Su enérgico repudio a las medidas por perseguir mediante procedimientos y acciones que impiden el normal funcionamiento de la prensa libre en Nicaragua, llevados por el Gobierno de Daniel Ortega con el deleznable propósito de intimidar y coaccionar a quienes objetan la política oficial.

Señor presidente:

El periódico El Nuevo Diario, el segundo más antiguo de Nicaragua, así como el rotativo Metro y el medio digital Maje, todos propiedad de la empresa ND Medios, dejaron de circular este viernes 27 de septiembre a causa de las presiones económicas del Gobierno de Daniel Ortega, frente a quien han mantenido posiciones críticas.

El Nuevo Diario anunció el cese de sus operaciones en un momento de asfixia y persecución para el periodismo en ese país. Enfrentaron un bloqueo aduanero de sus insumos por más de un año como parte de la política sandinista represiva contra los medios de comunicación. Con el cierre de este periódico, Nicaragua se queda con un solo diario independiente de tirada nacional.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU mencionó las constantes "campañas de intimidación y deslegitimación" en contra de la prensa, con acusaciones de traición a su país de por medio.

Denunció el caso más reciente del propietario de Radio Darío que, recientemente, retornó a Nicaragua desde el exilio y que encontró las paredes de su casa y de la radio pintadas con mensajes amenazadores, y que hace tan solo dos días sufrió una redada por parte de la policía -que aparentemente carecían de orden judicial- en su radio.

El día anterior, Radio Corporación, otro medio crítico del gobierno, reportó el robo de partes de su antena principal.

Según la oficina de Derechos Humanos de la ONU, la confiscación por parte de las autoridades de Nicaragua de suministros indispensables para el funcionamiento de los medios de prensa, algunos de los cuales acaban de anunciar su cierre por este motivo, es una “violación de la libertad de expresión y de prensa”.

La alta comisionada Michelle Bachelet, quien dirige la oficina de Derechos Humanos, sostuvo estar muy preocupada por la alarmante situación en Nicaragua al exponer ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra un informe en el que se hace mención a "la fuerte reducción del espacio de la sociedad civil, en particular de periodistas y trabajadores de medios de comunicación críticos con el gobierno, así como de los medios para los que trabajan".

Nicaragua padece una crisis política, social y económica que se inició en abril de 2018 con una ola de protestas ciudadanas que cuestionaban las políticas públicas del Gobierno de Ortega, al tiempo que pedían más espacios democráticos y en algunos casos reclamaban la salida del presidente.

Acciones de este tipo que coartan la libertad de expresión y no permiten el disenso son inadmisibles dentro de regímenes democráticos, por lo cual las repudiamos de forma categórica en salvaguarda de las libertades individuales y derecho a la libre expresión.

El pueblo de Nicaragua ha sufrido ya bastante la opresión de sus dirigentes, desde Anastasio “Tacho” Somoza a la Revolución Sandinista. Es hora de que la paz, la libertad y la democracia plena lleguen a la tierra del gran Rubén Darío.

Por lo expuesto, señor Presidente, solicito la aprobación de la presente declaración.