Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo que corresponda, informe sobre el Programa Federal “Incluir Salud” de acuerdo a las siguientes cuestiones:

-Cuál es el presupuesto asignado a cada Provincia.

-Si existe un monitoreo de los reclamos de los beneficiarios a fin de poder controlar el grado de cumplimiento de las autoridades provinciales que reciben los fondos. De existir éste monitoreo, qué autoridad está a cargo del monitoreo a fin de poder recabar información.

-Cuál es el atraso promedio en la provisión de los fondos a las Provincias para cubrir medicamentos, insumos y prestaciones incluidas en el Programa.

-Atento al aumento de los reclamos de los beneficiarios del Programa, qué mecanismos para atenderlos, sin perjuicio de las autoridades provinciales correspondientes, se han previsto para que llegue la cobertura a quienes tiene que llegar.

-Qué cobertura de salud se ha previsto para aquellas personas con discapacidad a quienes se les ha dado de baja la pensión no contributiva por discapacidad hasta que se les regularice su situación atento que pierden el acceso al Programa “Incluir Salud”

Señor presidente:

Conforme el Decreto N° 1862/2011 el Programa “Incluir Salud” es un sistema de aseguramiento público del acceso de los servicios de salud de los beneficiarios de las pensiones no contributivas, a través de los Gobiernos de las respectivas jurisdicciones donde éstos residen.

El Decreto establece que deben cubrirse las prestaciones incluidas en el PMO, una Carta de Derechos para los Beneficiarios y un Convenio que el Ministerio de Salud de la Nación firma con cada Provincia, comprometiéndose a reembolsar los gastos que acarree el sostenimiento de la cobertura.

Los reclamos en materia de salud en la República Argentina figuran entre los más importantes alcanzando al 53% de la totalidad de reclamos contra el Estado. Con respecto a los reclamos del Programa “Incluir Salud” éstos han incrementado especialmente en la falta de suministros, drogas oncológicas, prótesis, entre otras cosas.

La situación es de extrema gravedad especialmente con los últimos ajustes. El Estado Nacional no puede girar los fondos sin establecer un sistema de recepción y monitoreo de reclamos de los beneficiarios para garantizarles el derecho a la salud. No se puede desentender con la entrega de los fondos a las Provincias, especialmente cuando los fondos se demoran meses en llegar y eso repercute en la calidad de vida de las personas que no tienen cobertura social y dependen únicamente del Programa Incluir Salud.

Conforme se han informado los Juzgados Federales el 73% de todos los amparos judiciales del año 2016 fueron dirigidos contra el Ministerio de Salud de la Nación por problemas para acceder a determinadas prestaciones, como medicamentos, prótesis, y tratamientos en general. Según informa la justicia federal hubo un aumento de los reclamos de los beneficiarios de Incluir Salud.

A marzo del 2017 la deuda con los prestadores ascendía a unos 350 millones de pesos, de acuerdo con los registros del proceso de

regularización de los pagos a los proveedores desde diciembre pasado que se realiza a través de las provincias.

Enfermedades que empobrecen a las familias: “Además de los tratamientos, las intervenciones y los servicios de rehabilitación que necesitan las personas con alguna discapacidad, hay enfermedades consideradas de muy alto costo que destruyen cualquier economía hogareña, más allá del nivel de cobertura que se tenga. Son más de un centenar los trastornos oncológicos, inmunológicos y hereditarios que pueden empobrecer a una familia cuando los tratamientos necesarios superan el 34% de los ingresos e incluyen medicamentos con precios en dólares”.

Los problemas también alcanzan a prestadores como los Centros de Día, entre otros, que sufren demoras en los pagos de alrededor de seis meses, además de las trabas burocráticas relativas a la facturación que sólo pueden resolverse después de una interminable presentación de notas. Para la autorización del ingreso de una persona con discapacidad puede llevarse hasta seis meses por problemas en la capacitación del personal médico que evalúa la solicitud. O porque son de una especialidad distinta de la requerida y, en muchos casos, se pretende hacer atravesar a la personas por las escuelas de modalidad especial, siendo que por su discapacidad no pueden hacerlo.

Si bien es cierto que el sistema de salud debe reconsiderarse en su totalidad, no es la forma interrumpir, demorar u obstaculizar el acceso a las personas con discapacidad.

Por lo expuesto solicito a mis pares acompañen con su firma el presente proyecto.