Su más profunda preocupación y repudio por la destitución de 28 parlamentarios opositores del parlamento de Nicaragua situación que dejó en manos de un partido único el control total del parlamento lo que atenta contra la democracia y el pluralismo político de la República de Nicaragua, afectando también el espíritu democrático de la región.

Señor presidente:

El pasado viernes 29 de julio, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua acordó destituir a 28 diputados opositores, 16 propietarios y 12 suplentes, por una resolución del Consejo Supremo Electoral (CSE).

El fallo del tribunal electoral ordenó a la directiva de la Asamblea Nacional el despojo de los escaños a los diputados que fueron electos en 2011 por el Partido Liberal Independiente (PLI). Este incluye al líder opositor Eduardo Montealegre quien había sido despojado de la representación legal del partido el pasado 8 de junio por la Corte Suprema. Luego de este hecho, la Corte entregó la representación del PLI a Pedro Reyes, quien exigió obediencia a los 20 diputados elegidos en 2011 por su partido y su aliado, el Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Como estos representantes opositores se negaron a obedecerlo, Reyes pidió al Tribunal Electoral que los despojase de sus escaños y esta fue la decisión que confirmó el tribunal, el pasado viernes 29.

Como se explica en el diario estadounidense, The New York Times, el argumento oficial es que los diputados que fueron denunciados por Reyes “perdieron su condición de legisladores porque desatendieron los llamados de la nueva representación legal del partido por el cual fueron electos en el 2011” por lo tanto, el Poder Electoral como los legisladores sandinistas en la Junta Directiva alegaron que el artículo 131 de la Constitución Política establece que los escaños le pertenecen al partido en el que fueron electos los diputados.

El hecho acontecido en la República de Nicaragua atenta contra de los avances democráticos del país, desplazando del poder a la oposición, quedando el control en manos de un partido único, dejando a la oposición sin presencia en el Poder Legislativo y en carencia de una representación legal que le permita participar en las elecciones presidenciales que se celebran en el próximo mes de Noviembre en Nicaragua. Ante este escenario, la candidatura del actual presidente Ortega del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), será la única en la carrera electoral consolidando mayor poder.

La situación de la República de Nicaragua es de profunda preocupación ya que las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional atentan contra la estabilidad institucional y el futuro democrático del país centroamericano. En este sentido, juristas constitucionalistas y expertos en derecho político consideran que este tipo de acciones atentan contra toda soberanía popular, que está en la base de la Constitución de Nicaragua como también al derecho internacional y los fundamentos establecidos en las cartas constitutivas de las Naciones Unidas y la OEA, y en la Carta Democrática Interamericana que el Estado de Nicaragua tiene la obligación de acatar.

Expresamos nuestra más profunda solidaridad con los diputados despojados de sus cargos quienes expresaron que esto “constituye la demolición del último bastión de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, porque violenta todos los procedimientos legales y destruye las bases del sistema constitucional nicaragüense”.

Las reacciones tanto de nicaragüenses como de extranjeros, prueban el interés a nivel nacional e internacional que tuvo la destitución de los legisladores opositores. Es por esto que valoramos la defensa de los ciudadanos nicaragüenses de sus derechos civiles y la democracia de su país, y la reacción de la comunidad internacional en denunciar los excesos de poder y comprometerse con el sostenimiento de la democracia.

Por los motivos anteriores, solicitamos a nuestros pares que se apruebe el presente proyecto de declaración.