Expresar su más profunda preocupación y repudio por el grave atentado a libertad que implica la reciente resolución del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela, que limita la salida del país a los ciudadanos venezolanos.

Señor presidente:

El pasado 27 de julio, El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano declaró sin efecto la decisión de la Asamblea Nacional venezolana de reincorporar al país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que suscribe el compromiso de defensa mutua entre naciones ante ataques armados. La Corte declaró la nulidad absoluta y carencia de efecto jurídico del acuerdo legislativo para el retorno del país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), del que se retiró en 2013.

A partir de esta sentencia, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela emitió una resolución, que ordena poner en práctica un protocolo previendo reforzar el control migratorio en todos los pasos fronterizos y aeropuertos nacionales y privados, y la retención de pasaporte a los ciudadanos que intenten incumplir la disposición mencionada.

Esto constituye una clara violación a la libertad ambulatoria y al derecho de libre circulación, consagrados en el artículo 22 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 y el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Al respecto los artículos mencionados son muy claros al establecer que “Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio” y que el ejercicio de este derecho no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.

Resulta manifiesto que la disposición del Ministerio constituye una grave violación a las libertades fundamentales, las cuales se ven vulneradas en el país venezolano desde hace tiempo. Además, resume el accionar y la intención del régimen de Maduro de disciplinar a los que opinan distinto a su gobierno consolidado como una dictadura, impidiendoles la libre circulación y la libertad de salir del país si así lo eligiesen.

Las últimas cifras de violencia y crímenes sitúan a Venezuela como el país más inseguro y peligroso de América Latina y del mundo. Entre 1999, año en el que llegó Hugo Chávez al poder, hasta 2018, se han registrado 333.029 muertos por violencia. Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, en 2018 fueron asesinados 7.523 venezolanos por resistirse a la autoridades de seguridad del Estado en el país gobernado por Nicolás Maduro (40 personas por día).

En suma, el Congreso Argentino no puede menos reiterar su solidaridad con el pueblo venezolano que atraviesa una intensa tensión política en medio de una grave crisis humanitaria: una severa escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos. Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de repudio de la resolución mencionada con el objetivo de denunciar y continuar proporcionando visibilidad internacional a la grave crisis institucional por la que está atravesando Venezuela.