Su más enérgico repudio a las amenazas, agresiones, hostigamiento y censura contra periodistas y medios de comunicación internacionales y locales en Bolivia en el marco de la crisis política en la que está inmersa el país, iniciada con una ola de protestas luego de las irregularidades que tuvieron lugar en elecciones presidenciales del 20 de octubre del corriente. Estos hechos de violencia constituyen un grave atropello al ejercicio periodístico y a la libertad de prensa.

Señor presidente:

El 29 de octubre, en el marco de las protestas motivadas por las irregularidades en el escrutinio de las elecciones presidenciales del 20 de octubre del corriente en Bolivia, periodistas y manifestantes fueron afectados por el uso de agentes químicos utilizados por la policía en La Paz. El camarógrafo de la red privada de televisión Gigavisión, Daynor Flores Quispe, fue víctima de la explosión de dinamita el jueves 31 de octubre y el 7 de noviembre, 13 periodistas fueron atacados en jornadas de protestas. La vivienda de la periodista Casimira Lema, del canal Televisión Universitaria, fue incendiada en la noche del 10 de noviembre, por manifestantes.

Hasta la fecha, la Asociación Nacional de Prensa de Bolivia (ANP) ha documentado un total de 64 periodistas agredidos, en el marco de las manifestaciones. Varios periodistas que cubrían las protestas fueron víctimas de diferentes tipos de agresiones tanto por agentes estatales como por particulares.

Se han documentado ataques de diversa magnitud contra quince medios de comunicación. El 9 de noviembre en El Alto, la señal del canal de televisión Unitel fue interrumpida tras el ataque a las instalaciones del canal por un grupo de manifestantes. Los estudios de radio y televisión Mega en Oruro, fueron saqueados e incendiados. El 10 de noviembre en Santa Cruz, Radio Ichilo también fue incendiada. Por su parte, la Agencia de Noticias Fides, denunció bloqueos en su cuenta de Facebook y Twitter.

Asimismo, los noticieros de los canales de televisión Bolivia Tv y Radio Patria Nueva suspendieron sus emisiones en la tarde del sábado 9 de noviembre debido a las agresiones y amenazas de las que fueron víctimas varios de sus periodistas por parte de manifestantes. A su vez, el diario Página 7 no circuló el 11 de noviembre por temor a las agresiones de las que podían ser víctimas sus periodistas.

Los periódicos El Diario, El Alteño, Los Tiempos, Opinión y Gente también suspendieron su circulación. El director de radio Comunidad, de la Confederación Sindical de Campesinos de Bolivia, y del semanario Prensa Rural, José Aramayo, fueron amenazados en la zona de La Paz.

En este sentido, también corresponsales de nuestro país, así como de otros países de la región, fueron agredidos por particulares y fuerzas de seguridad en el ejercicio de su labor periodística.

Las amenazas y los ataques a periodistas extranjeros se registraron luego de que la ministra de Comunicación de Bolivia, Roxana Lizárraga, asegurara que “la prensa tiene todas las garantías para trabajar y aquellos periodistas o pseudoperiodistas que estén haciendo sedición se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas, bolivianos o extranjeros, es causar sedición en nuestro país y por eso responderemos con la ley boliviana”.

El último caso que tomó estado público, fue la agresión a Teresa Bo, periodista argentina que se desempeña como corresponsal de la cadena Al Jazeera: en medio de una cobertura, un agente de policía le tiró gas lacrimógeno en los ojos. La periodista publicó el momento en sus redes sociales: "solo estábamos en la calle reportando lo que pasaba y la policía boliviana responde así”.

Entre los periodistas argentinos que sufrieron agresiones en Bolivia estuvieron el equipo de trabajo que lidera Rolando Graña y cronistas de los canales TN, Telefé y Crónica. Varios de ellos fueron evacuados por oficiales de gendarmería a la embajada argentina en La Paz.

Las agresiones y las amenazas a periodistas argentinos en Bolivia, fueron repudiadas por la Cancillería argentina, y por el presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) Daniel Dessein. En este sentido, el canciller Jorge Faurie aseguró que los dichos de Lizárraga fueron “atentatorios contra el ejercicio de la tarea periodística, contraria obviamente con el criterio de libertad de prensa que defendemos a ultranza”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también expresó su “preocupación por el clima de hostilidad contra corresponsales extranjeros en Bolivia y las declaraciones de la ministra de Comunicaciones que amenazó con expulsar y procesar a periodistas.”

Tanto el presidente de la SIP, Christopher Barnes, como el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, “deploraron el clima general de hostilidad contra la prensa local y extranjera que intentan mantener informada a la población y a la comunidad internacional sobre un asunto de alto interés público”. En ese sentido, Barnes señaló que las declaraciones de Lizárraga son “peligrosas al validar y probablemente incitar a que sectores violentos actúen contra los periodistas”. Los directivos de la SIP consideraron en que amenazar a la prensa representa un grave atentado a la libertad de prensa.

En virtud de las múltiples agresiones y amenazas a periodistas, La CIDH emitió un comunicado llamando "a todos los actores políticos y sociales de Bolivia a abstenerse de utilizar la violencia como medio de coerción política y subraya que los discursos que incitan a la violencia son contrarios a los derechos humanos”.

Estos hechos de violencia constituyen un grave atropello al ejercicio periodístico y a la libertad de prensa. En esta línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el principio 9 de su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, sostiene que la agresión contra periodistas “viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.

Asimismo, la violencia dirigida a los trabajadores de los medios de comunicación por su profesión como tal, atenta contra la pluralidad de voces, el acceso a la información y el limpio proceso de investigación. Por sobretodo, vulnera el derecho de la sociedad a obtener y recibir información e ideas de manera libre y pacífica.

Tanto la Comisión como la Corte IDH se han referido en varias oportunidades al efecto amedrentador que tienen los crímenes contra periodistas y otros profesionales de medios de comunicación, así como para los ciudadanos que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza.

En el año 2006, los relatores para la libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Organización de los Estados Americanos, a través de una declaración conjunta destacaron las consecuencias producidas por los ataques contra comunicadores sociales, entendiendo que estos “limitan la libertad de expresión no sólo de los periodistas sino de todos los ciudadanos, porque producen un efecto amedrentador sobre el libre flujo de información.”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresaron en sendos comunicados, su grave preocupación por las amenazas de expulsión de autoridades, agresiones y uso de gas por parte de la policía contra periodistas que cubren protestas.

En este mismo tenor, las organizaciones internacionales en favor de la libertad de prensa (IFEX-ALC) solicitan a las autoridades de Bolivia que cumplan con su obligación de: "garantizar la seguridad y protección de los periodistas que realizan su trabajo durante las protestas; abstenerse de utilizar el aparato estatal y las fuerzas armadas para atacar y censurar las voces críticas e investigar y sancionar de manera pronta y exhaustiva a los responsables de las agresiones cometidas contra periodistas tanto por agentes del Estado como por particulares".

Existe una obligación por parte del Estado de garantizar las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión, esto implica que tanto los particulares, como las fuerzas de seguridad no limiten ilegítimamente la libertad de expresión de otras personas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que una de las actitudes apropiadas por parte de las autoridades públicas frente a los actos de agresión contra periodistas es la manifestación pública de reprobación de tales hechos.

Por todo lo antes mencionado, y para que los periodistas puedan ejercer su oficio sin condicionamientos y en total plenitud, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.