás personas que, pudiendo haber tenido acceso a información privilegiada, realizaron movimientos bursátiles en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires relativos a la compra y venta de los activos que componen los Fondos Comunes de Inversión, entre el 14 y el 25 de septiembre de 2015.

4. Informe el motivo por el cual el contenido de la resolución 645/15 fue informado al público el lunes 21/09, y recién se la publicó en el Boletín Oficial el viernes 25/09.

5. Informe cómo ha repercutido la resolución 646/15 sobre el Fondo de Garantía de la ANSES en cuanto a la valuación de sus activos.

Señor presidente:

El 25 de septiembre del corriente año, el Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial la resolución 646/15 emitida por la Comisión Nacional de Valores, mediante la cual los títulos nominados y pagaderos en moneda extranjera que integran a los fondos comunes de inversión deberán ser valuados tomando su cotización en dólares, convertida a pesos argentinos según el tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina para transferencias financieras.

Según el Poder Ejecutivo Nacional, conforme con la explicación (1) que brindó el Sr. Ministro de Economía Axel Kicillof, el dictado de la mentada resolución "es una medida contable que no afecta a los ahorristas porque los bonos siguen valiendo lo mismo. Simplemente lo que se busca es que las fluctuaciones, los movimientos que tiene el mercado, no estén afectando todo el tiempo el valor de los activos y las inversiones de quienes ponen sus recursos en un Fondo Común de Inversión". Además, sostuvo que "la resolución general de CNV defiende a los pequeños ahorristas para evitar volatilidad, incertidumbre y posibles abusos del sector financiero".

No obstante lo dicho por el Sr. Ministro, esta medida provocó una serie de efectos económicos que no serían tan positivos como los vaticinados.

Según informa el diario La Nación, en su nota titulada "Fuertes subas y bajas por las normas de la Comisión de Valores" (2) , del 25/09/15, los efectos de la resolución 646/15 fueron variados. En primer lugar, impacto directamente en la valuación de cientos de fondos comunes de inversión (FCI), que llegaron a tener pérdidas nominales de hasta un 48% en sus carteras. Asimismo, se registró un descenso en el índice de precios de la Bolsa (Merval) que tuvo un pico de 9.5%, estabilizándose en una baja del 2.4%. Todo esto habría generado una pérdida para el sistema de 7.730 millones.

El cambio de cotización del dólar implicó una disminución del 30% de su valor. Los principales damnificados de esto resultaron ser los cuotapartistas de los FCI.

Esta decisión, como se puede inferir, no solo creó una situación de desconfianza para los nuevos inversores bursátiles, sino que también para los propios tenedores de bonos.

Más allá de las razones detrás del dictado de esta norma y sus efectos, lo que llama la atención es el sospechoso proceso que tuvo el dictado de la 646/15. En efecto, la resolución fue publicada (3) en el sitio web de la CNV el lunes 21 de septiembre de 2015, explicada el miércoles 23 de septiembre ante los medios por el Ministro de Economía Axel Kicillof, y finalmente publicada en el Boletín Oficial el viernes 25 de septiembre de 2015, día en que entró en vigencia.

Esta extraña dilación dio pie a que determinados especuladores aprovecharan a vender los activos mientras todavía cotizaban al valor de dólar libre, generando una avalancha de rescates por parte de los inversores de los FCI y ventas a precio de remate. De acuerdo con fuentes periodísticas (4) , algunos títulos llegaron a caer hasta 14%.

Asimismo, según informó el diario Clarín (5) , una conocida casa de cambio y dos bancos de inversión recibieron la noticia antes de que se hiciera público el anuncio y pudieron deshacerse de aquellos activos nominados en la divisa norteamericana antes de que cayeran sus precios.

A estas sospechas se agregan las declaraciones del ex presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, quien expresó que "hubo al menos dos bancos que fueron demasiado rápidos o tenían información previa". Al respecto también es sospechoso el inusual volumen de operaciones de los Bonar 18 realizadas un día antes del anuncio; en valores que hasta hoy el mercado no ha vuelto a convalidar.

Respecto del fondo de garantía de sustentabilidad (FGS), se estima que la pérdida de su valor contable fue de $9.000 millones, siendo los jubilados los mayores afectados por esta norma de la CNV. Por dicho motivo, resulta llamativo que la ANSES no se hubiera manifestado al respecto.

En conclusión, la resolución CNV 646/15 tuvo varios impactos negativos, algunos de los cuales dan lugar a sospechas de tráfico de influencias. Dicha situación es de una gravedad institucional tal que consideramos imprescindible que el Poder Ejecutivo Nacional se expida al respecto.

Por todo lo expuesto, solicito se de curso al presente pedido de informes.