Expresar su apoyo y conformidad con la “Declaración de Presidentes de Parlamentos en Lima, Perú” del 18 de agosto de 2017, que condena la ruptura del orden democrático y la usurpación de las funciones de la Asamblea Nacional por la Asamblea Nacional Constituyente en la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, repudia la sistemática violación de derechos humanos y solicita la celebración de elecciones libres y secretas con observación internacional.

Señor presidente:

El pasado viernes 18 de agosto tuvo lugar el "Encuentro de Presidentes de Parlamentos de países de América" que se llevó a cabo en la Ciudad de Lima, Perú con el fin de evaluar la grave situación que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela.

El anfitrión fue el presidente del Congreso de la República del Perú, Luis Galarreta Velarde. Y participaron Rodrigo Maia, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la República Federativa de Brasil; Gonzalo Ramírez Zamora, presidente de la Honorable Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica; Pedro María Sanz Alonso, vicepresidente del Honorable Senado del Reino de España; Gabriel Soto Martínez, segundo vicepresidente de la Honorable Asamblea Nacional de la República de Panamá; Jorge Sabag Villalobos, segundo vicepresidente de la Honorable Cámara de Diputados de la República de Chile; Hernán Larraín Fernández, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Honorable Senado de la República de Chile; Mariana Gómez del Campo Gurza, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe del Honorable Senado de los Estados Unidos Mexicanos; y Rosa Gálvez, senadora del Honorable Senado de Canadá, en representación del presidente del Senado de ese país, George J. Furey.

Por la Cámara de Diputados de la República Argentina, participaron la Vicepresidenta Segunda de la Cámara, diputada Patricia Giménez, acompañada por los diputados nacionales Cornelia Schmidt Liermann, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto; Mario Negri, Presidente del Interbloque Cambiemos y Daniel Lipovetzsky, Presidente de la Comisión de Legislación General.

En este contexto, los presidentes de los parlamentos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, España, México, Panamá y Perú alcanzaron una declaración que abarca una serie de puntos dando lugar a una posición conjunta sobre la situación en Venezuela.

En primer lugar, la declaración condena la ruptura de la democracia y del orden constitucional en Venezuela haciendo especial hincapié en la usurpación de las funciones de la Asamblea Nacional de Venezuela por la Asamblea Nacional Constituyente, ocurrida el mismo día que se elaboró dicha declaración.

En segundo lugar, desconoce a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela “por quebrantar la constitución de Venezuela y carecer de legalidad y de legitimidad”.

En tercer lugar, se demanda “la restitución del Estado de Derecho, el efectivo cumplimiento de los principios republicanos de gobierno, y el inmediato restablecimiento de las competencias de la Asamblea Nacional de Venezuela”.

En cuarto lugar, la declaración repudia la violación sistemática de los derechos humanos y la persecución de los miembros de la Asamblea Nacional democráticamente electos.

En quinto lugar, requiere el inmediato cese de la violencia y el ejercicio de las libertades públicas exigiendo la liberación de los presos políticos, el fin de la represión a los opositores, así como el fin de la persecución a funcionarios de los otros poderes del Estado.

En sexto lugar, “respalda la Cláusula Democrática establecida en diversos organismos internacionales de la región” y exige que sean aplicadas de manera inmediata a Venezuela.

En séptimo lugar, rechaza el golpe o la intervención militar extranjera como salida a esta situación y ratifica que la vía electoral democrática es la única salida a la situación que atraviesa Venezuela.

En octavo lugar, insta a “la urgente adopción de medidas que permitan mitigar la profunda crisis humanitaria por la que está atravesando el pueblo de Venezuela”.

En noveno y último lugar, propone a los Parlamentos nacionales para efectuar el seguimiento del trabajo e impulsen los mecanismos tendientes a proteger los derechos humanos y el sistema democrático. Asimismo, instituye de manera permanente un “Foro de Presidentes y Vicepresidentes de Parlamentos de las Américas y España con la finalidad de liderar el proceso de fortalecimiento de la Democracia, defensa de los derechos humanos y consolidación de las instituciones públicas de nuestros países”.

Resulta de gran importancia tanto el trabajo que llevaron adelante los Parlamentarios como la declaración que lograron alcanzar. Por lo tanto, es necesario el apoyo por parte de la Cámara de Diputados ya que dicha declaración contribuye a las numerosas acciones que se han emprendido desde nuestro país a favor del pueblo y la Asamblea Nacional venezolanos y la recuperación del orden democrático en Venezuela.

Asimismo, resulta preponderante destacar que la declaración se elaboró el mismo día en que la Asamblea Nacional Constituyente, surgida de elecciones convocadas en forma ilegítima por Nicolás Maduro y no reconocidas por la oposición, asumió por decreto las competencias de la Asamblea Nacional, democráticamente electa y con mayoría opositora al régimen de Maduro.

Efectivamente, dicha Asamblea Nacional Constituyente emitió el decreto luego de que la Asamblea Nacional se negara a comparecer ante el nuevo cuerpo al que considera "fraudulento" y, en este sentido, el decreto autoriza a la Asamblea Nacional Constituyente a dictar actos parlamentarios en forma de ley pero no impide a los congresistas continuar sesionando.

La Asamblea Nacional Constituyente, integrada por 545 miembros oficialistas, se instaló el 4 de agosto tras unas elecciones en las que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) participaron ocho millones de electores. Sin embargo, los comicios fueron cuestionados por opositores y la empresa de tecnología informática Smartmatic, que provee servicios al CNE, denunció la supuesta manipulación de los resultados.

El nuevo órgano que rige con poderes absolutos en la República Bolivariana de Venezuela ha sido declarado ilegal por el MERCOSUR, fue rechazado por países como Brasil, Canadá, Guatemala y Honduras y desconocido por México, Estados Unidos, Costa Rica, Argentina, Panamá, Colombia, Perú, Chile, España y Paraguay.

A su vez, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, definió la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente como "la disolución fraudulenta" del Parlamento y afirmó que es la "profundización del golpe de Estado en Venezuela".

En suma, la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de usurpar las competencias legislativas ratifica la ruptura del orden democrático y constitucional en Venezuela. Y, con esta medida, el cuerpo asume la totalidad del poder legislativo y deja sin efecto cualquier presunción de poder que pudiera ostentar la oposición en el Parlamento.

En definitiva, es necesario apoyar la “Declaración de Presidentes de Parlamentos en Lima, Perú” para proporcionar visibilidad internacional de la grave crisis institucional por la que está atravesando Venezuela como condenar la violación de los derechos humanos en violación al Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos firmado en 2005 en Asunción por los países miembros de MERCOSUR.

Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.